El campo santafesino suma siete fiscales exclusivos para delitos rurales: quiénes son
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El campo santafesino suma siete fiscales exclusivos para delitos rurales: quiénes son

El MPA formalizó la designación de siete fiscales referentes para investigar delitos rurales en las cinco regionales de Santa Fe. La medida responde a un reclamo que los productores venían planteando en las Mesas de Seguridad Rural. ¿Quiénes son los elegidos?

El Ministerio Público de la Acusación (MPA) de Santa Fe formalizó la designación de siete fiscales referentes para investigar delitos rurales en las cinco regionales de la provincia. La resolución apunta a reforzar la respuesta judicial ante hechos que golpean a los establecimientos agropecuarios y a toda la cadena productiva, y llega como respuesta a un reclamo que los productores venían sosteniendo en las Mesas de Seguridad Rural.

La medida fue valorada por los ministerios de Desarrollo Productivo y de Justicia y Seguridad, que la ubicaron entre los planteos concretos que el sector agropecuario llevó a esos espacios de articulación. En esas mesas participan funcionarios provinciales, fiscales, fuerzas de seguridad, gobiernos locales y entidades del sector, con el objetivo de coordinar tareas de prevención e investigación.

Siete nombres para cinco regionales

La resolución del MPA establece un referente por cada fiscalía regional. Para la Regional Nº 1 fue designado Alejandro Benítez; para la Regional Nº 2, Marianela Luna; para la Regional Nº 3, Mauro Menéndez; y para la Regional Nº 4, Juan Sebastián Marichal.

La Regional Nº 5 tendrá tres referentes distribuidos en el territorio: Adrián Soria con sede en Rafaela, Mauricio Spinosa en San Cristóbal y Ricardo Milton Kettler en Tostado.

Los fiscales asumirán el abordaje de los delitos rurales como referentes dentro de sus jurisdicciones. La medida no crea nuevas fiscalías: se trata de una asignación específica para darle un tratamiento más aceitado a este tipo de investigaciones.

En los fundamentos de la resolución, el MPA recordó que los delitos rurales figuran entre sus objetivos de persecución penal priorizados y destacó la participación de la Fiscalía General en la Mesa Provincial de Seguridad Rural, así como la de los fiscales regionales en los encuentros zonales.

Un pedido que viene del sector productivo

La designación responde a una demanda sostenida por las entidades agropecuarias en las reuniones de seguridad rural. Entre los principales planteos figuraban la necesidad de mejorar los canales de denuncia, fortalecer la coordinación de las investigaciones y agilizar las respuestas ante hechos delictivos en establecimientos productivos.

Las mesas fueron retomadas en 2024 y son impulsadas por los ministerios de Desarrollo Productivo, a cargo de Gustavo Puccini, y de Justicia y Seguridad, encabezado por Pablo Cococcioni, en el marco de la política de seguridad del gobernador Maximiliano Pullaro.

Desde entonces, esos ámbitos buscan articular el trabajo entre fiscales, intendentes, presidentes comunales, fuerzas de seguridad y productores. Uno de los objetivos centrales es reforzar la confianza en los mecanismos de denuncia para contar con información que permita mejorar la investigación de los delitos rurales.

Durante los encuentros también se plantearon acciones para fortalecer los controles sanitarios, especialmente en los puntos de comercialización de alimentos.

Prevención y trabajo en el territorio

Las Mesas de Seguridad Rural cuentan además con la participación del Ministerio de Salud, el MPA, la Dirección General de Seguridad Rural Los Pumas, gobiernos locales y organizaciones agropecuarias como Carsfe, Coninagro, Federación Agraria Argentina y Sociedad Rural Argentina.

En cada reunión se analizan las problemáticas particulares de las distintas regiones y se coordinan respuestas vinculadas con la prevención del abigeato, los mecanismos de denuncia, las necesidades de equipamiento y conectividad, los controles y la presencia policial en las zonas productivas.

Con la designación de los siete fiscales referentes, la Provincia suma una herramienta institucional a esa agenda de trabajo conjunto, con el objetivo de mejorar la prevención y la investigación de los delitos que afectan a quienes viven y producen en el campo santafesino.

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