El bloque que pidió explicaciones en la Legislatura y la respuesta que nadie esperaba

La última sesión en la Legislatura de Formosa dejó un sabor amargo para la oposición. El bloque de diputados provinciales de la UCR, con la firma de sus cinco legisladores, pidió que el ministro de Educación, Julio Aráoz, diera explicaciones sobre denuncias que involucran a delegados zonales del interior. La bancada oficialista bloqueó la citación de manera rotunda y el pedido quedó sin respuesta.

El presidente del bloque radical, Juan Carlos Amarilla, analizó lo ocurrido en diálogo con Fernando López y Daniel Moreira Viera en el programa Algo Está Pasando, por FM VLU 88.5 (Grupo de Medios TVO). Para el legislador, lo sucedido en el recinto expuso algo más profundo: el respaldo del Partido Justicialista a prácticas que la oposición cuestiona.

"Nosotros planteamos, todo el bloque de la UCR con la firma de los cinco legisladores, la citación del ministro, que es una facultad que tenemos y al mismo tiempo un derecho de los ministros ante determinadas acusaciones", recordó Amarilla. Y apuntó contra el rol que cumplen los delegados zonales: "En todo el país se habló de lo que pasó en Formosa respecto a esta funcionaria, esta delegada zonal, que pasaron a ser ahora los delegados políticos del gobierno".

Adoctrinamiento y recursos públicos en las escuelas

El diputado fue más allá y sostuvo que la función de estos delegados no está orientada a resolver las demandas del sistema educativo, sino a imponer bajadas de línea político-partidarias. "Ustedes lo escucharon, el país escuchó que había una decisión de que los docentes tomaran nota del reclamo del gobierno de que quede totalmente esclarecido en la mente de cada uno de los niños que el gobierno de la provincia, a través de Gildo Insfrán, le daba determinados útiles escolares", enfatizó.

Para la oposición, la postura del oficialismo en el recinto dejó al descubierto el respaldo institucional a estas prácticas. "El Partido Justicialista demostró que es una política propia y que por lo tanto goza de su respaldo. No solamente defendieron a la funcionaria, sino que ejercieron una protección sobre el ministro de Educación, que tiene la obligación ante el requerimiento de los legisladores de venir y dar las explicaciones correspondientes", expresó.

Amarilla también cuestionó el uso de recursos del Estado para promocionar figuras políticas en el ámbito escolar. "Quedó claro que esta es la manera en que entienden la actividad estatal. Cuando se reparten útiles, personifican en la figura del gobernador, pero se enojan cuando uno les dice que es propio del fascismo este procedimiento donde se utilizan recursos del Estado para promoción individual", disparó.

El mecanismo constitucional que no se respeta

El legislador recordó que los mecanismos de fiscalización del Poder Ejecutivo han sido bloqueados en repetidas oportunidades. "La Constitución exige diez firmas para que, sin mayor trámite, un ministro venga y dé las explicaciones correspondientes a una cámara. En su momento juntamos las diez firmas y tampoco vinieron. Evidentemente no respetan la Constitución ni el reglamento interno de la Cámara", señaló.

Y contrastó con otras épocas: "Lo normal en un cuerpo colegiado en democracia es que si hay dudas o un manto de sospechas sobre determinadas actuaciones, los funcionarios vengan y aclaren. Antes venían al bloque, a las comisiones o al recinto. Esto es parte de la crisis institucional".

Un fallo con olor a dictadura

Durante la entrevista, Amarilla también se pronunció sobre la reciente condena del juez de paz de Las Lomitas, Omar Padilla, contra periodistas de La Nación+, resolución fundamentada en un Código de Faltas sancionado en 1979, durante el régimen militar.

Sobre la designación del magistrado, explicó: "La facilidad con que designan a un verdadero dirigente político partidario del justicialismo es porque sale por acuerdo del Superior Tribunal de Justicia, no hay un paso por el Consejo de la Magistratura. Hay una incompatibilidad ética".

Y repudió el fallo: "Se invoca la violación del Código de Faltas de 1979, de la época de la dictadura militar. Esas disposiciones han quedado en desuso. Si uno está obligado como periodista a informar lo que va a hacer, de alguna manera está reconociendo la potestad del gobierno por sobre el derecho constitucional de ejercer el derecho de informar".

Para cerrar, advirtió sobre las implicancias constitucionales: "A este fallo se lo está poniendo por encima del artículo 14, del artículo 32 y del artículo 75 inciso 22 de la Constitución Nacional. Es gravísimo lo que sucedió porque otra vez aparecemos en toda la Argentina como que en Formosa seguimos dando plena vigencia a disposiciones de la dictadura militar", concluyó.