El comercio que paga 7 puntos de Ingresos Brutos y la empresa que tributa 0,25: la comparación de Vuoto que descolocó el debate

La discusión por la Ley de Financiamiento Integral del Sistema Educativo que impulsa el Ejecutivo de Tierra del Fuego derivó en un debate más de fondo: cómo se reparte la carga tributaria en la provincia. La legisladora del Partido Justicialista Victoria Vuoto puso el foco en las diferencias que existen entre los distintos actores económicos y pidió revisar el esquema completo antes de crear nuevos tributos.

En diálogo con FM Centro, Vuoto fue directa: “La provincia se merece una discusión muy profunda en torno a qué sistema tributario tiene”. Para la legisladora, el sistema actual es regresivo y arrastra modificaciones coyunturales que distintos gobiernos fueron aplicando para conseguir recursos, lo que terminó generando distorsiones entre las actividades económicas.

La comparación que graficó la desigualdad

Vuoto eligió un ejemplo concreto para mostrar el desequilibrio. Por un lado, “un comercio pequeño que tributa entre fondos específicos, alícuotas y alícuotas adicionales, casi siete puntos de ingresos brutos”. Del otro, “empresas que exportan, que producen determinados productos y volumen, tributan 0,25 de ingresos brutos”.

La diferencia es contundente y, según su planteo, obliga a preguntarse qué actividades se busca promover y cuáles desalentar a través de la política impositiva. Para Vuoto, esa revisión es indispensable antes de avanzar con nuevas cargas.

Financiamiento educativo: la necesidad y el ajuste nacional

La legisladora reconoció que el sistema educativo necesita financiamiento, sobre todo en un contexto de reducción de fondos nacionales. Según datos de la oficina de Presupuesto de la Cámara de Diputados que citó, “el Gobierno de la Nación dejó de enviar $2,2 billones a las provincias en materia educativa”.

También advirtió sobre recortes en infraestructura, programas socioeducativos y comedores escolares. Pero diferenció esa necesidad de recursos de la discusión sobre cómo se administran: “Hay que generar un gasto educativo sostenible, hay muchas cosas para revisar y mejorar, sin dudas”, afirmó, aunque aclaró que esas medidas no compensan el impacto del ajuste nacional. En su visión, ambas responsabilidades deben abordarse al mismo tiempo.

Un observatorio para controlar los recursos

Vuoto propuso incorporar mecanismos de seguimiento y transparencia. Su bloque presentó una iniciativa que contempla un observatorio con indicadores para evaluar la calidad educativa, la inversión en infraestructura y los materiales pedagógicos, además de controlar la ejecución presupuestaria.

La legisladora planteó que la norma tenga una vigencia de dos o tres años y permita proyectar una política educativa de largo plazo. El objetivo, explicó, es sostener salarios, infraestructura y recursos pedagógicos mientras se construyen herramientas para planificar el sistema.

“Necesitamos saber datos concretos y monitorear que esos recursos lleguen efectivamente a las aulas”, concluyó.