El bloque que frenó todo en el INYM y ahora suma el respaldo de los productores

Cinco organizaciones yerbateras salieron a respaldar a los directores del INYM que la semana pasada trabaron las iniciativas más controvertidas del organismo, entre ellas designaciones clave, la posible venta de inmuebles y un proyecto para darle nuevos usos al palo de descarte. El apoyo público busca consolidar el frente interno que se visibilizó en la reunión del 27 de agosto.

El pronunciamiento lleva las firmas de la Asociación Civil de Productores Yerbateros del Norte, la Asociación de Productores Agropecuarios de Misiones, la Asociación de Productores Yerbateros y Tareferos del Alto Uruguay, la Asociación Civil Impulso Yerbatero y el Movimiento Agrario de Misiones. Todas coincidieron en destacar la actuación de Ricardo Maciel (representante del Gobierno de Misiones), Ramón Sorondo (trabajadores rurales), Roberto Ferreyra (producción) y Gerardo Vallejos y Elián Genski (cooperativas), quienes decidieron retirarse de la reunión y dejar al Directorio sin quórum.

Qué frenaron los directores

La discusión por las designaciones para la Gerencia General, Auditoría Interna y Fiscalizador Móvil-Inspector fue uno de los ejes del conflicto. El representante del Gobierno misionero ya había cuestionado el mecanismo de selección antes de que los nombramientos llegaran al cuerpo.

También quedó en suspenso la tasación y eventual venta de dos inmuebles del INYM, entre ellos un terreno en Villa Lanús donde se proyectaba construir la sede propia. El único avance concreto fue la decisión de cerrar perimetralmente uno de los predios.

El tercer tema trabado fue la propuesta para darle nuevos destinos al palo descartado en la elaboración, con usos como biocarbón, biomasa o compost. En el sector hubo reparos sobre los controles necesarios para evitar que ese material vuelva de manera irregular al circuito productivo.

Críticas a la conducción

El comunicado profundiza las críticas contra el presidente del INYM, Rodrigo Correa, y vincula la situación actual con el DNU 70/2023, que eliminó la facultad del Instituto para fijar precios mínimos y redujo sus atribuciones regulatorias. Según las entidades, el deterioro continuó con la reducción de áreas técnicas, el despido de 21 trabajadores y la paralización de programas de asistencia.

“Defender la integridad del INYM desde adentro” es, para las organizaciones, el camino a profundizar, sobre todo entre quienes representan a los sectores más vulnerables de la cadena. El documento también busca presionar a los directores que aún no definieron su postura frente a las iniciativas impulsadas desde la conducción.

Para los firmantes, la discusión excede lo administrativo y define qué rol tendrá el Instituto en una actividad que hace casi tres años sufre la desregulación y la caída del precio de la materia prima. Consideran que el INYM fue una herramienta decisiva para el desarrollo del sector en las últimas dos décadas y que su defensa debe ser un compromiso de toda la cadena.