El caso del bebé de Rancul vuelve a la carga: quiénes tendrán que sentarse frente a los diputados

La Comisión Especial Investigadora de la Cámara de Diputados de La Pampa dio un paso más en el expediente que sigue de cerca toda la provincia por el caso del bebé de Rancul. El cuerpo legislativo resolvió convocar a declarar a funcionarios de la Dirección de Niñez y Adolescencia, en el marco de la investigación que busca determinar si existieron irregularidades administrativas en la entrega y el posterior retiro del niño.

La citación no alcanza solo a los funcionarios del área. Según informó la propia comisión, también fueron llamados los integrantes de los equipos técnicos y el personal policial que intervino en relación con la familia de contención y que participó del procedimiento del día del egreso.

Una nueva etapa en la investigación

A través de un comunicado, la comisión explicó los motivos de la convocatoria: “La comisión ha resuelto avanzar hacia una nueva etapa de la investigación, disponiendo la convocatoria de los funcionarios de niñez, integrantes de los equipos técnicos y personal policial que intervino respecto a la familia de contención y participó en el procedimiento del día del egreso, a fin de complementar y brindar las aclaraciones que resulten necesarias”.

Las comparecencias fueron programadas para los días martes 20 y miércoles 21, de acuerdo con el cronograma que termine de definir el propio cuerpo legislativo.

Qué material ya tiene la comisión

Antes de esta convocatoria, la comisión ya había recibido las respuestas a los requerimientos de información que oportunamente formuló a los Ministerios de Desarrollo Social y Derechos Humanos, de Seguridad y Justicia, y de Salud.

También se incorporó a la investigación el material audiovisual y fílmico correspondiente a los acontecimientos ocurridos el 7 de septiembre de 2026, que había sido solicitado formalmente a un medio de comunicación.

El origen del conflicto

La investigación legislativa nació a partir del conflicto protagonizado por Joaquín Díaz y Ana Laura Pizzani, la familia de contención de Rancul que reclama la adopción del bebé que tuvo bajo su cuidado.

La pareja se presentó ante la comisión y denunció presuntas “muchas irregularidades” por parte de funcionarios del Gobierno y de la Justicia. Sin embargo, el cuerpo legislativo aclaró que su investigación se concentra en los procedimientos administrativos vinculados con la entrega y el posterior retiro del niño, y no en el proceso judicial de adopción.

La cronología del caso

El bebé llegó a la familia el 20 de marzo de 2026, cuando tenía dos meses, bajo el programa de Familias de Contención, una medida excepcional y transitoria. Al asumir el cuidado, Díaz y Pizzani firmaron un acta en la que aceptaron las condiciones del programa, entre ellas que no podían convertirse en adoptantes del niño.

El 29 de junio, la Justicia declaró al bebé en estado de adoptabilidad y pidió al Registro Único de Aspirantes a Guarda con Fines Adoptivos (RUA) el listado de familias en condiciones de adoptarlo. La pareja reclamó que el niño permaneciera con ellos y pidió la guarda con fines de adopción, planteos que fueron rechazados en distintas instancias judiciales.

El 7 de septiembre, la familia debía entregar al bebé. Fue hasta la Dirección de Niñez y manifestó que no lo daría. Luego fue demorada por la Policía en Castex cuando intentaba dirigirse hacia Rancul. Finalmente regresó a Santa Rosa y el niño fue entregado, después de las 18.30, a la familia seleccionada para iniciar el proceso adoptivo.

Díaz y Pizzani denunciaron que el procedimiento fue violento y cuestionaron la forma en que se concretó el retiro. El Gobierno, en cambio, sostuvo que la intervención de Niñez tuvo como finalidad cumplir con la decisión judicial y que se procuró generar la situación “menos violenta” posible para el bebé.

Quiénes integran la comisión

El cuerpo está integrado por Sandra Fonseca, Silvia Larreta, Gisela Cuadrado y Noelia Viara. Su objetivo es determinar si existieron irregularidades administrativas o institucionales en la intervención de los organismos provinciales y, eventualmente, si corresponde establecer responsabilidades.