El ajuste que Milei prometió como ahorro: la red vial se cae y las provincias ya sienten el golpe

El presidente Javier Milei aseguró hace unas semanas que “una carretera en buen estado salva tantas vidas como un automóvil seguro”. Sin embargo, bajo su gestión, el gasto destinado a la Dirección Nacional de Vialidad (DNV) y a la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) se desplomó un 80% en términos reales, y el deterioro de las rutas nacionales ya se nota en todo el país.

Menos de la mitad de la red vial nacional está en buen estado, y casi un tercio se encuentra en malas condiciones. En algunas provincias, la caída del gasto superó el 90%, dejando a los distritos con menos fondos y rutas cada vez más degradadas.

El mapa del abandono

En 2023, la Nación invirtió 2.700 millones de dólares en las rutas nacionales. Dos años después, esa cifra se redujo a menos de 800 millones. Según datos procesados por la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), el gasto combinado de la DNV y la ANSV cayó un 70% entre 2023 y 2025, alcanzando el nivel más bajo de toda la serie. Para 2026, el crédito vigente en agosto pronosticaba un nuevo mínimo: una caída del 80% respecto de 2023.

La retirada del Estado se siente en cada rincón. Vialidad Nacional pasó de ejecutar 2.700 millones de dólares en 2023 a 811.100 millones en 2024 y 782.600 millones en 2025 (valores a precios de 2026). El presupuesto actual para 2026 asciende a apenas 562.900 millones.

El recorte no fue parejo: golpeó con más fuerza a algunas provincias. San Luis lidera la caída con un descenso real del 95,7%: pasó de recibir 76.700 millones de dólares en 2023 a tan solo 3.300 millones en 2025. Le siguen La Pampa (-94,6%) y Santa Cruz (-93,3%). También superaron el 80% de caída Catamarca (-88,8%), La Rioja (-86,3%), Chubut (-85,3%) y Chaco (-83%).

En la provincia de Buenos Aires, el recorte fue del 85%: pasó de recibir 468.500 millones de dólares en 2023 a 70.200 millones en 2025. Santa Fe perdió el 73,3%, Córdoba el 71,6%, Entre Ríos el 63,4% y Mendoza el 45,2%.

El ajuste tiene una doble dimensión: no solo cae la inversión en obra nueva, sino también el mantenimiento de la red existente. Los fondos para conservación (Programa 16) se redujeron un 60% entre 2023 y 2025, y los destinados a construcción (Programas 22, 42 y 62) también sufrieron fuertes recortes, aunque con un leve repunte en 2025.

Rutas en mal estado y más muertes

Según un informe del Instituto Argentina Grande (IAG), solo el 42,4% de las rutas nacionales está en buen estado, 12,6 puntos menos que en 2023. El 25,8% se mantiene en estado regular y el 31,8% está en mal estado, 8,8 puntos más que el año previo.

La situación se agrava porque el Gobierno no ejecuta ni siquiera los recursos que tiene. Hasta mediados de año, la DNV mostraba una ejecución presupuestaria del 33%, un 83% inferior a la del mismo período de 2023.

Todo esto ocurre mientras el Ejecutivo aumentó el impuesto a los combustibles por encima de la inflación: pasó de representar el 8,9% del precio final en noviembre de 2023 al 20,1% en agosto de 2026. Es el tributo cuya recaudación más creció desde el cambio de administración (+91,2%), pero menos de la mitad de lo recaudado se destinó a su fin específico: las rutas nacionales.

La ley establece que el 28,5% de esos ingresos debe ir al mantenimiento de la infraestructura de transporte, y el 14,25% específicamente al sistema nacional de carreteras. Sin embargo, según el IAG, desde el cambio de administración la DNV debería haber recibido 2.300 millones de dólares a precios de agosto de 2026, y no los recibió.

La falta de mantenimiento acelera el deterioro y encarece el futuro. Según datos de la Cámara Argentina de la Construcción (CAMARCO), mantener la red nacional cuesta unos 1.600 millones de dólares por año, pero recuperar la infraestructura actual, si no se hace nada, demandaría 61.000 millones de dólares. Solo para las rutas nacionales, el costo de recuperación alcanza los 23.000 millones de dólares.

El costo humano también es alto: el año pasado, las muertes por accidentes de tránsito llegaron a 4.369, un 14% más que el año anterior. El ajuste libertario, presentado como ahorro, podría terminar convertido en una deuda mucho más cara, en dinero y en vidas.