El ajuste a los jubilados salteños ya golpea los bolsillos de los comercios
El ajuste previsional dejó a más de 83 mil jubilados salteños sin casi 186 mil millones de pesos. ¿Cómo impacta en los comercios de barrio?
Más de 83.000 jubilados salteños perdieron en total casi 186 mil millones de pesos por el congelamiento del bono y la eliminación del reintegro del IVA, según un informe del CEPA. Ese dinero no llegó a los bolsillos de los adultos mayores ni a los comercios de cercanía.
¿Cuánto perdieron los jubilados de menores ingresos?
El informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA) reveló que el bono previsional, congelado en $70.000 desde marzo de 2024, debería haber alcanzado los $209.991 en junio de 2026 si se hubiera actualizado con la misma fórmula que el haber jubilatorio. La diferencia acumulada por cada jubilado asciende a unos $2.225.714.
En Salta, donde viven más de 163.000 jubilados, alrededor de 83.463 cobran la mínima con bono o menos. Para ese universo, la pérdida agregada se estima en $185.765 millones.
El impacto en la economía local
Martín van Dam, del CEPA Salta, explicó que los jubilados de menores ingresos destinan casi todo su haber a consumos básicos: alimentos, remedios, servicios, transporte. “Cada peso menos significa menos compras en almacenes, supermercados, verdulerías, carnicerías y farmacias”, señaló. En una provincia donde gran parte del comercio depende del consumo de cercanía, el ajuste previsional se traslada directamente a los pequeños negocios.
Bono congelado y pérdida de poder adquisitivo
Con una inflación estimada del 2% para junio de 2026 (según el REM del Banco Central), la jubilación mínima con bono quedó 19,3% por debajo del nivel del último trimestre de 2023. El haber sin bono cayó un 2,5%. “Mantener el bono sin cambios durante más de dos años implica que pierde valor mes a mes”, advirtió el CEPA.
El golpe de la eliminación del reintegro del IVA
Además, se eliminó el régimen de reintegro del IVA para jubilados y pensionados, que devolvía automáticamente el 21% de las compras con débito en productos de la canasta básica. Ese beneficio alcanzaba al 84% de los jubilados del país (5,1 millones de personas). Su eliminación redujo el ingreso disponible justo cuando más aumentaban los precios, las tarifas y los medicamentos.
