Cada temporada de lluvias, miles de vecinos del Gran San Miguel de Tucumán ven cómo el agua se mete en sus casas y corta sus calles. Un proyecto en la Legislatura propone un plan metropolitano para frenar los anegamientos, pero hay un pedido que apunta directo a los 31 puntos más críticos y a lo que el Estado todavía no informó.
Las lluvias fuertes vuelven a mostrar la misma imagen en el Gran San Miguel de Tucumán: calles que se transforman en ríos, autos varados, vecinos aislados y casas bajo el agua. No es solo mala suerte climática. Detrás hay décadas de crecimiento urbano sin orden, suelos impermeabilizados, mantenimiento postergado y decisiones tomadas por separado en cada jurisdicción.
Con esa idea como bandera —"el agua no reconoce límites administrativos"—, el legislador Agustín Romano Norri (UCR) presentó en la Legislatura provincial un proyecto de ley para crear la Ley de Gestión Pluvial Integral y Drenaje Urbano Sustentable del Área Metropolitana del Gran San Miguel de Tucumán (Expediente 396-PL-26).
Qué zonas abarca el proyecto
La norma alcanzaría de forma prioritaria a los municipios de San Miguel de Tucumán, Yerba Buena, Tafí Viejo, Banda del Río Salí, Alderetes y Las Talitas. También incluye a las comunas rurales de El Manantial, San Pablo, Villa Nougués y Cevil Redondo, y deja la puerta abierta a otras jurisdicciones que se sumen por continuidad funcional.
El texto prevé armar un Sistema Metropolitano de Gestión Pluvial Integral y un Plan Maestro que funcione como hoja de ruta. Entre sus ejes aparecen mapas de riesgo hídrico interoperables con el Sistema Provincial de Alerta Temprana (Ley N° 9.998).
Infraestructura verde y coordinación entre municipios
El proyecto apuesta a soluciones basadas en la naturaleza: pavimentos permeables, zanjas de infiltración, jardines de lluvia, reservorios, lagunas de retención, parques inundables y restauración de cauces.
Además, crea una Mesa de Coordinación Pluvial para que las obras de un municipio no trasladen el problema ni agraven el riesgo en los distritos vecinos. En materia de control, obliga a publicar diagnósticos, avances, criterios técnicos y prioridades de ejecución.
La autoridad de aplicación sería la Dirección Provincial del Agua (DPA), junto con Obras Públicas, Defensa Civil y los gobiernos locales. Para financiar todo, se contemplan partidas provinciales, fondos nacionales, programas internacionales de infraestructura y convenios de cooperación.
El reclamo por los 31 puntos críticos
En paralelo al proyecto de ley, Romano Norri impulsó un proyecto de resolución (Expediente 381-PR-26) para que el Poder Ejecutivo informe en detalle la situación de los 31 puntos críticos de anegamiento detectados en el Plan de Contingencia de San Miguel de Tucumán.
El pedido apunta a conocer el nivel de riesgo actual y los antecedentes de anegamientos registrados en 2025 y 2026 en esos sectores. También reclama datos sobre el estado de conservación, el mantenimiento y la capacidad operativa de canales estructurales clave como el Canal Sur y el Canal Norte.
La iniciativa suma otros puntos: grado de avance de las obras en ejecución, presupuestos asignados, fuentes de financiación y estudios hidráulicos realizados.
"Durante demasiado tiempo, las lluvias intensas han encontrado al Estado corriendo detrás de la emergencia", advierte el legislador en los fundamentos de la iniciativa.
"Tenemos que tener una hoja de ruta a largo plazo que garantice que la gestión del agua sea sinónimo de seguridad, desarrollo urbano y calidad de vida para miles de tucumanos", concluyó Romano Norri.
