El campo que se llenó de plástico: la Justicia define esta semana si frena el depósito municipal
El campo de Punta Loyola iba a quedar protegido por un relleno sanitario modelo. Lo que llegó, en cambio, fueron camionadas de basura sin compactar y un amparo que lleva un año y medio sin respuesta. Este miércoles vuelve a la Justicia.
La estancia Punta Loyola reclama desde hace más de dos años que las bolsas y residuos del nuevo depósito municipal de Río Gallegos dejan de volar hacia sus campos de pastoreo. El conflicto, que empezó en octubre de 2023, desembarcó en la Justicia y este miércoles tendrá una nueva audiencia ante la jueza María Belén Aybar.
Quien lleva la voz cantante es Javier Álvarez Bento, administrador del establecimiento. En diálogo con Radio LU12 AM680 repasó el recorrido del reclamo: primero intentaron resolverlo por la vía administrativa, sin éxito. "En 2023 no pudimos avanzar mucho. En 2024 nos bicicletearon con que iban a mejorar las cosas y en 2025 no quedó otra que irnos a la vía judicial", contó.
En junio de ese año presentaron un amparo ambiental para exigir una respuesta urgente. Desde entonces, según su relato, el expediente no avanzó al ritmo esperado. "Un amparo es algo que se resuelve inmediatamente. Te dicen sí o no, te tienen que decir ya. Y vamos un año y medio esperando", cuestionó.
Una pluma de dispersión que ya cubre miles de hectáreas
Los relevamientos sobre la denominada pluma de dispersión detectaron alrededor de 5.000 hectáreas afectadas. En uno de los sectores medidos, la contaminación se extiende unos 3.500 metros de oeste a este por 2.000 metros de ancho. Además, profesionales del INTA encontraron plástico en el pasto.
El viento de la zona juega en contra: arrastra bolsas y materiales livianos desde el predio municipal hacia los campos vecinos. Para el productor, la explicación está en que no se cumplió lo que fijaba el estudio de impacto ambiental.
Sin muertes, pero con animales fuera del campo
La presencia de residuos obligó a retirar hacienda de los sectores comprometidos para que no ingiriera plásticos. "Nosotros vivimos de cuidar los animales y de los animales, entonces lo que menos queremos es que se enfermen o que pase algo grave", explicó Álvarez Bento.
Aclaró que hasta ahora no registraron muertes, aunque debieron achicar el uso de esos campos y sacar buena parte de los animales. "Hoy la estoy usando mínimamente con muy pocos animales, porque tampoco me queda otro recurso. Son 5.000 hectáreas, un campo muy bueno, y te queda todo eso sin utilizar", lamentó.
Los corderos también están en la mira: deberán ser retirados antes de que empiecen a alimentarse con pasto de las zonas afectadas. El perjuicio económico ya golpeó la estructura laboral de la estancia, que pertenece a la familia Hamilton y acumula 140 años de historia productiva. Hoy tiene 11 empleados. "Ya tenemos un empleado menos por esto, lamentablemente, porque fue mucha hacienda la que tuvimos que sacar", indicó.
El relleno sanitario que nunca se completó
Según el administrador, el nuevo predio se proyectó como un relleno sanitario que debía recibir residuos previamente compactados en bloques, justamente para evitar que se dispersaran. Pero aseguró que el municipio nunca incorporó la maquinaria para hacerlo. "El proyecto era hermoso. Tenían que traer bloques de basura compactada, como se hace en todas las ciudades. Capaz que se iba a volar algo de plástico, pero iba a ser el 1% de lo que pasa hoy", sostuvo.
En la práctica, describió, los camiones descargan directamente en el terreno y después una máquina los cubre con tierra. "Nunca hicieron la parte fundamental del proceso, que era compactar en Gallegos y traer los bloques compactados. Empezaron a traer basura en camionadas: los camiones vuelcan, se hace una pila y cada tanto van con una máquina y la tapan con tierra", detalló.
Para Álvarez Bento, todo se reduce a un incumplimiento del estudio de impacto ambiental. "En la segunda hoja del estudio de impacto ambiental dice que la basura tiene que venir compactada. No es nada raro, era la piedra fundamental. Se hizo esto para traer basura compactada y te la traen así nomás", disparó.
También apuntó que el nuevo depósito recibe entre el 15% y el 20% de los residuos de Río Gallegos, mientras el antiguo basural sigue operando. "Ni siquiera es que dejaron de tirar en Gallegos y nosotros somos el efecto colateral de que están saneando allá. En el viejo se sigue tirando como toda la vida y, además, contrataron una empresa privada para venir a hacer mugre en otro lado", afirmó.
Qué pide el amparo y qué pasó en la última audiencia
La acción judicial busca frenar la dispersión de residuos y exigir que se cumplan las condiciones previstas para el funcionamiento del depósito. Álvarez Bento advirtió que mientras siga entrando plástico al campo será imposible medir la dimensión definitiva del daño. "Lo que estamos pidiendo en el amparo es que paren con ese proceso que nos tiene de plástico el campo. Cada día que siguen tirando kilos y kilos son años que voy a tardar en recuperarlo. Ese plástico va a estar 200 o 300 años en el campo. Es imposible sacarlo", reprochó.
La nueva audiencia será este miércoles ante la jueza Aybar. El administrador confirmó que se presentará con su abogada, Gabriela Blaser, y que el municipio también tendrá representación legal.
La anterior tuvo lugar en agosto de 2025, cuando se dispuso una inspección ocular que se concretó en diciembre. Desde entonces, según indicó, no recibieron novedades sobre la causa. "El daño que nos están haciendo era completamente evitable. Estaban todas las medidas, pero después nunca se controló que hicieran lo que tenían que hacer", concluyó.
