El campo liquidaría una cosecha récord, pero la plata no queda en el campo

El Presupuesto Nacional 2027 apuesta a una cosecha sin precedentes para sostener la recaudación, mientras los organismos técnicos que controlan y certifican esa producción siguen perdiendo financiamiento. El Programa de Investigación sobre Comercio de Granos de la UBA (PROINGRA) radiografió el proyecto y detectó una doble tensión: el agro genera divisas y estabilidad, pero la inversión pública sectorial queda relegada.

Según el segundo informe de coyuntura del PROINGRA, la campaña 2025/2026 alcanzaría las 170 millones de toneladas, un 16,4% por encima del récord de 2018/19. El maíz marcaría un máximo histórico con 71,7 millones de toneladas, seguido por el trigo con 27,9 millones y el girasol con 7,5 millones.

Más cosecha, más retenciones

La contracara de ese volumen es la recaudación por derechos de exportación, que crecería 41,3% nominal en 2027 y pasaría de representar 0,75% a 0,85% del PIB. El incremento se explica por la baja base de comparación de 2026 y por el mayor saldo exportable, aun con la reducción gradual de alícuotas fijada por los decretos 423/26 y 566/26.

El informe sugiere que no habría nuevas modificaciones en las retenciones más allá de las anunciadas a principios de año. Para 2027 se espera una baja de 0,025% en la soja —que totalizaría tres puntos porcentuales— y una reducción de un punto para el maíz. La zanahoria para los productores llegaría hacia 2028, con una quita de cinco puntos por mes que dejaría a la soja en 15 puntos a fin de ese año.

“La cosecha proyectada de 170 millones de toneladas supera en 16,4% el máximo de 2018/19 y amplía la base exportable; sin embargo, el crecimiento de 41,3% de las retenciones indica que una parte significativa de esa mejora se transformará en ingresos fiscales”, señala el documento.

El Estado se corre y deja que paguen los beneficios

Mientras la inversión pública directa para el sector queda limitada, los beneficios tributarios se convierten en el principal canal de apoyo estatal. Según el PROINGRA, suman al menos $6.811.798,3 millones en 2027, equivalentes a 14,4 veces el presupuesto de la función Agricultura, Ganadería y Pesca.

La alícuota reducida del IVA concentra cerca del 69,5% de ese total, con un gasto tributario estimado de $4.735.474,2 millones (0,33% del PIB) por la venta de carnes, frutas, miel, legumbres y hortalizas al 10,5%. La exención a los biocombustibles representa alrededor del 15,3% ($1.041.898,7 millones) y el pago a cuenta del gasoil, un 15,1%. La detracción de contribuciones patronales aporta una proporción marginal: $3.897,4 millones, menos del 0,1% del conjunto.

“Se trata de recaudación resignada y no de una transferencia presupuestaria directa al productor; su incidencia económica puede distribuirse entre productores, intermediarios y consumidores”, aclaran desde el programa de la UBA.

Los organismos que quedan en terapia

El ajuste golpea a todos los entes técnicos. Tomando como referencia el presupuesto propuesto para 2023 y expresado en valores constantes de agosto de 2026, los créditos de 2027 muestran pérdidas reales en cada uno de los organismos analizados.

El INTI es el más castigado: conserva solo el 35% de su nivel de 2023. El INTA mantiene la mitad de su presupuesto de hace tres años. Le siguen el INV con el 53%, el SENASA con el 54%, el Servicio Meteorológico Nacional con el 63%, el INIDEP con el 76% y el INASE, que retiene el 79% y exhibe la mejor situación relativa.

El informe advierte que este desfinanciamiento ocurre justo cuando el comercio internacional exige estándares más altos, que pueden funcionar como barreras paraarancelarias. “Una menor capacidad de control, certificación y trazabilidad puede afectar a las economías regionales, limitar el acceso a mercados y debilitar el desempeño exportador de sus producciones”, concluye el trabajo.