El amigo de Milei, un viaje a Israel y los 43 nombres que la Justicia quiere escuchar

La causa que salpica al amigo de Milei sumó 43 pedidos de indagatoria y un dato que toca directo a los pacientes: los remedios de alto costo que paga el Estado habrían llegado a venderse con un sobreprecio imposible de creer. Quiénes quedaron en la mira y qué encontraron en la firma que manejaba los pagos.

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El amigo de Milei, un viaje a Israel y los 43 nombres que la Justicia quiere escuchar
El amigo de Milei, un viaje a Israel y los 43 nombres que la Justicia quiere escuchar

El fiscal Franco Picardi y el titular de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), Sergio Rodríguez, pidieron al juez Ariel Lijo que cite a declarar a 43 personas por la trama de corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS). El dictamen, de 305 páginas, apunta al corazón del negocio: la droguería Suizo Argentina S.A. y sus dueños, los hermanos Jonathan y Emanuel Kovalivker, a quienes acusan de haber cooptado el organismo que conducía Diego Spagnuolo, amigo íntimo del presidente Javier Milei y su exabogado.

El escrito lleva la firma del 16 de octubre, pero se conoció este miércoles. Según los investigadores, la empresa "tomó decisiones institucionales, controló las compras de medicamentos de alto costo y administró un esquema de cartelización" con otras 14 firmas identificadas. La acusan de vender remedios con sobreprecios que treparon hasta el 4.000 por ciento.

En apenas 15 meses, Suizo Argentina fue la privada que más plata cobró de la agencia: casi $140.000 millones, cerca del 30% de las erogaciones de la ANDIS.

La firma que manejaba la agencia desde adentro

Para los fiscales, la droguería no fue un proveedor más. "La ANDIS llevó la bandera de la Suizo Argentina S.A. durante toda su gestión: no fue una firma más en el entramado ilícito, fue la que mediante diversas maniobras lo controló", sostuvieron Picardi y Rodríguez.

El mecanismo, según el dictamen, incluía información anticipada de las compulsas de precios, el manejo de los valores de venta de medicamentos PACBI propios y de otras firmas, y el uso de Génesis S.A. como firma interpuesta para inflar lo que pagaba el Estado. Además, la droguería daba órdenes sobre a qué proveedores pagar y a cuáles no, y hasta sobre qué personas designar o despedir dentro de la agencia.

"La ANDIS funcionó como una verdadera ventanilla de pagos de sumas millonarias administrada discrecionalmente por la Suizo Argentina S.A", señalaron. Entre mayo de 2024 y agosto de 2025, la firma facturó a la agencia $124.652.174.118,59, según datos de ARCA.

Los fiscales hablan de un "doble pacto": con la ANDIS para tener la información antes que nadie y quedarse con la adjudicación, y con las firmas cartelizadas que debían acatar el juego de la Suizo para poder venderle al organismo.

Los nombres que la Justicia quiere citar

Entre los 43 pedidos de indagatoria aparecen Spagnuolo y varios directivos de la droguería. También Daniel Garbellini, director del área de Incluir Salud de la ANDIS, integrante del Grupo Museo y señalado como uno de los jefes de la asociación ilícita: era quien autorizaba los pagos y, según la fiscalía, se reunía con directivos de Suizo en restaurantes y les pasaba información interna.

Pablo Atchabahian, exintegrante de la ANDIS durante el macrismo y ya procesado en la causa, es señalado como lobista de la droguería. Los fiscales registraron al menos 33 pasajes reservados por Suizo Argentina a su favor entre octubre de 2024 y agosto de 2025. "Se reconocía como un soldado de la Suizo Argentina S.A", destacaron. Emanuel Kovalivker lo llamaba "un gran soldado".

La lista de directivos apuntados se completa con Diego Viner (director de Compras y primo de los Kovalivker), Sebastián Nuner Uner (Asuntos Corporativos), Gonzalo Zarbo (Tratamientos Especiales) y Fernando Domínguez (coordinador del mismo sector).

Jonathan Kovalivker, presidente de la firma, es señalado como jefe de la asociación ilícita entre mayo de 2024 y agosto de 2025. Cuando allanaron su casa, logró esquivar a los agentes y salir del barrio cerrado antes de que llegara la policía. Por eso, el juez Sebastián Casanello procesó al jefe de Seguridad de Nordelta, Ariel De Vincentis, por obstruir el operativo. Jonathan se presentó tres días después a entregar su celular, que tenía pedido de secuestro.

Su hermano Emanuel, vicepresidente, no tuvo la misma suerte: lo encontraron en su vivienda con 266 mil dólares repartidos en distintos sobres.

En el dictamen no se apuntó a Eduardo, el padre de los hermanos, mencionado al inicio de la investigación. Todo indica que estaría corrido del día a día de la empresa.

El medicamento que se vendió 42 veces más caro

El caso más resonante que detallan los fiscales ocurrió en julio de 2024. Zarbo informó a su equipo que había comprado un medicamento para la esclerosis múltiple (cladribina, comercializada como "Eurit" por el Laboratorio Richmond) a $92.000 la unidad. Y ordenó venderlo al precio que quisieran: "[El precio] lo pones vos loco, el que quieras, ganemos plata".

La ANDIS terminó pagando entre $3.870.392 y $4.063.912 por unidad, unas 42 veces el costo de adquisición. El incremento porcentual entre compra y venta fue de 4106,95%. A ese valor adquirió 66 unidades, con una adjudicación de $264.766.378 solo por ese remedio.

El mismo medicamento había sido comprado por la agencia a otra droguería a $281.400 en mayo de 2024 y a la propia Suizo Argentina 20 días después por 405 mil pesos.

Para los fiscales, la maniobra exigía que las compulsas donde se metió el Eurit estuvieran "despejadas de otros oferentes", porque cualquier cotización competitiva habría vuelto inviable la adjudicación. Y remarcaron que el sobreprecio no respondió a ninguna necesidad objetiva: fue el aprovechamiento de una oportunidad con un remedio de alto costo destinado a una enfermedad grave y a una población vulnerable.

El vínculo con Calvete: pagos y un llamado en pleno allanamiento

Los fiscales también rastrearon los lazos entre los directivos de Suizo y Miguel Ángel Calvete, otro de los jefes de la asociación ilícita ya procesado. Según el dictamen, la firma le habría pagado más de 54 mil dólares en 2024 en concepto de "honorarios".

La información surge de un documento secuestrado a Calvete, "Rendición del 3 de abril 2024", donde anotaba los pagos que debía recibir. En esa ocasión habría cobrado de Suizo Argentina unos 56 millones de pesos o 55 mil dólares, sin factura registrada. Además, desde la droguería acudieron a él cuando la empresa estaba siendo allanada.

Calvete tenía múltiples contactos. Su hija Ornella, también procesada en la causa y a quien le secuestraron cerca de 700 mil dólares en un allanamiento, trabajaba en el Ministerio de Economía de Luis Caputo cuando estalló el escándalo.

El viaje a Israel como soborno

La fiscalía sumó nuevos pagos de sobornos a Spagnuolo, facilitados por Calvete. Además de los montos en efectivo ya analizados en una etapa anterior, ahora se corroboró que Calvete gestionó un viaje a Israel del entonces titular de la ANDIS entre el 14 y el 25 de noviembre de 2024.

La pista salió del teléfono de la secretaria de Calvete, Patricia Canavesio: había mensajes enviados a sí misma como resguardo y un archivo comprimido con conversaciones con la agente de viajes Paula Facal que no aparecían en el dispositivo, posiblemente borradas.

De ese material surge que Calvete pagó pasajes, hospedaje y atención al viajero. La secretaria llegó a elegir el asiento del avión porque Spagnuolo quería viajar en primera, y dejó asentado que todo era para pagar "favores políticos". Hay transferencias a Facal desde una empresa de Calvete con la referencia "Spagnuolo".

"No solo le pagaron el vuelo, sino que la asistente de Miguel Ángel Calvete fue puesta al servicio de Diego Orlando Spagnuolo, ya que ella se ocupó de todas las gestiones, incluso de elegirle el asiento como si fuera su secretaria personal", subrayaron los fiscales.

El aportante de La Libertad Avanza que cobró más de $3.000 millones

La investigación detectó además que Patricio Rama, vinculado a Atchabahian y procesado en la causa, aportó $200.000 a La Libertad Avanza el 22 de septiembre de 2023, según el registro de la Cámara Nacional Electoral. Menos de nueve meses después, el 3 de junio de 2024, Garbellini asumió como director nacional de Acceso a los Servicios de Salud y Rama empezó a recibir adjudicaciones a través de sus firmas.

Entre enero y agosto de 2025 se adjudicaron 36 compulsas de implantes auditivos y audífonos por $13.328.004.541. De ese total, New Farma S.A., la firma vinculada a Rama, obtuvo $3.238.397.020, el 24,30% del sector.

Rama integraba el Grupo Museo, el chat que compartía con Garbellini, Atchabahian y Osmar Caballi, donde se planificó el ingreso a la ANDIS durante el gobierno de Milei. "Caballi llegó a vender a la ANDIS insumos PACBI hasta con 1.900% de sobreprecio", señalaron los fiscales. En total, las firmas de Rama y Caballi obtuvieron $16.970.930.296,27, con pagos gestionados por Garbellini.

Quiénes pagaron el costo

Los fiscales identificaron a las víctimas de la trama: "un colectivo especialmente vulnerable" formado por la población con discapacidad, beneficiarios de pensiones no contributivas y personas sin otra cobertura que el Programa Federal Incluir Salud. "Se trata, entre otros, de madres con siete hijos, adultos mayores en situación de pobreza y personas con enfermedades crónicas", precisaron.

Ese programa centralizaba la compra de insumos y medicamentos de alto costo que de otro modo los pacientes no podrían conseguir. "En vez de fortalecerse los controles institucionales para evitar actos de corrupción en este tipo de organismos tan sensibles, se puso a total disposición del sector privado una agencia pública que debía velar por los intereses de las personas más vulnerables", concluyeron Picardi y Rodríguez.

La causa, conocida como Coimagate o caso ANDIS, acumula 85 personas físicas y 40 jurídicas vinculadas a las maniobras y ya tiene 44 procesamientos. Los audios de Spagnuolo difundidos por Carnaval Stream fueron el disparador mediático del escándalo, aunque el fiscal Picardi los tomó como punto de partida y no como prueba. Spagnuolo, por su parte, busca que se anule todo lo actuado cuestionando la legalidad de esas grabaciones.

El avance judicial vuelve a poner el foco en los Kovalivker, también apuntados en otra causa por presuntamente haber costeado el alquiler del Movistar Arena para un acto de Milei en octubre de 2025, donde la Justicia investiga el origen de los fondos. Ahora queda en manos de Lijo decidir si concede las indagatorias.

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