El basural que funciona hace años en Pueblo Brugo tiene los días contados: la Provincia no esperó más

La Secretaría de Ambiente de Entre Ríos resolvió cerrar de manera definitiva el basural a cielo abierto de Pueblo Brugo, la localidad ubicada a 72 kilómetros de Paraná que administra el intendente Martín Ruiz (PJ) desde 2019. La medida quedó plasmada en la resolución N° 593, fechada el 19 de este mes.

El texto oficial ordena "imponer la suspensión inmediata, total y definitiva del ingreso, descarga, acopio o enterramiento de residuos" en el predio. Y anticipa cómo actuará el organismo si la comuna insiste con la actividad: "En caso de detectarse nuevos vuelcos, se requerirá de inmediato el auxilio de la fuerza pública para impedir el paso de vehículo y se formulará formal denuncia penal ante el Ministerio Público Fiscal por el delito de desobediencia a la autoridad".

Un sumario y una lista de irregularidades

Junto con la clausura, Ambiente dispuso abrir un sumario administrativo contra el Municipio de Pueblo Brugo "por los incumplimientos e irregularidades ambientales constatadas". Las faltas que se le imputan son varias y de peso.

Entre ellas figuran "la operación ilegal y continuada de un sitio de disposición final clandestino a cielo abierto y cavas excavadas sobre la calle pública rural careciendo de evaluación de impacto ambiental, y a la Ley N° 10.311". También se menciona "la desobediencia flagrante a la orden de suspensión preventiva de la actividad impuesta en fecha 18 de agosto de 2021", la "degradación y volcado sobre áreas contiguas de Bosque Nativo" y "el incumplimiento manifiesto a los términos y exigencias del Informe Técnico N° 98/2024".

Los antecedentes que pesan

No es la primera vez que la Provincia interviene. Por la resolución N° 3261/22, del 5 de diciembre de 2022, la Secretaría sancionó a la Municipalidad con un apercibimiento en los términos del artículo 27°, inciso 1°, de la Ley Provincial N° 10.311. En esa oportunidad le exigió "regularizar en un plazo de 20 días bajo expreso apercibimiento de considerarlo nuevamente en infracción, esta vez en carácter de reincidente".

El 5 de octubre de 2023, técnicos del Área Residuos hicieron una inspección en el lugar y dejaron constancia de la situación: "advirtiendo que la primera cava colmatada posee efluentes lácteos y basura; que la segunda cava fue excavada sobre la calle pública con napa freática aflorando; y que el sitio colinda directamente con zona de Bosque Nativo".

Pese a las intimaciones, según el expediente, el intendente Ruiz no respondió a los requerimientos de Ambiente.

El amparo que encarriló el caso en la Justicia

El conflicto llegó al ámbito judicial por una acción de amparo ambiental impulsada por Hugo Oscar Macchi. En ese marco, el 19 de diciembre de 2024 se realizó una audiencia de conciliación ante el titular del Juzgado de Garantías N° 5 de Paraná, Elvio Osir Garzón. Allí el Municipio "se comprometió formalmente a presentar el informe".

Luego, el 27 de diciembre de 2024 y el 17 de febrero de 2025, la comuna propuso como sitios de relocalización del predio dos terrenos en el Paraje La Piragua. Sin embargo, las propuestas "resultaron manifiestamente incompletas por carecer de Estudio de Impacto Ambiental, análisis de suelo/napas y no presentar propuesta alguna de remediación".

La sentencia y el aval del STJ

El 19 de marzo de 2025, el Juzgado de Garantías hizo lugar al planteo de los vecinos damnificados y condenó al Municipio a la relocalización definitiva del basural, su cierre, la presentación de un Estudio de Impacto Ambiental específico, la participación ciudadana obligatoria y el saneamiento integral del área.

La resolución fue apelada, pero el 16 de mayo de 2025 el Superior Tribunal de Justicia (STJ) de Entre Ríos confirmó lo decidido en primera instancia y declaró la "ilegitimidad manifiesta y continuada del accionar municipal por infracción al plexo ambiental de orden público".

Con la nueva resolución de Ambiente, el basural de Pueblo Brugo queda formalmente clausurado y el Municipio, bajo la lupa de un sumario administrativo que podría sumar consecuencias penales si se registran nuevos vuelcos.