El código secreto que delató al taller clandestino de celulares robados en Paraná

Un paranaense fue condenado por la Justicia Federal por operar un taller clandestino donde modificaba el código IMEI de teléfonos robados y los revendía. La pena es de dos años y diez meses de prisión condicional, pero para no ir a la cárcel deberá aprender un oficio.

El Tribunal Oral Federal de Paraná homologó un juicio abreviado y condenó a Josué David Lescano, de 33 años, como autor penalmente responsable de adquisición y utilización de terminales celulares y tarjetas SIM de procedencia ilegítima, agravado por el ánimo de lucro, en concurso real con la alteración de números de serie electrónicos. La pena: dos años y diez meses de prisión de ejecución condicional y el pago de las costas del proceso.

La investigación que terminó con esta condena arrancó el 27 de julio de 2018, cuando el juez de Garantías N° 3 de Paraná, Ricardo Bonazzola, autorizó un allanamiento en una vivienda de calle Jorge Haendel, cerca de Lorenzo Anselmi. El objetivo era encontrar un celular BGH Joy robado. No apareció, pero los policías de la Dirección de Inteligencia Criminal de Entre Ríos se toparon con algo mucho más grande en la habitación del sospechoso.

32 celulares y un taller clandestino

En el lugar se secuestraron 32 aparatos. Dos de ellos, un Samsung J1 Mini y un Huawei, estaban registrados como robados en el Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM). Los peritos determinaron que seis equipos tenían denuncias por robo, hurto o extravío —tres de Telefónica Móviles Argentina S.A. bloqueados entre 2015 y 2017—, siete no tenían etiqueta de IMEI ni registro por software, y 19 presentaban numeración habilitada.

También se incautaron tarjetas SIM de Personal y Claro, micro SD, tablets, netbooks de Conectar Igualdad, dos cajas de liberación "Box" (Octopus y Sigma con llaves "Dongle Key") y una notebook Lenovo de 500 GB. El análisis de la computadora reveló que tenía instaladas herramientas en Windows 10 Pro para liberar teléfonos de su compañía original y habilitarlos para cualquier chip.

Según la investigación, el modus operandi consistía en adquirir equipos usados de origen ilegítimo, sin comprobantes, y en el taller clandestino montado en su casa repararlos, liberarlos y alterarles el número de IMEI —el código que funciona como el DNI del celular— para eludir bloqueos y revenderlos con ganancia.

La pena y la particular condición para no ir a prisión

La jueza Berros analizó la escala penal del concurso real y la reconfiguró entre 1 y 12 años de prisión. Consideró que la pena de dos años y diez meses en suspenso era adecuada y proporcional a la culpabilidad del imputado. Como agravantes, ponderó la dimensión del comercio ilícito y el soporte técnico empleado, y remarcó que Lescano tenía una destreza tecnológica que podría haber aplicado a una actividad laboral lícita. Como atenuantes, tuvo en cuenta su juventud al momento del hecho (25 años), su escolaridad incompleta (tercer año del secundario) y la falta de antecedentes penales.

Junto con la condena condicional y el decomiso de los 32 celulares, las computadoras y las cajas Box, el tribunal le impuso una regla de conducta llamativa: deberá realizar el curso de "Reparador de Electrodomésticos" en la Escuela de Educación Técnica N° 5, Centro de Formación Profesional N° 2 de Paraná, en calle Almafuerte 2.285. Tendrá que acreditar ante el Juzgado de Ejecución su inscripción y aprobación. Si no cumple, le revocan la condicionalidad de la condena.

La causa había comenzado en la justicia provincial, pero el juez de Garantías N° 5, Elvio Garzón, se declaró incompetente y la remitió al Juzgado Federal de Paraná. La Ley 25.891 de Servicios de Comunicaciones Móviles prohíbe la actividad de revendedores no autorizados y la reactivación de equipos robados.