El campo argentino perdió US$8.600 millones al año por los impuestos: el motivo que lo dejó último en el mundo

La Argentina volvió a quedar en el fondo de la tabla. Un informe de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) ubicó al país en el último puesto entre 56 naciones evaluadas en materia de apoyo a los productores agropecuarios: las políticas públicas le quitaron al sector cerca del 15% de sus ingresos brutos durante 2025.

El dato surge del trabajo Agricultural Policy Monitoring and Evaluation 2026, que mide con el indicador Estimado de Apoyo al Productor (PSE, por sus siglas en inglés) cuánto ganan o pierden los productores por impuestos, trabas comerciales, subsidios y otras decisiones de los gobiernos.

Los números que explican el último puesto

Entre 2023 y 2025, el apoyo negativo a los productores argentinos promedió US$8.600 millones por año, lo que equivale al 13,5% de sus ingresos brutos agropecuarios. El indicador marcó -15,1% en 2024 y -15% en 2025, con una caída que casi no se movió pese a las medidas oficiales.

La serie histórica muestra vaivenes fuertes: entre 2000 y 2002 el registro había sido de -8,6%, mientras que en 2014 tocó el piso de -38,6%.

El trabajo también calcula que el apoyo total al sector fue negativo en US$9.200 millones durante 2025, una cifra equivalente al 1,36% del PBI. Ese número incluye el gasto público en servicios para el agro, que llegó a US$316 millones. Del otro lado, los consumidores se beneficiaron con unos US$2.400 millones por los menores precios internos de algunos productos.

Qué dicen desde la OCDE y qué responde el sector

El organismo no duda sobre el origen del problema. “El apoyo total de la Argentina a la agricultura ha sido negativo desde principios de la década de 2000, en gran medida debido a los impuestos a las exportaciones que reducen los precios internos que reciben los productores”, señala el informe.

La comparación regional deja al país en una situación incómoda. La India, el otro caso con resultado negativo fuerte, promedió -9,2% entre 2023 y 2025. Brasil, en cambio, mostró un apoyo positivo del 2,6%.

El economista David Miazzo analizó los datos y fue directo: “Mientras en prácticamente todos los países del mundo se apoya y se subsidia la producción agropecuaria, en Argentina se le ponen impuestos excesivos. Es una cancha claramente inclinada en contra de nuestros productores”.

Sobre el efecto de las retenciones, coincidió con el diagnóstico de la OCDE: “Esto, claramente lo hemos dicho muchas veces, reduce la capacidad de reinversión, de adopción de tecnología y de crecimiento de la producción”.

Las rebajas que el informe no llega a reflejar

El estudio registra parte de las reducciones aplicadas por el gobierno de Javier Milei durante 2025. En septiembre hubo una suspensión temporal para la soja y sus derivados, con un tope de US$7.000 millones, y en diciembre se establecieron bajas permanentes.

Así, la soja pasó del 26% al 24% y sus derivados del 24,5% al 22,5%. El trigo y la cebada bajaron del 9,5% al 7,5%; el maíz y el sorgo, del 9,5% al 8,5%; el girasol, del 5,5% al 4,5%, y la carne, del 6,75% al 5%.

También se eliminaron retenciones para economías regionales como el azúcar, el algodón, el arroz, el tabaco y los productos forestales. Sin embargo, el indicador de 2025 todavía no refleja del todo esas bajas de fin de año.

Y hay más: como el informe toma datos de 2025, tampoco contempla las reducciones de 2026. En junio de ese año, el Gobierno bajó el trigo y la cebada del 7,5% al 5,5% y armó un cronograma de reducción gradual para soja, maíz, sorgo y girasol entre enero de 2027 y diciembre de 2028. Según ese esquema, la soja irá del 24% al 15% y el maíz del 8,5% al 5,5% hacia fines de 2028.

Miazzo reconoció avances: “Se redujeron los derechos de exportación en productos clave, se eliminaron en varios otros de las economías regionales, desaparecieron las restricciones cuantitativas a las exportaciones, ya no hay cierres de exportaciones, cuotas ni prohibiciones de cortes”. Aun así, advirtió que las retenciones siguen siendo el factor principal detrás del resultado negativo, sobre todo por el peso de la soja en las exportaciones.

Las recomendaciones y la deuda pendiente

La OCDE pidió “reducir gradualmente los impuestos a las exportaciones y evitar las restricciones comerciales ad hoc como parte de una reforma tributaria más amplia y previsible”. Y sumó una advertencia: “Los cambios frecuentes en las medidas de exportación, los impuestos y las condiciones macroeconómicas generan incertidumbre y desalientan la inversión”.

El organismo también sugirió “reorientar el gasto público hacia los servicios generales, en particular la innovación agropecuaria, la extensión y la infraestructura”, además de fortalecer las herramientas frente a los riesgos climáticos y mejorar el acceso de los pequeños productores a los mercados.

Miazzo amplió el reclamo a los tres niveles de gobierno: tasas viales y de inspección en los municipios, Ingresos Brutos en las provincias y continuidad de la baja de retenciones a nivel nacional. También pidió mejoras en infraestructura, crédito, apertura de mercados y fortalecimiento del Senasa.

En ese punto, remarcó que el agro no logra aprovechar dos regímenes de incentivos a la inversión: “El RIMI, que quedó muy lejos para las PyMEs agropecuarias, especialmente las de las medianas, y el RIGI que excluye completamente a la agroindustria”. Para el economista, ambos quedaron mal diseñados desde la perspectiva del sector.

La OCDE, en tanto, reconoció el potencial del agro argentino, al que describió como “altamente competitivo y fuertemente orientado a la exportación”. Miazzo cerró con una frase que resume el diagnóstico: “El agro argentino es competitivo a pesar de las políticas y no gracias a ellas”.