El cartel dice Cannava, el Gobierno dice que no existe: el insólito cruce que nadie explica
El cartel de ingreso dice Cannava, pero el secretario de Comunicación jura que el predio no existe. ¿Qué encontró la denuncia que desató el papelón y quién queda expuesto?
El Gobierno de Jujuy sostiene que en la finca El Remate no hay nada que ver con Cannava, pero el cartel de ingreso dice lo contrario. La contradicción más fuerte la protagonizó el secretario de Comunicación, Alberto Siufi, al negar la existencia del predio que la propia empresa estatal reconoció operar.
Todo empezó con una denuncia pública. La ex legisladora Cristina Guzmán advirtió sobre la irrupción de una suerte de "Cannava 2" en tierras de Palpalá y marcó la ausencia de decretos, resoluciones o instrumentos que habiliten la cesión del terreno para el cultivo. También apuntó contra la falta de trazabilidad de una firma que, bajo la conducción de Gastón Morales, ya insumió casi 100 millones de dólares en fondos públicos sin balances claros ante los organismos de control.
La respuesta del Estado provincial no tardó en llegar, pero en un sentido inesperado: el propio Gobierno tuvo que admitir que en El Remate la empresa desarrolla su programa de mejoramiento genético de cannabis y que desde 2021 proyecta un banco de germoplasma para producir semillas propias. Los vecinos de la zona, mientras tanto, siguen sin información sobre el alcance real del proyecto en sus tierras.
El Concejo Deliberante de Palpalá quiere respuestas
Ante el silencio oficial, el conflicto escaló al Concejo Deliberante de Palpalá. Desde el bloque del Frente Palpaleño, el concejal Rubén González confirmó la presentación de herramientas legales para exigir informes al Ejecutivo comunal y a la Provincia.
Los ediles quieren saber si la planta tiene las habilitaciones municipales, los planos presentados y las inspecciones de infraestructura, seguridad e higiene. "En primer término nos preguntamos qué pasa con las habilitaciones y los controles, incluso tratándose de una empresa con capital estatal", afirmó González, que recordó que la condición pública no exime a la firma de cumplir las normativas locales. El concejal también reclamó obras y contraprestaciones para los vecinos de El Remate, postergados en servicios básicos como la red de gas natural.
El papelón del vocero oficial
Después de una semana de espera, el secretario de Comunicación, Alberto Siufi, negó el funcionamiento de las instalaciones y desconoció los propios comunicados de la gestión estatal.
"Cannava 2, te reitero, el concepto no existe. No hay forma de que se plante Cannava así en abierto. Lo que salió del Remate no es Cannava 2, no tiene nada que ver el Gobierno con eso", sostuvo el funcionario al ser consultado sobre la producción en el lugar.
La propia página de la empresa se encarga de desmentirlo: "SOMOS UNA EMPRESA PÚBLICA, CONTROLADA ESTATALMENTE POR EL GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE JUJUY (ARGENTINA)". Es decir, sí tiene que ver con el Gobierno, y por completo.
Siufi también se refirió a las medidas de seguridad que exigen los marcos legales para el cultivo de cannabis: "La foto que se ve aérea es una finca donde entra cualquiera y puede llegar a acceder a la plantación cualquiera. Realmente no sé de dónde salió Cannava 2, habría que preguntarle a la doctora Cristina Guzmán". El lugar, vale aclararlo, cuenta con vigilancia.
Los interrogantes que el Gobierno no responde
Las declaraciones del vocero abren preguntas incómodas: ¿cómo puede el secretario de Comunicación desconocer que la propia empresa reconoció operar en El Remate? Si allí se trabaja con material genético de cannabis, ¿por qué el Ejecutivo lo describe como un lugar sin custodia ni protocolos, expuesto a que "ingrese cualquiera"? Y si la finca no pertenece a Cannava, ¿por qué su identificación figura en el ingreso y el propio Estado habla de planes de expansión en el predio?
La falta de explicaciones coherentes profundiza la desconfianza sobre el manejo de los recursos públicos, la seguridad de los predios y la verdadera dimensión de los negocios que rodean a Cannava. En lugar de transparencia, el Gobierno responde con evasivas y con el desconocimiento de sus propias decisiones institucionales.