El campo tendrá su propia ley: qué castigos analizan para los ataques en zonas rurales
Diputados debate este martes dos proyectos que buscan castigar con prisión los ataques al campo: allanamiento, daños a silobolsas y hasta instigación en redes. Qué penas proponen y qué establecimientos quedarían alcanzados.
Las comisiones de Legislación Penal y de Agricultura y Ganadería de la Cámara de Diputados se reúnen este martes para intentar avanzar con una iniciativa que establezca penas específicas para los hechos de vandalismo en el ámbito rural. Hay dos proyectos sobre la mesa, impulsados por los diputados Martín Ardohain (PRO) y Ramiro Gutiérrez (Unión por la Patria).
El encuentro se realizará desde las 14.30 en el segundo piso del Anexo «C» de la Cámara baja. Días atrás, representantes de entidades agropecuarias expusieron su respaldo a la iniciativa en reuniones separadas de ambas comisiones.
Qué propone el proyecto de Ardohain
El texto del legislador pampeano, que preside la Comisión de Agricultura y Ganadería, busca incorporar el artículo 150 bis al Código Penal, que castigaría con prisión de un mes a un año a quien «entrare en establecimiento rural, terreno o sus dependencias, contra la voluntad expresa o presunta de quien tenga derecho de excluirlo».
La iniciativa aclara que «se presume la voluntad de exclusión por la sola existencia de cerramientos, vallas, muros, alambrados o señales que indiquen la prohibición de ingreso». Sin embargo, contempla excepciones: «no se configurará el delito cuando el ingreso responda a una necesidad justificada, razones de auxilio o cuando la configuración del lugar no permita distinguir claramente el límite con la vía pública».
Además, el proyecto prevé incorporar el artículo 184 bis, que establece penas de prisión de 2 a 8 años y multa de 3 a 12 veces «el valor del daño causado» para quien destruya, inutilice o dañe elementos que afecten «de manera directa el ciclo productivo, el stock de materias primas o la infraestructura del establecimiento agropecuario». La norma menciona cereales no cosechados, silobolsas, ganado y leña, entre otros bienes.
La misma pena alcanzará a quien dañe «instalaciones tecnológicas destinadas a la provisión de energía o extracción de agua». La pena mínima se elevará al doble si el autor o quien haya determinado a otro a cometer el hecho fuera funcionario público o se dedicara habitualmente a la actividad agropecuaria.
Por último, se modifica el artículo 209 del Código Penal, que actualmente prevé prisión de 2 a 6 años para quien instigue públicamente a cometer un delito. La reforma agrega que «la pena se aumentará en un tercio si la instigación se realizare a través de medios de comunicación masiva, redes sociales o plataformas digitales».
La propuesta de Gutiérrez
La iniciativa de Gutiérrez, basada en un proyecto que había perdido estado parlamentario, propone incorporar definiciones legales de «peligro común» y «estrago» en el artículo 77 del Código Penal.
También busca añadir el artículo 184 bis para penar con prisión de uno a cuatro años a quien «mediante destrucción, inutilización, vandalismo o cualquier otro medio idóneo de daño, afectare de manera relevante el normal funcionamiento o la continuidad de la actividad de un establecimiento rural, industrial o productivo».
La pena se elevará de dos a seis años cuando «el hecho recayere sobre bienes, insumos o infraestructuras esenciales para el desarrollo de la actividad; fuere cometido por dos o más personas que actuaren de manera coordinada; u ocasionare un perjuicio económico de significativa magnitud».
Finalmente, el texto modifica el artículo 186 para incrementar las penas de prisión de seis a quince años para quien causare estrago doloso en un establecimiento rural, industrial o productivo, y reformula el estrago culposo en el artículo 189 del Código Penal.
