El Congreso en la mira tabacalera: denuncian que cuatro cigarreras evaden impuestos y piden controles urgentes

La industria tabacalera del NOA puso en alerta al Senado. Productores de Salta y Jujuy denunciaron que cuatro empresas del rubro subfacturan sus ventas para pagar menos impuestos, lo que vacía las arcas del Estado y perjudica directamente a los trabajadores y jubilados.

El reclamo llegó el martes pasado a las comisiones de Economías Regionales y de Industria y Comercio de la Cámara alta. Allí, los referentes del sector expusieron una situación que, según aseguran, se arrastra hace años y que ahora se volvió insostenible.

¿Quiénes estuvieron en la reunión?

Por Salta, participaron el senador provincial Enrique Cornejo, también referente tabacalero, y el secretario de la Cámara del Tabaco de Salta, Lucio Paz Posse. Por Jujuy, dijo presente el titular de la Cámara del Tabaco de esa provincia, Pedro Pascutini.

Los tres coincidieron en un diagnóstico: falta de control estatal y maniobras empresarias que perjudican al Fondo Especial del Tabaco (FET), al Tesoro nacional y a la Anses.

¿Qué es el FET y cómo se financia?

El FET es la principal fuente de ingresos del sector tabacalero. Se nutre del 7,35% del precio de venta al público de cada paquete de cigarrillos, más un componente fijo que se actualiza según el rendimiento de las cosechas.

Según los denunciantes, hay dos maniobras que afectan la integración del fondo: por un lado, la subfacturación de empresas como Tabacalera Sarandí, que declara ante ARCA un precio de paquete muy inferior al que realmente se cobra en los kioscos; por otro, la falta directa de aportes del porcentual que corresponde por ley, como ocurriría con las firmas Cigarrillos y Tabacos (de Jujuy) y Espert S.A. (de Berazategui), que fueron intimadas la semana pasada por la Cámara del Tabaco de Salta mediante cartas documento.

Números que asustan

En el Senado, Cornejo puso cifras sobre la mesa: la recaudación anual del Tesoro nacional por la producción y comercialización de cigarrillos es de 3,8 billones de pesos, y aseguró que esa cifra podría aumentar en US$ 700 millones si se controlara la evasión.

El legislador denunció que esas empresas declaran vender el paquete a valores de entre 600 y 800 pesos, mientras que en los kioscos de las provincias del NOA el precio real duplica o triplica esa cifra. "Hay evasión tributaria manifiesta", sentenció, y agregó que la falta de control no solo afecta al FET, sino también al Fondo de Asistencia Social de la Anses, con impacto directo en el pago de jubilaciones y pensiones y en los recursos coparticipables que reciben provincias y municipios, entre ellos los de Salta.

Cornejo reclamó que ARCA (exAfip) fiscalice a las cuatro cigarreras que, según dijo, "están desfinanciando al Tesoro de la Nación", y cuestionó que el organismo "no fiscaliza o no ha tenido la capacidad de poder ordenar el mercado".

La propuesta del código QR

Paz Posse, en representación de las provincias tabacaleras, propuso una herramienta concreta para combatir la subfacturación: un código QR impreso en una de las caras del paquete de cigarrillos.

"El consumidor puede escanear y que aparezca el precio. Si el precio no coincide con el valor de venta, que tenga un link que georreferencie el lugar y que sea una denuncia directa a ARCA", explicó. "Pretender controlar todos los puntos de venta en la Argentina es imposible. Entonces creo que hoy, con la tecnología, esto podría ser una buena medida", agregó.

Además, presentó la iniciativa de gravar el tabaco calentado (los vapers), lo que permitiría sumar más de US$ 300 millones de recaudación.

La situación en Jujuy y el reclamo por asimetrías

Pascutini, por su parte, remarcó que el 90% de la producción se exporta, con el consiguiente ingreso de divisas para la Nación, las provincias y los municipios. Recordó que, tras los Convenios de Corresponsabilidad Gremial impulsados hace 14 años, el 100% de los trabajadores del sector está formalizado, con aportes previsionales, obra social y cobertura de riesgos del trabajo.

También cuestionó la asimetría tributaria que enfrenta la actividad: el sector paga una alícuota del 27% de IVA en las facturas de gas y electricidad, frente al 10,5% que se aplica en otras regiones o rubros. "El tabaco es vida, trabajo, esperanza y arraigo. Sin embargo, hoy tenemos una imposibilidad, un impedimento y una inviabilidad para seguir produciendo en estas condiciones. Es una situación desesperante", afirmó.

Un proyecto de ley en camino

En consenso con la cadena de valor tabacalera, se presentó un proyecto de ley para modificar el artículo 23, inciso a), de la Ley 19.800, que rige el FET, y adecuar la Ley de Impuestos Internos.

El objetivo es crear una figura impositiva específica para el tabaco calentado, un producto que no existía cuando se sancionó la norma original, en 1972, de manera que sus manufacturas también tributen al fondo y aumenten los recursos que llegan al productor primario.