La compra del avión sanitario de Río Negro sigue bajo la lupa: ya se vendió, la causa penal no se cierra y el juez acaba de estirar el plazo. El precio pagado y un informe clave de La Plata están en el centro de la disputa.
La investigación por la compra del avión sanitario Cessna Citation V Ultra, adquirido por el Estado provincial en 2022, acumula más de cuatro años desde la denuncia original y dos años de instrucción, y todavía no tiene definición sobre las responsabilidades penales de los exfuncionarios involucrados.
El juez Adrián Dvorzak concedió hace poco una nueva prórroga de tres meses, con lo que el expediente se extiende hasta el primer trimestre de 2027. Hay medidas pendientes para esclarecer en qué condiciones se concretó la operación.
Un avión que ya no es de la Provincia
La aeronave fue comprada en 2022 durante la gestión de Arabela Carreras, pero ya no pertenece al patrimonio provincial: se vendió en enero de 2025. Esa venta fue denunciada por el legislador Luciano Delgado Sempe ante la Fiscalía de Investigaciones Administrativas, que este año desestimó la presentación.
Distinta suerte corrió la causa penal por la compra en sí, que sigue abierta. La había presentado en julio de 2022 el entonces legislador Pablo Barreno. En octubre de 2024, el juez Dvorzak aceptó las imputaciones contra José María Apud, Gonzalo Regueira y José María Scheverin, exfuncionarios que intervinieron en el procedimiento administrativo de la operación.
La investigación busca determinar si hubo irregularidades y un perjuicio económico para el Estado en una compra que superó los 4,2 millones de dólares.
El precio, en el centro de la disputa
El monto pagado por la aeronave es uno de los ejes del expediente. Un informe de la Universidad Nacional de La Plata, elaborado por el Departamento de Aeronáutica de la Facultad de Ingeniería a pedido de la Provincia, estimó el valor del avión y de sus equipamientos y se convirtió en una pieza central, porque puso en cuestión lo que se abonó.
Las defensas pidieron más tiempo para presentar un informe propio que fundamente el valor de compra y que confronte las conclusiones del estudio platense. La diferencia entre el monto pagado y las estimaciones técnicas es justamente uno de los puntos bajo análisis.
La referencia de La Pampa
La Fiscalía, por su parte, reclamó al gobierno de La Pampa la documentación de una aeronave que esa administración adquirió en una fecha cercana a la operación rionegrina. El objetivo es contar con una referencia de mercado de otra compra provincial y sumar elementos para evaluar el precio pagado por Río Negro.
La medida se suma a una causa que ya tuvo varias ampliaciones. Cuando se formularon los cargos, en octubre de 2024, se fijó un plazo inicial de cuatro meses para reunir pruebas y escuchar testigos. Los plazos se fueron estirando con sucesivas prórrogas convalidadas por Dvorzak.
El antecedente del Tribunal de Cuentas
A comienzos de 2024, el Tribunal de Cuentas multó a tres participantes del procedimiento de compra. Las sanciones sumaron un millón y medio de pesos y fueron pagadas de inmediato por los entonces funcionarios provinciales.
En esa resolución, el órgano de control cuestionó la «falta de evaluación fundada y razonada» de los valores de mercado del bien adquirido y advirtió que «no surgen los criterios aplicados ni consta documentación que respalde la determinación del costo técnico estimado».
El avión, comprado en el 2022, ya no está en Río Negro. Fue vendido en el 2025. Foto: Archivo/M. Ochoa.