El Concejo le puso un freno a la cruzada de Dib contra los descuentos de sueldo
Parecía que el proyecto avanzaba sin mayores sobresaltos, pero la sesión terminó en un 10 a 4 que lo mandó a comisión. Cómo se destrabó el debate, en la nota.
El Concejo Deliberante de Posadas rechazó este jueves el tratamiento sobre tablas de un proyecto que buscaba prohibir los códigos de descuento sobre los sueldos municipales. La iniciativa del concejal Jair Dib (Acuerdo Urbano) cosechó apenas cuatro apoyos y se fue a comisión.
La votación terminó 10 a 4, sin abstenciones. Los votos a favor llegaron de Fernando Zarza (Hacemos), Ángel Martínez (Hacemos) y Judith Salom (UCR), además del propio Dib. En la vereda opuesta se ubicaron los tres ediles de Posadas en Movimiento: Laura Traid, Samira Almirón y Malena Mazal.
Qué proponía la ordenanza
El expediente 1867/2026 apuntaba a impedir que el Departamento Ejecutivo Municipal firme convenios u otorgue habilitaciones a bancos, mutuales u organismos públicos o privados para descontar cuotas directamente de los haberes de los agentes.
“Lo que estamos pidiendo es que el trabajador municipal tenga la libre disposición de su sueldo, que él pueda decidir qué pagar y cómo pagar”, argumentó Dib, quien aclaró que no busca desconocer las deudas: “Las deudas que se toman se deben honrar”.
El concejal cuestionó que la estructura municipal funcione como “mecanismo de cobro” para entidades financieras y advirtió que son muchos los empleados afectados por esas retenciones.
El rechazo de Scromeda
La presidenta de la Comisión de Presupuesto, Luciana Scromeda, fue la primera en marcar la cancha. Dijo que comparte la preocupación por el endeudamiento de los trabajadores, pero que “el sueldo de los trabajadores municipales no se improvisa”.
Según Scromeda, los códigos vigentes corresponden en su mayoría a organizaciones sindicales y convenios puntuales, y el diagnóstico de Dib no se ajusta a la realidad del sistema. Además, remarcó que eliminar un código no borra la deuda: “Estamos cambiando el mecanismo de pago, no solucionando el endeudamiento de los trabajadores”.
También puso en duda el artículo 3 del proyecto, al sostener que una ordenanza municipal no puede meterse en operaciones entre trabajadores y entidades financieras una vez que el salario ya fue acreditado. Pidió que el expediente pase por las áreas técnicas y jurídicas antes de cualquier avance.
El cruce con Horianski
El debate se tensó cuando Santiago Horianski (LLA) cuestionó aspectos técnicos del proyecto y habló de contradicciones entre sus artículos. Pero el momento más caliente llegó cuando el libertario acusó a Dib de buscar exposición mediática en contexto electoral.
“Hablá sin miedo, Horianski”, le respondió el autor de la iniciativa. El cruce escaló cuando Horianski recordó la gestión de Dib al frente del Concejo y afirmó que en esa época también había empleados municipales endeudados. Fue uno de los pasajes más ásperos de la sesión.
Las otras voces
María Elena Fernández (LLA) coincidió en que el municipio no debe convertirse en una “oficina de cobranzas”, pero advirtió por las consecuencias de modificar convenios vigentes de manera unilateral. Pidió intervención de la asesoría jurídica y alertó sobre eventuales reclamos económicos contra el Estado municipal.
Zarza, en cambio, acompañó a Dib y defendió la iniciativa como una herramienta para aliviar la situación económica de los trabajadores, cuestionando el peso de las tasas financieras sobre quienes piden préstamos para cubrir necesidades básicas.
Desde Posadas en Movimiento, Traid explicó que su bloque no rechaza el objetivo de proteger a los trabajadores, pero consideró irresponsable aprobar una ordenanza que recién había ingresado sin un estudio profundo de sus consecuencias. Esa postura fue clave para frenar el avance directo del proyecto.
Qué viene ahora
El expediente quedó en la Comisión de Presupuesto, donde deberá analizarse el alcance de la prohibición, los convenios vigentes y las implicancias jurídicas y financieras de cambiar el esquema actual. La discusión dejó en evidencia dos miradas: la de quienes creen que el municipio no debe intermediar en deudas privadas y la de quienes advierten que una prohibición apresurada puede generar más problemas que soluciones.
La pelea por los códigos de descuento, lejos de cerrarse, se trasladó a un terreno donde las definiciones serán más lentas y técnicas.