El "Conejo" Martínez ya tiene fecha: el penal que lo espera y la carta que no le sirvió a su defensa

Carlos Alfredo "Conejo" Martínez pasará los próximos dos meses en el penal de Villa Las Rosas. El juez federal de Garantías de Orán, Gustavo Montoya, dictó este jueves al mediodía la prisión preventiva del exintendente de Aguas Blancas, a quien la Justicia investiga como presunto jefe de una asociación ilícita dedicada al lavado de activos de origen delictivo.

La resolución llegó un día después de que el propio Martínez se presentara en una comisaría de la Policía provincial en Orán. Hasta entonces, el exfuncionario permanecía prófugo desde el sábado, cuando Gendarmería Nacional desplegó 32 allanamientos que terminaron con once presuntos integrantes de la organización detenidos.

Montoya dispuso que Martínez sea alojado en el establecimiento del Servicio Penitenciario de Salta y fijó un plazo de seis meses para la investigación. La hipótesis fiscal apunta a que la supuesta estructura habría blanqueado dinero proveniente del narcotráfico, el contrabando y otros delitos.

El argumento de la salud que no prosperó

La defensa intentó frenar la medida con un planteo médico. Alegó problemas de salud del exintendente, en particular por intervenciones quirúrgicas en la cabeza. Pero, según informó el Ministerio Público Fiscal, la única certificación presentada tenía cuatro meses de antigüedad.

La fiscalía respondió con documentación de la clínica donde Martínez había sido tratado, que daba cuenta de una recuperación exitosa. Con esos elementos, Montoya hizo lugar al pedido de prisión preventiva y ordenó su traslado a Villa Las Rosas.

No es la primera vez que el exintendente queda privado de su libertad. En una causa provincial anterior había cumplido bajo prisión domiciliaria una condena de un año y dos meses de prisión efectiva por violación de secretos y entorpecimiento de acto funcional. Esa pena ya estaba cumplida cuando se concretaron los allanamientos del sábado.

Por qué la fiscalía pidió que no salga

Los representantes del Ministerio Público Fiscal enumeraron una serie de razones para fundamentar la detención. La primera: Martínez se había fugado antes de los procedimientos. El nuevo parte fiscal sostiene que contó con información previa sobre los allanamientos.

A eso sumaron su facilidad para cruzar la frontera con Bolivia, su capacidad económica, la influencia que conserva en la zona por su paso por la intendencia y sus conexiones políticas.

Con esos elementos, la fiscalía sostuvo que existía una alta probabilidad de que volviera a escapar o entorpeciera la investigación. El magistrado acompañó esos argumentos al resolver la prisión preventiva.

Quiénes estuvieron en la audiencia

De la audiencia participaron la fiscal general adjunta Mariana Gamba Cremaschi, por la Procuraduría de Narcocriminalidad del NOA (Procunar NOA); Ezequiel Coscia, fiscal coadyuvante de la Procunar; y Alberto Barbuto, de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac).

Los representantes fiscales expusieron la imputación, las evidencias reunidas y las funciones que le atribuyen a Martínez dentro de la supuesta organización. Los argumentos fueron similares a los presentados el martes, cuando se formalizó la investigación contra los otros once acusados y se dictaron siete prisiones preventivas.

En aquella audiencia, la fiscalía sostuvo que la estructura habría utilizado empresas y contrataciones del municipio de Aguas Blancas como pantalla para introducir fondos ilícitos en el circuito económico legal. También le atribuyó al exintendente la compra de votos para acceder al cargo en 2023 y afirmó que las actividades investigadas continuaron después de su salida de la intendencia, en septiembre de 2024.