El Congreso tiene nuevo enemigo: el insulto. La diputada que quiere vaciarle el bolsillo a los agresores
Una diputada mendocina se cansó de los insultos en el Congreso y presentó un proyecto que les toca el bolsillo a los legisladores agresores. La sanción no es simbólica: alcanza a la dieta. ¿Qué pasará con los reincidentes?
La diputada nacional Mercedes Llano, de La Libertad Avanza, presentó un proyecto de resolución para modificar el reglamento de la Cámara de Diputados y castigar con la suspensión de la dieta a los legisladores que insulten durante el debate parlamentario. La medida llega después de los cruces que se registraron en la plenaria de las comisiones de Defensa Nacional, Relaciones Exteriores y Legislación Penal.
La iniciativa busca que el agravio personal deje de tener lugar en el recinto. "La crítica política es parte esencial del debate democrático, pero lo que no puede ser parte de la tarea parlamentaria es el agravio personal", fundamentó la legisladora mendocina.
Dietas bajo la lupa
El proyecto establece que la sanción económica se aplicará sobre la dieta que perciben los diputados, que actualmente asciende a $6.339.027,87. La propuesta no se limita a los insultos: también contempla penas más severas para casos de reincidencia, amenazas, intimidación o agresión física, donde la suspensión se extendería por dos meses.
Llano fue clara al diferenciar lo que se persigue. "Las opiniones, críticas y juicios de valor quedan protegidos por la libertad de expresión parlamentaria. No se sanciona la crítica: se sanciona el insulto y el agravio personal", advirtió.
El descrédito y la ejemplaridad
La diputada libertaria enmarcó su propuesta en un contexto de desgaste de la imagen del Poder Legislativo. "La sociedad está cansada de ver a dirigentes que convierten el Congreso en un escenario de agresiones y descalificaciones", sostuvo, y agregó: "No hay posibilidad de revertir el descrédito en los poderes legislativos sin ejemplaridad, respeto y tolerancia".
Con este proyecto, Llano busca que el reglamento interno de la Cámara baja incorpore un mecanismo concreto de sanción económica para quienes incurran en agravios, una discusión que promete dar que hablar en los próximos meses.