El comunicado que Diputados repartió un Día del Ñoqui: qué dice de la votación de 38 segundos

Una votación exprés de apenas 38 segundos en la Cámara de Diputados bonaerense volvió a poner al "caso Chocolate" en el centro de la escena. Fue el 28 de mayo de 2026 y sirvió para convalidar lo que ya había resuelto la Mesa Directiva: archivar los oficios de la fiscal platense Betina Lacki, que reclamaba 50 "memos de propuesta de designación", entre ellos el del propio Julio Rigau, alias "Chocolate".

El mecanismo viajó dentro de un proyecto del diputado de La Cámpora Facundo Tignanelli que rezaba: "Ratifícase todo lo actuado por la Mesa Directiva". En la práctica, unas 7.800 resoluciones administrativas pasaron por el recinto sin que nadie anotara quién votó qué.

La novedad de las últimas semanas fue la renuencia de los diputados con mandato vigente a informar qué legisladores —actuales o ya salidos— están implicados en la contratación de los prestanombres del esquema. La Justicia quiere esos papeles y la institución no los entrega.

Quién era "Chocolate" y cómo funcionaba el sistema

Rigau vaciaba cajeros del Banco Provincia de La Plata con tarjetas de débito de personas que no trabajaban pero tampoco cobraban: solo prestaban el nombre. En la lista no hay solo indigentes. Aparecen desde gente humilde hasta profesionales y dueños de comercios, pasando por empleados de una cueva financiera ubicada a 400 metros de la Legislatura y miembros de mutuales platenses que viven de prestarles a empleados públicos que no llegan a fin de mes: policías, docentes y demás.

Contratado en Diputados desde 2002 como electricista, a Rigau no le importaba que los testigos lo vieran ni que las cámaras de seguridad lo registraran. Iba siempre con la misma ropa a vaciar los cajeros, lo que les facilitó el trabajo a los investigadores cuando revisaron las filmaciones. Pasaba horas en esa tarea: se lo ve elongar las piernas en las sucursales después de horas de pie sacando billetes. En las madrugadas también se cruzaba con otros "chocolates" que hacían lo mismo con muchas tarjetas, pero que no respondían al peronismo sino al radicalismo.

La caída: un hombre en situación de calle lo expuso

La detención de "Chocolate", en septiembre de 2023, no fue producto de una operación política ni de la denuncia de un cliente del banco. Lo expuso alguien que no podría haber sido cliente de ninguna entidad: vivía en la indigencia, usaba los cajeros como refugio, no sabía leer ni escribir y le pidió plata para comer. Lo vio como un ladrón común, sin saber que esa "banda de plata" que sacaba con muchas tarjetas —así lo resumió en una entrevista con Somos Buenos, de TN— estaba vinculada a la política.

Rigau no le dio un peso. Quizás no fue por duro de corazón —era militante social—, sino por lo duro que era el régimen con él. Sus jefes inmediatos lo trataban como a un esclavo, le hablaban con violencia y no le permitían desviar un centavo del esquema. Aunque muchas veces Chocolate rompía esas reglas y les prestaba plata por izquierda a los prestanombres, con fondos de sus propios sueldos, que le tenían que devolver rápido para no alterar los intrincados guarismos de las rendiciones que debía presentar a sus superiores.

Chocolate respondía a dos exfuncionarios de la Secretaría Administrativa de Diputados, que controla Miguel De Lisi: Claudio y Facundo Albini, padre e hijo, alineados en el Frente Renovador de Sergio Massa. Por entonces también se lo vinculaba con Julio Alak. La imagen de Facundo junto al actual intendente de La Plata ocupaba una gigantografía en la fachada de una enorme unidad básica en pleno centro, en 51 entre 8 y 9, lindera a la Legislatura, que fue desmantelada en tiempo récord cuando estalló el escándalo.

Los Albini quedaron arrastrados a la causa de Lacki porque Rigau llevaba encima un celular la noche de su caída. Al abrir ese Samsung, los chats revelaron a quiénes les rendía los millones que sacaba de los cajeros. También portaba papeles con claves de tarjetas de débito y nombres propios asociados a los ñoquis. Uno de ellos es "Melzi", igual que un conocido dirigente massista de La Plata.

Celulares, ayuda oficial y una detención demorada

El capítulo de los teléfonos no termina ahí. Mientras estuvo en la comisaría 2da de La Plata, en los primeros momentos tras su detención, Rigau recibió ayuda concreta del Poder Ejecutivo bonaerense. Una nota de Hugo Alconada Mon en La Nación reveló que Javier Alonso —entonces mano derecha de Sergio Berni y hoy su sucesor en el Ministerio de Seguridad— y otros funcionarios de esa cartera lo asistieron, según explicaron, "para cuidar al detenido como si fuera de cristal". Una versión agrega que en ese momento Chocolate recibió un teléfono nuevo, porque el suyo estaba secuestrado. Eso coincidió con el cierre exprés de sus redes sociales —que lo vinculaban con distintos políticos— mientras TN empezaba a contar la historia en Somos Buenos.

En 2023, los Albini tuvieron la chance de entregarse mucho más tarde: su detención se ordenó recién después de las elecciones. Una consecuencia es que la causa no sumó más celulares, que podrían haber ayudado a reconstruir la ruta del dinero legislativo.

Los memos que la Justicia reclama y la respuesta de la Cámara

Desde 2025, con Chocolate, los dos Albini y los cómplices del esquema esperando un juicio oral, la fiscal de la instrucción pidió, en otro tramo de la misma causa, los memos que conducirían a los diputados implicados. La Dirección de Legal y Técnica, a cargo de Hernán Valetti, fue "pisando" los oficios de Lacki con respuestas burocráticas, hasta que llegó una "orden de presentación" —medida que puede ser la antesala de un allanamiento— emitida por el juez de Garantías Federico Guillermo Atencio.

La respuesta de los diputados a la Justicia fue que habían "archivado las actuaciones". Ese fue el qué. Lo que mostró TN fue el cómo: un Caballo de Troya de casi 8.000 resoluciones presentado un rato antes de la sesión y aprobado en 38 segundos.

Choque de poderes y un comunicado bajo la alfombra

Después de que se difundió esa votación llegó otro capítulo: la denuncia del juez Atencio contra las autoridades de Diputados por presunto encubrimiento y ocultamiento de pruebas, ante la negativa a entregar los memos. La investigación embrionaria quedó en manos del fiscal Álvaro Garganta.La avanzada del juez tuvo un efecto inmediato, pero no penal sino político: la Cámara rompió el silencio por primera vez en tres años. Desde que estalló el caso, en septiembre de 2023, durante la presidencia de Federico Otermin, la institución nunca le había hablado a la sociedad. Las puertas se cerraban cuando llegaban las cámaras y el silencio envolvía a todos en el palacio ubicado entre las calles 51, 53, 7 y 8 de la capital bonaerense. Ahora, las autoridades redactaron una declaración y la distribuyeron de manera subterránea entre periodistas, aunque todavía no fue publicada en la web institucional.

¿Están a favor o en contra de este modo de financiar la política? ¿Dónde están los memos que exige la Justicia para esclarecer la trama? El comunicado no lo aclara. Lo que afirma es que resulta "inadmisible que se pretenda perseguir penalmente a legisladores por los votos emitidos en ejercicio de sus funciones", que la institución "siempre colaboró con la Justicia" y que no hubo ocultamiento porque la votación fue "casi tres meses antes del requerimiento judicial que ingresó el 19 de agosto".

Las cosas no son exactamente así. No fue un "requerimiento" sino una "orden", y además hubo requerimientos previos: cinco. El comunicado también intenta instalar que la Justicia pide información en dos causas distintas por presuntos hurtos y estafas. Tampoco es así: se trata de la misma causa principal, con un tramo elevado a juicio y otro en instrucción.

Hay que reconocerle al texto dos cosas: tiene nombres y apellidos de referentes libertarios, peronistas, del PRO y de otros espacios, y fue distribuido un día 29 de septiembre, el Día del Ñoqui.

El voto anónimo, el verdadero corazón del sistema

La franqueza del comunicado no es poca cosa en una Legislatura marcada por la opacidad, una institución política que no paga costos políticos. Otorga diversas posibilidades recaudatorias —"contratos de bloque político", "módulos", "becas" e instrumentos similares—, pero su verdadero encanto es más profundo: el voto allí es anónimo.

La votación casi nunca es nominal. Casi sin deliberación, como si todo llegara acordado, las pocas veces que el recinto sesiona se aprueban los asuntos de forma exprés, cual escribanía, sin siquiera anotar cuántas manos estuvieron a favor y mucho menos de quiénes son. Solo se oye un monótono: "Aprobado: a los destinos pertinentes".

Al día siguiente, nadie sale en los diarios para que sus votantes sepan qué hizo. Ni siquiera cuando los senadores, en la cámara vecina, dan luz verde a pliegos de magistrados, una de sus funciones cruciales para garantizar la calidad de esas designaciones. En el Diario de Sesiones, cada proyecto solo dice "aprobado" o "rechazado". Lo resolvió un grupo. O sea, todos. Nadie en especial. Este cómodo mecanismo, la "votación por signos", no obedece a la falta de tecnología: el tablero electrónico existe y se usa para marcar el quórum y para alguna votación excepcional.

Disentir, pagar costo político, es posible. Hay que poner en marcha una solicitud burocrática posterior para que el Diario de Sesiones incorpore explícitamente el sentido del voto de alguien. Eso hizo tras la sesión del 28 de mayo pasado Christian Castillo, de la izquierda, para informar que estuvo "en contra" del proyecto de Tignanelli. Su compañera de bloque, Mónica Schlotthauer, se "abstuvo".

¿Cuánto costó el caso Chocolate?

La pregunta es difícil de responder. Una hipótesis firme es que el dinero exprimido de los cajeros entre 2002 y 2023 no habría ido a la unidad básica ni a despachos de diputados sin pasar también por cuevas financieras.

También hay que considerar que desembarcaron en la historia estudios jurídicos de los más caros para defender a Rigau y a los Albini y, al mismo tiempo, para "contener" —no exactamente defender— a los titulares de las tarjetas. Esos honorarios, ¿cómo se financian? ¿Y de cuánto son?

Sobre el fraude puntual, si se vuelcan en una planilla los nombres de los sueldos extraídos con las tarjetas secuestradas a Rigau, el año del primer contrato de cada uno y los montos, el piso estaría en $4.000.000.000. Son pesos, no dólares. El cálculo no es judicial sino periodístico, con asistencia de fuentes técnicas expertas, y es conservador: solo para el subconjunto de tarjetas que tenía encima esa noche ese puntero de esa facción del peronismo.