El Concejo de Catriló le exige al Ejecutivo un informe que nunca llegó

El Concejo Deliberante de Catriló aprobó por mayoría un proyecto de resolución que le reclama al Departamento Ejecutivo Municipal el cumplimiento efectivo de la Ordenanza 05/26, la norma que creó el "Informe Ciudadano de Gestión y Rendición de Cuentas Municipal". La iniciativa fue presentada este lunes por los bloques del Frejupa y Juntos por el Cambio, y sumó el respaldo de uno de los tres concejales del oficialista Comunidad Organizada.

Los otros dos ediles oficialistas votaron en contra, por lo que el proyecto salió adelante por mayoría. La sesión se desarrolló con la ausencia de la presidenta del Concejo, Verónica Tineo.

Qué establece la ordenanza que el Ejecutivo no estaría cumpliendo

Según el texto del proyecto, la Ordenanza 05/26 busca fortalecer los mecanismos de transparencia, la publicidad de los actos de gobierno, el acceso a la información pública y la rendición de cuentas de la administración municipal.

La norma fija que el Ejecutivo debe elaborar, publicar y remitir al Concejo el Informe Ciudadano de Gestión en abril, agosto y diciembre de cada año. En el caso del informe de agosto, debe abarcar los meses de mayo, junio, julio y agosto. Además, establece que los informes deben publicarse y enviarse al cuerpo dentro de los 15 días corridos posteriores al cierre de cada período.

El artículo 10 de la ordenanza dispone que su reglamentación debe concretarse dentro de los 15 días hábiles posteriores a la promulgación.

El reclamo de los concejales

Los autores del proyecto sostienen que, al momento de presentarlo, el Concejo no había recibido el informe correspondiente a agosto ni había tomado conocimiento de la reglamentación de la norma.

Por eso, la iniciativa le pide al Ejecutivo que elabore, publique y remita el informe del período mayo-agosto de 2026, con los plazos y requisitos que marca la Ordenanza 05/26. También reclama una copia de la reglamentación.

En los fundamentos, los concejales remarcan que las obligaciones fijadas por una ordenanza son de cumplimiento obligatorio y que funcionan como herramientas para garantizar a los vecinos el acceso a información clara, sencilla y comprensible sobre la gestión municipal.

El proyecto deja constancia, además, de que —según sus autores— el incumplimiento injustificado de las ordenanzas puede dar lugar a las responsabilidades administrativas, civiles o penales que correspondan.