El "Conejo" Martínez quedó detenido: la fiscalía dice que usó Aguas Blancas para lavar dinero del narcotráfico

La fiscalía federal formalizó este martes ante el juez Gustavo Montoya una investigación que tiene como principal acusado al exintendente de Aguas Blancas Carlos "Conejo" Martínez, señalado de haber utilizado el municipio para disimular el ingreso y egreso de fondos provenientes del narcotráfico y el contrabando.

En la audiencia se imputó a once personas por asociación ilícita y lavado de activos de origen delictivo en calidad de miembros. Siete de ellas quedaron con prisión preventiva, mientras que las otras cuatro recuperaron la libertad con restricciones.

La presentación estuvo a cargo de los fiscales generales Eduardo Villalba y Diego Velazco. También participaron Mariana Gamba Cremaschi, Jorge Viltes Monier (Procunar NOA), Ezequiel Coscia (fiscal coadyuvante de la Procunar) y Alberto Barbuto (Procelac).

"Este caso tiene una gran importancia para todo el país", afirmó Villalba, quien le atribuyó a Martínez haber destinado dólares a la compra de votos para llegar a la intendencia en 2023 y, desde ese cargo, haber ampliado la supuesta estructura criminal.

Contrataciones como pantalla

De acuerdo con la acusación, la organización se habría valido de un entramado societario y de contrataciones municipales que funcionaban como pantallas para dar apariencia legal a fondos ilícitos.

Villalba señaló que el grupo habría contado con la protección de funcionarios de distintas fuerzas de seguridad. En ese marco mencionó resoluciones favorables del entonces juez de Orán Claudio Parisi, luego destituido y cuyo juicio sigue pendiente.

La fiscalía sostuvo que las actividades investigadas continuaron después de que Martínez dejara la intendencia, en septiembre de 2024. Las pesquisas demandaron dos años y el trabajo conjunto de ambas procuradurías y del Ministerio Público Fiscal de Salta.

El circuito del dinero

Barbuto describió el rol de las empresas que habrían sido creadas o puestas a disposición de la organización. Detalló tres etapas del presunto lavado: colocación de fondos de origen delictivo, diversificación mediante cuentas y empresas, y retorno al patrimonio de los acusados con apariencia legal.

Las contrataciones de servicios y la compra de bienes habrían servido para dar cobertura al dinero ingresado.

Viltes Monier explicó las funciones atribuidas a cada imputado y los elementos con los que la fiscalía sostiene la estabilidad y continuidad de la supuesta asociación ilícita. También mencionó vínculos con otros acusados de la región, entre ellos Cristian Palavecino, condenado en julio de 2025 a 28 años de prisión por diversos delitos.

Además de los familiares de Martínez, fueron imputados Orlando Oris Lovera, Julián Manuel Barreiro, Dimas José Ruiz, Rafael Antonio Aragón Rodríguez, Emiliano Pascual Ollarzú, María Cristina Flores y Mauro Alberto Rojas.

Los riesgos que inclinaron la balanza

Los 32 allanamientos se realizaron en Orán, otras localidades cercanas y la capital salteña. En los procedimientos se secuestraron 35 teléfonos celulares, otros dispositivos informáticos y documentación contable.

Gamba Cremaschi pidió peritajes sobre esos elementos y fundamentó el pedido de siete prisiones preventivas en los riesgos de fuga y entorpecimiento, la gravedad y naturaleza de los hechos, la capacidad económica de los imputados y la facilidad para cruzar la frontera. También mencionó numerosos movimientos migratorios, en su mayoría con inconsistencias.

Las defensas se opusieron a las prisiones preventivas, pero Montoya hizo lugar al planteo fiscal. Los otros cuatro imputados quedaron en libertad con restricciones: la obligación de someterse al proceso, el control de la Dirección de Control y Asistencia de Ejecución Penal y la prohibición de salir del país.

El juez fijó seis meses de investigación y mantuvo el trámite ordinario, sin aceptar el pedido de la fiscalía de declarar compleja la causa.