El Chaco tiene 67,9 empleados públicos cada mil habitantes: el mapa que incomoda a los gobernadores

El Estado chaqueño tiene 67,9 agentes cada 1.000 habitantes, un número que ubica a la provincia por encima del promedio nacional de 49,8 y la coloca al tope de la región NEA, según un relevamiento que toma como base datos de la Subsecretaría de Coordinación Fiscal provincial del Ministerio de Economía.

El informe expone las enormes diferencias entre las estructuras estatales de las 23 provincias y la Ciudad de Buenos Aires. Solo cinco jurisdicciones quedan debajo del promedio ponderado del país: Córdoba (32,9), Buenos Aires (37,6), Santa Fe (41,5), Mendoza (43,9) y Salta (48,7).

El ranking completo: quiénes tienen más y menos empleados públicos

En el extremo opuesto aparece Tierra del Fuego, con 139,7 cargos públicos cada 1.000 habitantes. Traducido: más de uno de cada diez fueguinos trabaja en el Estado. La siguen Neuquén (113,6), La Rioja (109,8), Santa Cruz (107,1) y Catamarca (102,7), todas con una proporción superior a un agente cada diez residentes.

En el NEA, el Chaco lidera con 67,9, escoltado por Formosa (67,1), Misiones (50,8) y Corrientes (50,6).

Recortes en la Nación y gobernadores con la caja en rojo

Mientras el gobierno de Javier Milei avanza con un nuevo plan de retiros voluntarios en la Administración Pública Nacional centralizada —lanzado este mes con la mira puesta en las elecciones de 2027—, las provincias afrontan un escenario fiscal complicado. Los gobernadores reclaman recursos para sostener salarios y servicios mientras el gasto corriente y las paritarias presionan sobre sus presupuestos.

La tensión quedó expuesta en abril de 2026, cuando el Poder Ejecutivo dispuso adelantos de coparticipación por hasta $400.000 millones para doce provincias mediante el Decreto 219/2026. La medida alcanzó a Catamarca, Chaco, Chubut, Corrientes, La Rioja, Mendoza, Misiones, Río Negro, Salta, Santa Cruz, Tierra del Fuego y Tucumán.

El propio Gobierno reconoció en los fundamentos que esas jurisdicciones habían manifestado "dificultades financieras transitorias" para atender compromisos urgentes derivados de la ejecución de sus presupuestos y de la amortización de deudas.

Adelantos que hay que devolver: alivio de caja, no plata extra

Los fondos no son una transferencia sin contraprestación: deben reintegrarse dentro del ejercicio fiscal, con intereses y mediante la afectación de recursos coparticipables. Es decir, funcionan como una herramienta de financiamiento para necesidades de caja, no como un auxilio definitivo.

Por eso, el mecanismo no resuelve los problemas estructurales de financiamiento de las administraciones provinciales. Las restricciones presupuestarias pueden repercutir en las negociaciones paritarias, las recomposiciones salariales y la ejecución de políticas públicas.

En jurisdicciones donde el empleo estatal tiene un peso importante en la economía local —como el Chaco—, las decisiones sobre salarios también inciden sobre el consumo y la actividad comercial.

La relación financiera entre Nación y provincias sigue siendo uno de los principales focos de tensión política: los gobernadores cuestionan las decisiones nacionales que afectan las transferencias y la disponibilidad de fondos, mientras el Gobierno nacional profundiza su plan de achicamiento del Estado.