El campo bonaerense le pide a SENASA frenar la nueva norma de vacunación contra la aftosa: qué dice el ministro

Un frente unánime del sector productivo, profesional e institucional de la provincia de Buenos Aires se alineó para encender las alarmas sobre el futuro del estatus sanitario ganadero. Durante la última reunión de la Comisión Provincial de Sanidad Animal (COPROSA), las principales entidades del campo y las autoridades del ministerio de Desarrollo Agrario provincial aprobaron una moción que exige al Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA) revisar de manera integral la Resolución 201/2026 y dejar sin efecto la derogación del marco normativo vigente hasta alcanzar un consenso real entre las partes.

La normativa en cuestión introduce cambios estructurales en el sistema de vacunación obligatoria contra la fiebre aftosa y la brucelosis bovina, habilitando la participación de veterinarios independientes sin vínculo con los entes sanitarios locales a partir del 1° de enero de 2027. Actualmente, las campañas se ejecutan mediante un esquema cooperativo y solidario donde los propios productores integran las fundaciones y entes regionales encargados de fiscalizar, organizar la logística y garantizar la cobertura en el 100% del territorio.

La postura bonaerense contó con los votos afirmativos del ministerio de Desarrollo Agrario, el Colegio de Veterinarios provincial (CVPBA), la Federación Agraria Argentina (FAA), Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (CARBAP), CONINAGRO y las Regiones Sanitarias 1, 2, 3 y 4, mientras que el SENASA se abstuvo por ser el organismo destinatario.

Sin sustento técnico demostrado

El eje central del reclamo radica en la falta de justificaciones sanitarias que avalen un giro de esta magnitud. Durante el debate, los representantes técnicos señalaron que no se presentaron evidencias que demuestren que la apertura del sistema hacia profesionales independientes se traduzca en un salto cualitativo en la inmunidad del rodeo o en el control epidemiológico.

El ministro de Desarrollo Agrario bonaerense, Javier Rodríguez, enfatizó la fragilidad conceptual del proyecto nacional: “La verdad que acá no se ha expresado ninguna ventaja en términos sanitarios de la Resolución 201. Nadie ha dicho que en función de esto el sistema va a mejorar. Si ponemos el eje en los aspectos sanitarios, acá no ha habido ninguna argumentación a favor”.

Las entidades coinciden en que desarmar una red operativa articulada durante décadas sin un reemplazo superador pone en riesgo la trazabilidad y la cobertura uniforme que le permitieron a la Argentina consolidar mercados internacionales de carne de alto valor.

Alerta por los pequeños productores

Más allá del aspecto epidemiológico, la mayor preocupación socioeconómica apunta a la sustentabilidad del pequeño y mediano productor. El modelo vigente de entes sanitarios funciona bajo un principio de ecualización de costos y solidaridad: el costo operativo por dosis se prorratea para que la asistencia llegue al mismo valor a un establecimiento con miles de cabezas que a una chacra con un rodeo reducido.

De abrirse el mercado a la contratación individual, el incentivo económico para los profesionales independientes estará volcado hacia los grandes establecimientos por escala y distancia. Si las haciendas más grandes abandonan los entes locales, la estructura colectiva sufrirá un desfinanciamiento inmediato, encareciendo el servicio para la agricultura familiar o dejando rodeos directamente sin vacunar.

Rodríguez ilustró la problemática al señalar que “un profesional independiente, cuando tiene que definir el costo, va a tener mayores dificultades para ir a un productor donde tiene que vacunar a cinco animales que cuando tiene que vacunar a cien”. Bajo esa premisa, advirtió que la pérdida de territorialidad provocará que “muchos de los productores con escalas más reducidas queden desatendidos porque el veterinario no va a ir”.

Exigen certidumbre operativa

El último punto de fricción es la incertidumbre con la que se pretende implementar la medida. A pocos meses de iniciar los preparativos para el ciclo productivo 2027, el SENASA no detalló cómo se articularán las fiscalizaciones, el registro de stock, la emisión de actas ni la responsabilidad técnica entre los entes tradicionales y los nuevos actores independientes.

La COPROSA remarcó que improvisar en materia sanitaria representa un riesgo inaceptable para la ganadería nacional. “No podemos esperar hasta el 21 de diciembre para que el 31 digan si se prorroga un año o no”, reclamó el funcionario provincial.

Por este motivo, el pedido formal elevado al organismo sanitario nacional solicita frenar la derogación de la Resolución 368/2011, adecuar cualquier esquema nuevo a la Ley Nacional de Fiebre Aftosa N.° 24.305 y convocar a una mesa de trabajo conjunta. La comisión sanitaria de Buenos Aires pidió que la vía para modernizar los procesos sea la construcción de consensos, resguardando la fortaleza institucional que construyó el campo argentino para proteger la sanidad del rodeo patrio.