El camarista federal que enfrenta un duro revés judicial en Córdoba

La Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba, el máximo tribunal federal de la provincia, quedó envuelta en una tormenta institucional. Dos de sus integrantes, los camaristas Abel Sánchez Torres y Graciela Montesi, están bajo la lupa de la justicia por presuntas irregularidades en el manejo de causas sensibles.

El juez federal Alejandro Sánchez Freytes, a cargo del Juzgado Federal N°2 de Córdoba, dictó el procesamiento de Sánchez Torres por dos delitos: abuso de autoridad en la causa "Humanes" y lesiones graves calificadas por violencia de género contra la secretaria judicial Celina Laje Anaya.

En el mismo expediente, la camarista Montesi fue sobreseída y recibió falta de mérito en otro de los hechos donde ambos estaban sindicados por abuso de autoridad.

La investigación es impulsada por el Ministerio Público Fiscal, representado por los fiscales Pablo Nicolás Turano y Maximiliano Hairabedián, quienes sostienen las acusaciones.

Dos causas, dos maniobras sospechosas

El primero de los hechos, conocido como causa "Padilla", ocurrió a fines de 2023. Según la imputación, los magistrados habrían manipulado la integración de la Sala A de la Cámara para evitar la intervención legal de la jueza subrogante Liliana Navarro y así dictar un fallo favorable de manera irregular, violando el principio del juez natural.

El segundo episodio, la causa "Humanes", se remonta a diciembre de 2023. De acuerdo con las subrogancias establecidas por la ley 27.439 y el acuerdo 316/2023, Sánchez Torres tomó decisiones contrarias a esa normativa al disponer que la Sala B de la Cámara Federal fuera integrada con Montesi.

Fue entonces cuando Laje Anaya, secretaria penal del tribunal, advirtió la irregularidad y se negó a certificar esa conformación por ir contra el marco legal. Pese a ello, según la acusación, Torres insistió y dispuso la integración por decreto, otorgándole al expediente el trámite de "preferente despacho". Allí se habría configurado el abuso de autoridad.

El costo humano de la negativa

La negativa de Laje Anaya a firmar el certificado desencadenó, según la imputación, una serie de represalias por parte de Sánchez Torres. El maltrato y hostigamiento sistemático derivaron en lesiones graves calificadas por violencia de género.

Una junta médica determinó que la funcionaria padecía "trastorno por estrés post-traumático - episodio depresivo moderado". Depresión, crisis de ansiedad y pánico la mantuvieron más de un año de licencia.

En este tramo de la causa, la camarista Montesi quedó parcialmente sobreseída.

Ambos hechos están vinculados a investigaciones por evasión tributaria relacionadas con la cerealera Bunge, un entramado que salpica al máximo tribunal federal de Córdoba y promete más capítulos judiciales.