El bloque opositor votó en contra de los tres proyectos del Ejecutivo y expuso en el recinto los números que más les preocupan: una partida de más de $63 mil millones sin desglose y un gasto que crece muy por encima de la inflación. ¿Qué pasará con los fondos?
Comunidad Organizada rechazó el Presupuesto Provincial 2027, la Ley Impositiva y la ampliación presupuestaria en la sesión ordinaria de la Cámara de Diputados de La Pampa. Los diputados Maximiliano Aliaga y Sandra Fonseca argumentaron su postura con críticas a la presión fiscal, el aumento del gasto público, la falta de transparencia y las partidas para áreas esenciales.
Ley Impositiva: "trasladar todo el peso del ajuste sobre el bolsillo de los pampeanos"
Aliaga abrió el debate señalando que el Ejecutivo justifica el proyecto en un mercado interno deprimido, la caída de la coparticipación y el retiro del Estado Nacional. Sin embargo, sostuvo que al analizar el articulado "vemos que la respuesta del gobierno provincial frente a esta crisis no es aliviar al que produce, al que comercia o al que trabaja, sino trasladar todo el peso del ajuste sobre el bolsillo de los pampeanos".
El legislador cuestionó que se actualicen los importes fijos y mínimos según la inflación sin incluir "ni una sola línea sobre un programa de austeridad de gasto político provincial". También advirtió que mantener la presión de Ingresos Brutos en un contexto recesivo "solo sirve para asfixiar aún más la actividad económica en lugar de reactivarla".
En cuanto al agro, recordó que el propio subsecretario de Hacienda reconoció que el sector soporta una carga fiscal elevadísima y sostiene el sistema con sus saldos a favor en el CAVI de Rentas.
Aliaga puso la lupa sobre el régimen simplificado provincial: solo alcanza a las categorías A y B, dejando afuera a los pequeños y medianos comerciantes de la categoría C en adelante. También criticó el reemplazo de la Ley de Cuota Cero generalizada para la industria por un esquema de créditos fiscales de la Ley 2304: "Cambiar reglas claras y parejas para todos por un incentivo que se asigna de manera selectiva es sumar burocracia, discrecionalidad, donde debería haber previsibilidad para invertir".
El diputado se refirió a los pisos para terrenos baldíos ($102.400) y el inmobiliario rural ($288.600), que afectan a familias, herederos y productores del interior. También cuestionó que el artículo 41 exija pagar por adelantado todo el impuesto proyectado para 2027 para trámites básicos de subdivisión, unificación o escritura. Y sumó su preocupación por las disposiciones sobre chats y correos electrónicos como prueba en juicio, al considerar que "abre una puerta muy delicada a la intromisión y sobre el control de la correspondencia privada de los pampeanos".
Sobre el SIRCREB, fue tajante: "Es una sustracción ilegal sobre las cuentas privadas de los pampeanos que se sigue ejerciendo". Y cerró: "Por estas razones desde nuestro bloque no podemos acompañar este proyecto tal como está planteado y exigimos verdadero incentivo a la producción y un alivio fiscal real para todos los pampeanos".
Presupuesto 2027: seguridad, niñez, salud y educación bajo la lupa
La diputada Sandra Fonseca abordó el rechazo al Presupuesto Provincial para el ejercicio 2027 y se centró en varios ejes. En Seguridad, denunció una "situación por lo menos grave de anomalía institucional" en la Policía de La Pampa por la falta de una ley de seguridad ciudadana que no fue reglamentada en plazo: "Nosotros generamos leyes y el Poder Ejecutivo hace lo que quiere". Advirtió sobre las condiciones laborales y salariales, la desproporción en la pirámide salarial y los retrasos en adicionales. Y mencionó la grave situación de salud mental: "Ha habido 16 casos de suicidios".
Fonseca recordó que Comunidad Organizada impulsa desde hace años la creación de una mesa salarial policial para que los trabajadores puedan discutir sus condiciones. No se trata de una agremiación, aclaró, sino de dar respuesta a una demanda de un sector que no es escuchado.
También marcó la falta de prevención en Seguridad Vial y apuntó al ministro Di Napoli por no convocar el Comité Ejecutivo del Consejo Provincial de Tránsito para discutir la implementación ilegal de la RTO en Santa Rosa.
En políticas sociales, reclamó la implementación de la Ley Provincial N° 2703 de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes y cuestionó que no tenga una partida presupuestaria identificada. Recordó que la ley exige que el presupuesto anual identifique las partidas necesarias y que los fondos sean intangibles. Advirtió sobre la falta de unidades locales de Niñez y equipos especializados en distintas localidades: "El sistema de protección de la Niñez está desguarnecido". Y criticó que los equipos que intervienen en situaciones de mayor vulnerabilidad estén integrados por trabajadores precarizados.
En educación, cuestionó la falta de previsiones para garantizar la obligatoriedad de la sala de tres años, la necesidad de nuevos espacios y docentes, las deficiencias en formación docente y las dificultades en educación inclusiva.
En Salud, apuntó contra la fábrica de medicamentos: tras haberse destinado más de 2 millones de dólares de recursos pampeanos a su construcción, ahora se pretende negociar su funcionamiento como empresa privada. "Nosotros pusimos plata, hicimos la fábrica de medicamentos, ahora está el fideicomiso, pero va a venir un privado y se la lleva", expresó.
"El mismo libreto de siempre" y los números del gasto
Aliaga volvió sobre el Presupuesto 2027: "Más que una defensa técnica del presupuesto, lo que escuchamos fue el mismo libreto de siempre, intentar responsabilizar al gobierno nacional por la falta de dinero, por la falta de voluntad de la provincia para ordenar sus propias cuentas".
Y agregó: "El gobierno de La Pampa frente a una caída de recursos, insiste en sostener una estructura estatal sobredimensionada". Al analizar los números, advirtió que el incremento interanual del 40,5% implica que "el gobierno provincial proyecta aumentar el gasto público casi al doble de la inflación esperada. Eso no es austeridad, ni estrechez, es seguir expandiendo el gasto por encima de la economía real".
Remarcó que casi el 80% del presupuesto corresponde a erogaciones corrientes, mientras que la obra pública real representa apenas el 8,6%. Cuestionó la falta de controles en fideicomisos, la flota aérea provincial, el Fondo de Vialidad y el área hidrocarburífera El Medanito, que consideró "la gran espada de Damocles que pesa sobre el pueblo pampeano" por el daño ambiental cuya remediación demandaría más de 50 millones de dólares.
"Este presupuesto consolida el gasto político, castiga la inversión real y demuestra que el problema de La Pampa no es la falta de recursos, sino las malas prioridades adjudicadas por el gobierno de Ziliotto", concluyó.
Ampliación presupuestaria: $63.455 millones sin desglose
El bloque también rechazó el proyecto de ampliación presupuestaria enviado por el Ejecutivo, cuestionando la delegación de facultades extraordinarias al gobernador, el manejo discrecional de fondos afectados y la falta de transparencia. Aliaga explicó: "El proyecto busca habilitar al gobernador a reestructurar partidas presupuestarias de manera discrecional y a utilizar transitoriamente fondos que tienen un destino específico por ley. No vamos a convalidar que, bajo el argumento de una ampliación presupuestaria, se avance sobre las facultades de control de esta Cámara y se disponga libremente de recursos que pertenecen a todos los pampeanos".
El dato que más preocupa al bloque es que más del 58% de la ampliación (63.455.162.800 sobre un total de 108.600 millones) se concentra en una partida global denominada "Crédito Personal Reservado", bajo la órbita de la Contaduría General. "Estamos hablando de más de 63 mil millones de pesos sin un desglose detallado que permita conocer con precisión cómo y a quiénes se van a destinar esos fondos. No alcanza con decir que se trata de recursos para afrontar salarios. La ciudadanía tiene derecho a saber cómo se administra cada peso del presupuesto público y el Poder Ejecutivo tiene la obligación de rendir cuentas", manifestó.
Aliaga vinculó esta ampliación con las advertencias que el bloque hizo durante el Presupuesto 2026, cuando el Gobierno proyectó una inflación anual del 10,1% que luego fue muy diferente: "Lo advertimos cuando discutimos el presupuesto: las previsiones del Gobierno no reflejaban la realidad económica. Ahora, a pocos meses de finalizar el ejercicio, estamos frente a una ampliación de más de 108 mil millones de pesos. Esto demuestra las consecuencias de elaborar presupuestos sin previsibilidad y con estimaciones que no se corresponden con la realidad".
El diputado también cuestionó las prioridades: mientras se engrosan partidas globales reservadas, salud, seguridad y educación siguen con necesidades de funcionamiento, desde combustibles e insumos hasta alimentos y limpieza. Sumó los atrasos en viviendas y obras de infraestructura escolar. "Los recursos tienen que estar donde están las necesidades de los pampeanos. No podemos naturalizar que se concentren miles de millones en partidas que no tienen suficiente transparencia, mientras las áreas esenciales y las obras que necesita la provincia siguen esperando respuestas".
Frente a la caída de recursos, criticó que la respuesta del Gobierno sea responsabilizar a la Nación por la coparticipación, recurrir a otros $8.000 millones de financiamiento y disponer de fondos afectados, sin un plan concreto de reducción del gasto político y administrativo. "En ningún momento vemos un verdadero plan de austeridad que revise los gastos improductivos de la política. Tampoco encontramos medidas orientadas a reducir la presión fiscal y generar condiciones para que el sector privado pampeano pueda invertir, producir y crear empleo genuino. La salida no puede ser siempre más deuda, más discrecionalidad y más presión sobre los recursos públicos".
Para Aliaga, el proyecto no es solo una herramienta técnica de administración financiera, sino una discusión de fondo sobre el manejo de los recursos públicos, la división de poderes y las prioridades del Estado. "Desde Comunidad Organizada votamos en contra porque no vamos a ser cómplices de un esquema que permite utilizar discrecionalmente fondos afectados por ley, comprometer recursos mediante nuevo financiamiento y concentrar facultades en el Poder Ejecutivo sin las garantías necesarias de transparencia y control legislativo".
"Exigimos que el Gobierno transparente cada peso, explique detalladamente el destino de los fondos destinados a salarios y presente un verdadero plan de ordenamiento fiscal que priorice los servicios esenciales, la obra pública y la producción pampeana", concluyó.
