El comercio fronterizo, contra las cuerdas: la medida de Aduana que complica aún más a los negocios de Aguas Blancas y Salvador Mazza

Comerciantes y autoridades de Aguas Blancas y Salvador Mazza advierten que las nuevas restricciones de la Aduana argentina al comercio fronterizo agravan una actividad ya golpeada por las trabas que aplica Bolivia. El interventor de Aguas Blancas, Adrián Zigarán, puso el foco en las contradicciones de las disposiciones nacionales y alertó sobre el futuro de las economías de frontera.

Según detalló Zigarán, las nuevas reglas limitan la comercialización de productos como azúcar y harina a envases de hasta 10 kilos y fijan un tope de compra de 150 dólares por día. A eso se suma un contexto de ventas en caída y dificultades crecientes para sostener la actividad comercial.

El funcionario consideró razonable prohibir la venta de combustible en bidones por motivos de seguridad, pero cuestionó que esa medida venga acompañada de restricciones que alcanzan a otros rubros. También manifestó su preocupación por los límites a las ventas al exterior de trigo, soja y maíz, productos clave para la actividad comercial de Salvador Mazza.

El interrogante de fondo

La pregunta central, planteó Zigarán, es qué se busca con estas medidas. Si el objetivo es combatir el contrabando, sostuvo, debería distinguirse entre el comercio legal y el ingreso clandestino de mercaderías. A su entender, limitar las operaciones formales sin ofrecer alternativas puede empujar parte del intercambio hacia pasos ilegales, con menos control y sin el pago de los tributos correspondientes.

El impacto, advirtió, no se limita a los comerciantes. También alcanzaría a los municipios y a la Provincia, que dejarían de percibir ingresos si se reduce la actividad formal. En ese marco, señaló una contradicción entre las restricciones y la inversión provincial destinada a instalar controles para ordenar el tránsito de mercaderías y facilitar la recaudación.

Puestos aduaneros bajo la lupa

Las objeciones también apuntan a la organización de los propios puestos aduaneros. Zigarán cuestionó que, después de trasladar los controles a un Área de Control Integrado, la Aduana haya vuelto a ocupar un puesto cercano al puente internacional, ubicado a poco más de un kilómetro. El cambio, concretado en menos de un año, reabrió dudas sobre los criterios para reorganizar los controles y sobre el aprovechamiento de la infraestructura disponible.

El funcionario advirtió que las medidas del organismo nacional pueden desalentar las ventas legales, reducir la recaudación y favorecer el contrabando, a lo que se suman las trabas que ya aplica Bolivia.

Asimetría y doble discurso

La tensión también se explica por la asimetría que denuncian los comerciantes fronterizos. Del lado boliviano, recordó el interventor, existen límites a las compras, cantidades permitidas, horarios y restricciones por marcas. Ahora, las nuevas disposiciones argentinas agregan dificultades a quienes todavía intentan mantener sus negocios dentro de la legalidad.

Frente a este escenario, algunos comerciantes analizan manifestarse y otros evalúan recurrir a la Justicia.

Las medidas de la Aduana argentina mantienen un clima de incertidumbre por la poca claridad de los objetivos. El debate excede los límites de una resolución aduanera: la discusión de fondo es cómo controlar el contrabando sin desalentar el comercio formal, debilitar la recaudación y agravar la situación de localidades cuya economía depende, en buena medida, del intercambio con Bolivia.

Zigarán afirmó que ya puso la situación en conocimiento del gobernador Gustavo Sáenz y cuestionó la distancia entre el discurso nacional favorable al libre comercio y las restricciones que, según advierte, terminan afectando a las economías de frontera.