El caso del "bebé de Rancul" no se cierra: Diputados apunta a tres ministerios

La Comisión Investigadora de la Cámara de Diputados de La Pampa decidió profundizar la pesquisa por el caso conocido como "bebé de Rancul" y reclamó información concreta a tres carteras del Poder Ejecutivo. El conflicto gira en torno a las presuntas irregularidades administrativas en la Subsecretaría de Niñez, Adolescencia y Familia durante el proceso de adopción del niño.

Qué respondió el Gobierno

La semana anterior, el Ejecutivo provincial había girado a la Legislatura las respuestas que se le habían pedido. En ese escrito aseguró que se actuó conforme al marco legal vigente, con la institucionalidad, el interés superior del niño y el deber de reserva sobre la intimidad de la familia adoptante como ejes rectores.

Sin embargo, la Comisión consideró insuficiente esa contestación y, mediante un comunicado difundido ayer, resolvió continuar con la investigación. Para eso dispuso requerimientos "individuales, específicos y determinados" a los organismos provinciales competentes.

Las aclaraciones al gobernador Ziliotto

En su respuesta al gobernador Sergio Ziliotto, los diputados señalaron que varias de las consideraciones del Ejecutivo "resultan reiterativas respecto de límites que la propia Comisión ya había establecido expresamente". Y remarcaron que no es objeto de esta investigación analizar ni emitir juicio sobre el mérito o la conveniencia de decisiones del Poder Judicial, ni acceder a expedientes judiciales o información sometida a reserva.

La Comisión ratificó que su pesquisa se circunscribe a la actuación administrativa, funcional e institucional de los organismos provinciales: procedimientos, actos administrativos, intervención de equipos técnicos, protocolos, comunicaciones y mecanismos de coordinación, entre otras actuaciones dentro de las competencias de la Administración.

También dejó sentado que "en un Estado de Derecho y bajo el sistema republicano de gobierno, el ejercicio del poder público se encuentra sujeto a límites y controles recíprocos". Y subrayó que es atribución del Poder Legislativo controlar y fiscalizar los actos del Ejecutivo, verificando que se ajusten a la Constitución y las leyes. Esa función, aclararon, "no constituye una intromisión en las competencias del Ejecutivo, sino el ejercicio de una atribución propia del sistema republicano".

Los pedidos a tres ministerios

Atendiendo a las observaciones del propio Ejecutivo sobre la individualización de la información, la Comisión resolvió enviar pedidos separados a los ministerios de Desarrollo Social y Derechos Humanos, de Seguridad y Justicia, y de Salud. En cada caso se delimitó la documentación solicitada según las competencias de cada organismo.

Los requerimientos fijan un plazo de cinco días hábiles. Si la naturaleza o el volumen de los papeles exige más tiempo, el organismo deberá comunicarlo a la Comisión con las razones y una estimación del plazo necesario para completar la respuesta.

Por último, la Comisión informó que hoy se reunirá con las abogadas del caso y ratificó que seguirá investigando dentro de las facultades conferidas, con respeto por las competencias de los otros poderes del Estado y con el debido resguardo de los derechos e identidad de las niñas, niños y adolescentes involucrados.