El ajuste silencioso: 16 municipios tucumanos firmaron un pacto con la Provincia para sobrevivir
Once municipios tucumanos, incluido Monteros, cedieron el control de sus fondos a la Provincia. ¿A cambio de qué y bajo qué estrictas condiciones? Los detalles del acuerdo fiscal que se firmó sin fotos ni anuncios.
Sin anuncios públicos ni fotos, once comunas tucumanas cedieron íntegramente su coparticipación a la Provincia a cambio de que esta garantice el pago de salarios. Otras cinco recibirán asistencia financiera solo en caso de déficit, en un contexto donde el Gobierno de Osvaldo Jaldo advierte que no hay un peso más para ofrecer. Los montos, según confirmaron, no se actualizaron pese a la inflación.
La firma de estos acuerdos fiscales se realizó a puertas cerradas a fines de enero, y solo se conoció a través del Boletín Oficial a finales de febrero. Los decretos 113/3 y 114/3 del Ministerio de Economía y Producción dieron marco legal a una medida que busca contener la crisis financiera en los municipios.
Desde la Casa de Gobierno fueron claros: las asistencias se mantienen en los mismos niveles que el año pasado. Esta decisión obliga a las administraciones locales a realizar un ajuste mes a mes para poder sostener el funcionamiento básico.
¿Qué municipios están dentro del acuerdo?
Los municipios que firmaron el Acuerdo Fiscal Municipal, cediendo la administración de sus recursos, son: Aguilares, Alderetes, Tafí Viejo, Banda del Río Salí, Bella Vista, Famaillá, Juan Bautista Alberdi, San Isidro de Lules, Monteros, Tafí del Valle y Yerba Buena.
Por otro lado, los que adhirieron al Acuerdo de Asistencia Financiera, que prevé auxilios solo ante desequilibrios, son: Graneros, La Cocha, Simoca, Trancas y Las Talitas.
Quedan fuera de cualquier convenio con la Provincia las comunas de San Miguel de Tucumán, Concepción y Burruyacú.
Un panorama económico complejo
El escenario que justifica estas medidas es crítico. La Provincia enfrenta una caída en la coparticipación nacional y en la recaudación local. Se estima que Tucumán recibió $44.000 millones menos en el primer bimestre del año en comparación con el mismo período de 2025.
A esto se suman la inflación y la incertidumbre internacional. “Es imposible ofrecer un peso más, porque no lo tenemos”, graficó el gobernador Jaldo, un criterio que extendió a los acuerdos con los municipios.
Fuentes de municipios del oeste confirmaron que el presupuesto proyectado para los próximos seis meses es más ajustado, con una reducción estimada de entre el 12% y el 15% respecto del año anterior.
Las condiciones estrictas del pacto
El Acuerdo Fiscal Municipal, con vigencia de seis meses, impone una serie de compromisos muy estrictos a los intendentes que lo firmaron. Entre las cláusulas más importantes se encuentran la prohibición de tomar créditos con organismos nacionales o internacionales y la obligación de optimizar la recaudación tributaria local.
Además, los municipios deben comprometerse a reducir el gasto total, no incrementar la planta de personal y, significativamente, no iniciar acciones legales contra la Provincia ni continuar demandas en curso. La asistencia es reintegrable y se garantiza con la afectación total de los fondos de coparticipación.
La voz de quien se fue: el caso de Concepción
El Municipio de Concepción, actualmente fuera del pacto, fue el último en abandonarlo en 2024. Su intendente, Alejandro Molinuevo, aseguró que la decisión de salir del “Pacto Fiscal” resultó muy beneficiosa para las arcas locales.
“Estamos bien. Somos autónomos y no tenemos que rogarle nada a nadie”, sostuvo Molinuevo. Según sus explicaciones, el flujo de recursos hacia el municipio prácticamente se duplicó desde que dejaron el convenio.
El jefe comunal de Concepción además mantiene una demanda judicial contra la Provincia para que se avance en una nueva Ley de Coparticipación, al considerar que el esquema vigente es antiguo y distribuye los fondos de manera injusta.
Los montos específicos acordados con cada municipio no fueron dados a conocer públicamente. Las negociaciones estuvieron a cargo de los ministros Daniel Abad (Economía) y Darío Monteros (Interior), en lo que parece ser una estrategia de contención financiera que redefine la autonomía municipal en tiempos de crisis.