El concejal que no se calló: llevó a la Justicia su suspensión y destapó una pelea interna en Huillapima

Luciano Auce, concejal opositor de Huillapima, presentó dos acciones judiciales para impugnar su suspensión de 60 días y denunciar restricciones que, según dice, le impiden trabajar. El conflicto político que sacude al municipio desde hace semanas ahora tiene un nuevo capítulo en los tribunales.

El edil, del Frente Capayense, no se quedó de brazos cruzados tras la sanción que le aplicó el Concejo Deliberante la semana pasada. Según informó su entorno, una de las presentaciones busca revertir la suspensión, mientras que la otra apunta contra una serie de limitaciones que enfrenta desde que asumió su banca.

¿Qué restricciones denuncia Auce?

Entre los planteos que llevó a la Justicia, el concejal sostiene que no lo dejaron integrar las comisiones permanentes del Concejo, designar un secretario administrativo ni participar en igualdad de condiciones dentro del cuerpo. Para él, estas trabas afectan directamente la representación de los vecinos que lo eligieron.

“Estas limitaciones dificultan mi trabajo como concejal y afectan la representación de los vecinos”, expresó en distintas oportunidades. Su reclamo no es nuevo, pero ahora tomó estado judicial.

La suspensión que desató la tormenta

El Concejo Deliberante aprobó la suspensión por 60 días argumentando que la medida respondía a situaciones registradas durante sesiones anteriores, amparada en la Ley Orgánica Municipal y el Reglamento Interno. Sin embargo, Auce rechazó esos fundamentos y aseguró que se trata de una represalia por su labor de control.

En una conferencia de prensa, el edil afirmó que el verdadero motivo de la sanción fue el pedido de informes que impulsó para conocer el destino de dos partidas de 100 millones de pesos enviadas por el Gobierno provincial al municipio. “Querían callarme”, dijo.

Además, denunció haber sido agredido físicamente por el concejal Franco Soria, hijo del intendente Omar Soria, al finalizar la sesión en la que se aprobó la suspensión. Según Auce, el episodio ocurrió en presencia de otras autoridades y nunca fue sancionado disciplinariamente.

La respuesta del municipio

La Municipalidad de Huillapima salió al cruce de las acusaciones mediante un comunicado. El Ejecutivo sostuvo que el pedido de informes fue respondido en tiempo y forma y que la documentación se trató en comisión con la participación del propio concejal. Además, consideró que Auce intenta “victimizarse” tras la sanción y reafirmó su compromiso con la transparencia.

Con las dos presentaciones ya ingresadas, el conflicto dejó de ser solo político. Ahora será la Justicia la que determine si la suspensión fue legal y si hubo persecución, en un caso que promete seguir dando que hablar en Huillapima.