El comisario que recibió un fusil de premio y ahora espera el juicio por lo que hizo con los médicos
El comisario Daniel Melchiori está a un paso del juicio oral por la golpiza a médicos solidarios en Taco Pozo. Pero lo que parecía un hecho aislado terminó destapando una trama de más de 25 denuncias, un fusil de premio y una jueza que lo desmintió bajo juramento.
Daniel Melchiori, exjefe de la comisaría de Taco Pozo, enfrentará un juicio oral y público por agredir a un grupo de médicos solidarios y detener ilegalmente a una de las profesionales. La Cámara Primera en lo Criminal de Presidencia Roque Sáenz Peña fijó las audiencias para octubre y noviembre.
El caso, que conmocionó a la provincia, no es un hecho aislado: vecinos y subalternos acumularon más de 25 denuncias contra el comisario por amenazas, golpizas y detenciones arbitrarias. Sin embargo, durante mucho tiempo la conducción policial lo respaldó e incluso lo condecoró.
La agresión que lo cambió todo
El domingo 17 de agosto de 2025, un grupo de médicos, estudiantes y voluntarios cordobeses de la Asociación Civil Todo por Todos se preparaba para regresar a su provincia tras días de atención gratuita en Taco Pozo, una tarea que realizan desde hace más de una década en comunidades wichís.
Según reconstruyó la Fiscalía Especial en Derechos Humanos, Melchiori, vestido de civil y en su auto particular, interceptó una de las camionetas del grupo. Acusó al conductor, Exequiel Margonari, de circular “a 200 kilómetros por hora”, intentó quitarle las llaves y lo golpeó en la cara y el cuerpo. Los testigos coincidieron en que el comisario tenía un fuerte aliento etílico.
Cerca de las 7.30, los profesionales se presentaron en la comisaría para pedir explicaciones. El comisario salió visiblemente alterado, intentó secuestrar otra camioneta y, tras ser filmado e increpado, ordenó la detención de la médica María Candelaria García Nebbia.
De acuerdo con la acusación fiscal y los testimonios de los propios policías de guardia, la médica, llorando y en plena crisis de ansiedad, fue encerrada en la oficina de oficiales bajo custodia. No hubo orden judicial ni causa legal que lo justificara, no se registró su ingreso en el libro de guardia, no se le practicaron exámenes médicos ni se le informaron sus derechos. El oficial de servicio declaró que ni siquiera sabía que había una detenida en la dependencia.
Pero hubo más: Melchiori firmó un informe oficial en el que aseguró haber consultado a las siete de la mañana a la jueza de Paz y Faltas de Taco Pozo, Silvia Elena Arias, y que ella había dispuesto notificar a la médica por una contravención y luego liberarla. La magistrada lo desmintió bajo juramento: esa llamada nunca existió; el comisario recién se comunicó con ella a las siete de la tarde, cuando los videos de la mañana ya circulaban por todo el país.
“Fue una pesadilla”
Viviana Yzaguirre, médica cirujana y fundadora de Todo por Todos, recordó el calvario: “Fue una pesadilla; fue darnos cuenta de que estábamos en manos de un loco alcoholizado y armado y que, encima, era la autoridad del pueblo”.
“Cuando estábamos en la comisaría —continuó— los propios policías nos decían que le tenían miedo al comisario. La gente del pueblo nos pedía perdón; nos juraba que los tacopoceños no eran mala gente. Me acuerdo y todavía me emociono”.
Un protegido condecorado
La abogada querellante Adriana De Longhe junto a su hermana Fiorella representan a los médicos agredidos. Para la letrada, lo ocurrido en Taco Pozo no tiene precedentes desde el retorno de la democracia: “Un violento protegido por el jefe de Policía de la provincia, que se sentía por encima del poder político y judicial”.
La respuesta de la conducción policial fue de respaldo. El jefe de la Policía del Chaco, Fernando Romero, sostuvo públicamente que los reclamos contra Melchiori eran una cuestión política y que “en Taco Pozo no lo querían porque hacía muy bien su trabajo”.
El 14 de febrero de 2024, el propio Romero viajó hasta el pueblo para entregarle en mano a Melchiori un fusil FAL como reconocimiento a su “trabajo contra el delito”. La ceremonia, difundida por la prensa local, celebraba la supuesta desarticulación de una banda dedicada al robo y reventa de vehículos. Según el parte oficial, Melchiori y su personal habían secuestrado 21 motocicletas y tres autos. Además del fusil, se entregaron armas, indumentaria y equipamiento para la comisaría.
Sin embargo, las denuncias contra el comisario se multiplicaron. La abogada De Longhe afirmó que existen unas 25 denuncias por apremios ilegales, golpizas y amenazas sufridas por vecinos y subalternos.
La última se conoció hace pocos días: el agente Juan Gregorio Santillán, de la comisaría de Taco Pozo, denunció que su jefe lo golpeó y lo amenazó de muerte. “Te voy a cagar matando a vos y a tu señora”, le habría gritado Melchiori cuando lo abordó en la vía pública la noche del 21 de mayo pasado, en apariencia bajo los efectos del alcohol.
Según la denuncia, el comisario amenazó de muerte al agente y a su pareja, también policía, acusándolos sin pruebas de robo de armas y de hojas de coca. Santillán aportó a la fiscalía videos, audios y pidió que se incorporen cámaras de seguridad donde se vería a Melchiori conduciendo una camioneta secuestrada por la Justicia Federal y cuyo uso no estaría autorizado. El agente expresó temor por su vida, por lo que fue trasladado a otra división.
En noviembre de 2024, el juez Carlos Augusto de Césare hizo lugar a un hábeas corpus presentado por el Comité para la Prevención de la Tortura del Chaco y ordenó que Melchiori y sus subordinados ajustaran su accionar a la ley. La medida respondió a diversas denuncias del intendente de Taco Pozo, Carlos Ibañez, quien describió “procedimientos irregulares”, “prepotencia” y “uso abusivo de la fuerza”.
A más de un año de los hechos y a la espera del juicio oral, Melchiori sigue formando parte de la fuerza de seguridad provincial: fue derivado a la Dirección General de Inteligencia Criminal, en Sáenz Peña, la misma ciudad donde será juzgado.
“Hoy Melchiori ya no está en Taco Pozo, pero tuvo que ocurrir la agresión a un grupo de médicos solidarios, filmada y viralizada en todo el país, para que se tomaran medidas. Lo que la gente de Taco Pozo sufrió no debería haber necesitado de una golpiza a visitantes de otra provincia para ser tomado en serio”, concluyó la abogada querellante.