El Chaco bajó al décimo puesto en femicidios, pero sigue entre las provincias más golpeadas
Una tasa de 1,02 cada 100 mil mujeres y un puesto que cambió respecto de los informes anteriores: qué lugar ocupa el Chaco en el nuevo relevamiento nacional de femicidios.
El Chaco se ubicó décimo entre las provincias con mayor incidencia de femicidios, con una tasa de 1,02 casos cada 100 mil mujeres, de acuerdo al último informe del Observatorio de las Violencias de Género Ahora Que Sí Nos Ven, elaborado junto a la Universidad Nacional del Delta.
El relevamiento contabilizó al menos 200 víctimas fatales de violencia machista en todo el país entre el 1 de enero y el 29 de septiembre pasados. Eso equivale a una mujer asesinada cada 33 horas.
La posición chaqueña marca un cambio respecto de otros informes difundidos este año, cuando la provincia aparecía entre las más afectadas. Aun así, el décimo lugar la mantiene dentro del grupo de mayor incidencia.
Qué compone la cifra nacional
Del total de 200 víctimas, el observatorio discriminó 167 femicidios directos, 20 femicidios vinculados, siete instigaciones al suicidio y seis travesticidios o transfemicidios.
La distribución por mes mostró que julio fue el período más letal, con 28 casos. Lo siguieron enero y septiembre, con 26 cada uno, y marzo, con 24. En junio se registraron 21 víctimas; en agosto, 20; en abril, 19; y en febrero y mayo, 18 en cada mes. Los datos de septiembre corresponden al relevamiento realizado hasta el día 29.
El informe también relevó 306 intentos de femicidio y femicidio vinculado, a razón de uno cada 25 horas aproximadamente. Y al menos 202 niñas y niños perdieron a sus madres durante el período.
La situación chaqueña en el mapa nacional
La tasa por población permite dimensionar la incidencia de estos crímenes más allá de la cantidad absoluta de víctimas. El décimo puesto del Chaco corresponde a los casos cada 100 mil mujeres.
El antecedente provincial más marcado fue difundido en junio por el Registro Nacional de Femicidios de la Justicia Argentina, elaborado por la Oficina de la Mujer de la Corte Suprema. Según ese informe, sobre hechos ocurridos durante 2025, el Chaco había registrado once víctimas directas y una tasa de 1,80 cada 100 mil mujeres, la más elevada del país.
En el informe actual, Catamarca encabezó la incidencia con 2,29 casos cada 100 mil mujeres, seguida por Santiago del Estero, con 1,87, y Santa Fe, con 1,80. Detrás aparecieron La Rioja, con 1,52; Salta, con 1,49; Jujuy, con 1,46; Chubut, con 1,31; Corrientes, con 1,14; Entre Ríos, con 1,10; y el Chaco, con 1,02.
Quiénes son los agresores y dónde ocurren los hechos
El vínculo con los agresores volvió a mostrar el peso de la violencia en las relaciones de pareja. En el 41,5% de los casos relevados, el agresor era la pareja de la víctima y, en otro 22,5%, su ex. Ambas categorías reunieron el 64% del registro nacional.
Otro 10% correspondió a familiares y el 5,5% a conocidos. Los desconocidos representaron el 3%, mientras que en el 17,5% no había información sobre el vínculo.
Las viviendas concentraron la mayoría de los hechos. El 41% ocurrió en la casa de la víctima y el 23,5% en el domicilio compartido con el agresor. Otro 7% se produjo en la vivienda del autor. En conjunto, esos espacios reunieron el 71,5% de los casos registrados.
La vía pública fue el escenario del 19,5%, mientras que el 9% restante correspondió a otros lugares o a hechos sin información disponible. Los datos muestran que el espacio doméstico, donde debería existir protección, concentró una parte sustancial de la violencia letal relevada.
Denuncias previas y medidas que no alcanzaron
De las 200 víctimas incluidas en el informe, 28 habían realizado una denuncia previa, equivalentes al 14% del total. Además, 17 contaban con medidas judiciales. Ambas cifras exponen situaciones en las que existían antecedentes conocidos o herramientas de protección que no impidieron los crímenes.
El observatorio reclamó que esas medidas tengan una aplicación efectiva y un seguimiento que permita responder frente al riesgo. «Mientras tanto, siguen fallando las respuestas que deberían proteger a las víctimas», sostuvo en el comunicado difundido junto con las estadísticas.
La organización también cuestionó el rumbo de las políticas nacionales y vinculó el escenario con lo que describió como un desmantelamiento de los dispositivos destinados a prevenir y erradicar la violencia de género. Advirtió, en particular, que el proyecto de presupuesto 2027 enviado al Congreso no contempla partidas para programas como la Línea 144 y Acompañar.
Su conclusión fue contundente: «El Estado es responsable».
El caso de Mónica, el ejemplo que citó el informe
El observatorio puso el caso de Mónica Ligorria como muestra de las fallas en la protección. La mujer, de 49 años, fue asesinada en septiembre por su expareja, Hernán Ayerbe, en Pilar.
Según el comunicado, había denunciado reiteradamente la violencia que sufría y contaba con una restricción perimetral y un botón antipánico. La organización denunció que, cuando volvió a advertir que el agresor tenía un arma, no quisieron tomarle la denuncia.
También reprodujo la respuesta que habría recibido en la comisaría: «Hacé vida normal, la perimetral la tiene él». Días después, fue asesinada.
«Mónica había pedido ayuda. El Estado debía protegerla», expresó el observatorio. El caso fue incluido en el informe para reclamar respuestas efectivas frente a las denuncias y medidas que protejan a quienes están expuestas a situaciones de violencia.
La advertencia sobre la figura penal
Ahora Que Sí Nos Ven también expresó preocupación por el planteo de la defensa de Andrés Di Césare ante la Corte Suprema. Según informó la organización, el hombre fue condenado a prisión perpetua por el femicidio de Julieta González, asesinada en Mendoza en 2016. La joven, de 21 años, estaba embarazada.
El observatorio advirtió que una eventual interpretación restrictiva podría limitar la aplicación de la figura de femicidio a asesinatos cometidos por parejas o ex. El señalamiento se refiere a un riesgo que la organización atribuye al planteo judicial, no a una modificación ya resuelta por el tribunal.
«No se trata solo del caso de Julieta: está en juego cómo la Justicia reconoce, investiga y sanciona los femicidios en nuestro país», sostuvo el comunicado.