El acuerdo con Vicuña que promete US$250 millones y despierta dudas en San Juan

El ministro de Minería de San Juan, Juan Pablo Perea, salió a defender el convenio firmado entre el Gobierno provincial y Vicuña Corp., tras la reunión que mantuvo con diputados para explicar los alcances de un entendimiento que contempla un aporte anticipado de US$250 millones para infraestructura.

El funcionario aseguró que el diálogo con los legisladores fue “maduro” y que el intercambio sirvió para responder a las inquietudes que surgieron alrededor del acuerdo. “Nosotros hemos comenzado con una descripción objetiva del acuerdo, porque es necesario que siempre este tipo de cuestiones pase por todas las instituciones de la democracia”, sostuvo.

El convenio, anunciado por el gobernador Marcelo Orrego, establece un mecanismo para instrumentar las obligaciones previstas en la Declaración de Impacto Ambiental del Proyecto Vicuña. Además del pago anticipado, incluye una contribución del 1,5% sobre las ventas brutas a partir del sexto año de operaciones y un esquema de regalías del 3% sobre los ingresos durante la vida útil del proyecto.

¿Qué dijo Perea sobre la “letra chica”?

Frente a las consultas que surgieron durante el análisis legislativo, Perea sostuvo que el convenio fue trabajado durante un largo período y que todas sus condiciones pueden ser explicadas. “Es un acuerdo que se viene trabajando desde hace mucho tiempo en cabeza del gobernador y son cosas que deben explicarse, deben mostrarse y, por supuesto, abrirse a las preguntas que se deben hacer”, afirmó.

En ese sentido, enumeró algunos de los interrogantes planteados: los honorarios bancarios vinculados al fideicomiso, el destino específico de las obras, cuándo comenzarán a impactar los fondos y cuál será la zona de influencia de las inversiones.

“Entendemos que por ahí pueden suscitarse algunos temas, algunas dudas, pero, como lo digo con todo mi lado, es un acuerdo que no tiene letra chica, es un acuerdo que es en beneficio de todos los sanjuaninos y es para los sanjuaninos”, remarcó.

Las dudas sobre el destino de los fondos

Uno de los puntos que genera interés en torno al convenio es la administración del dinero que ingresará a la provincia. El acuerdo contempla la creación de un fideicomiso mediante el cual se gestionarán las contribuciones previstas en la Declaración de Impacto Ambiental y el pago anticipado de US$250 millones. La empresa indicó que el mecanismo tendrá como objetivo financiar obras previamente acordadas.

Durante la reunión con los diputados, según explicó Perea, también se abordaron cuestiones vinculadas a cuándo estarán disponibles los fondos y cómo se determinará el destino de las obras. La propia empresa informó que el pago anticipado está previsto para concretarse hacia finales del cuarto trimestre de 2026, aunque el acuerdo todavía debe ser aprobado por la Legislatura provincial para convertirse en ley.

¿Qué dijo Perea sobre las obligaciones ambientales?

Otro de los temas que apareció durante el diálogo con los legisladores fue la relación entre el acuerdo y las obligaciones ambientales establecidas en la Declaración de Impacto Ambiental. Perea puso como ejemplo el mecanismo de forestación y explicó que no se eliminan las obligaciones ambientales ya establecidas, sino que cambia la forma en que se determina su cumplimiento. “Lo que cambia es la ecuación. Antes, en ese requerimiento, únicamente las obligaciones ambientales se mantienen iguales”, explicó.

El ministro agregó que, bajo el nuevo esquema, la decisión sobre cuándo y cómo ejecutar determinados mecanismos quedaría en manos de la Provincia, mientras que la empresa continúa siendo quien aporta los recursos correspondientes. “Solamente cambia eso: que ahora, en vez de decir la empresa cuándo y cómo, lo decide la provincia, y la empresa es importante resaltar que es la que aporta”, señaló.

El acuerdo todavía debe pasar por la Legislatura

Perea insistió en la necesidad de que el convenio sea analizado dentro de los canales institucionales y que los legisladores puedan realizar todas las preguntas necesarias antes de votar. La empresa Vicuña también confirmó que el acuerdo está sujeto a la aprobación de la Legislatura Provincial para convertirse en ley.

Para el ministro, el intercambio con los diputados forma parte de un proceso necesario para garantizar transparencia y brindar certezas sobre el alcance del convenio. “Es necesario siempre que este tipo de cuestiones pase por todas las instituciones de la democracia”, reiteró.

El entendimiento entre San Juan y Vicuña representa uno de los acuerdos económicos más relevantes vinculados al desarrollo del proyecto cuprífero. Para el Gobierno provincial, el desafío ahora será transformar los compromisos establecidos en el convenio en obras concretas, mientras que la empresa sostiene que el acuerdo busca generar previsibilidad para avanzar con el desarrollo de largo plazo del Proyecto Vicuña.

En la reunión con los diputados, participaron los ministros de Minería, Juan Pablo Perea; de Producción, Gustavo Fernández; de Infraestructura, Fernando Perea; y el secretario general de la Gobernación, Emilio Achem.