El acuerdo con Starlink que nadie contó: cuánto pagará el Estado por la "donación" de Musk

Lo que se presentó como un gesto de generosidad del magnate Elon Musk esconde una operación millonaria. El Gobierno firmó un convenio con Starlink para llevar internet satelital a escuelas rurales, pero los números revelan que el Estado pondrá más plata de la que el empresario "dona". El acuerdo se conoció esta semana y ya genera polémica.

El anuncio y la letra chica

En julio, durante la exposición de La Rural, Javier Milei celebró el acuerdo con un efusivo "Es un montonazo. Gracias Elon". El plan: 6.000 kits de internet satelital y dos años de servicio para escuelas rurales. Pero el convenio, publicado esta semana, muestra otra cara.

Musk se comprometió a "donar" los equipos y el servicio por 24 meses. Sin embargo, el Estado deberá pagarle un costo de instalación que supera el valor de lo donado. En total, la "donación" alcanza los 9.978.000 dólares: 2.778.000 por los 6.000 equipos y 7.200.000 por los dos años de servicio (300.000 dólares por mes, 50 por kit).

La contrapartida es un pago a Starlink de 13.640.580 dólares por la instalación, asistencia técnica y el tercer año de servicio. Es decir, el Estado pone 3.662.580 dólares más de lo que Musk "dona". El donante se lleva más dinero del que entrega. Eso no es una donación, es un negocio.

Los números del convenio

El desglose del acuerdo incluye: 4.266.000 dólares más IVA el primer año (instalación de los kits), 2.016.000 dólares más IVA por cada uno del segundo y tercer año (total: 4.032.000 más IVA) y 3.600.000 dólares con IVA incluido por el servicio del tercer año. Todo suma los 13.640.580 dólares.

La instalación se paga con dinero público: unos 860 dólares por kit, cerca de 1.300.000 pesos. Contratar Starlink de forma particular por su web sale más barato: el servicio residencial cuesta 65.000 pesos, mientras que el valor que surge del acuerdo es de unos 76.000 pesos por mes, incluso más caro que en otras provincias.

El pago sale del Fondo de Servicio Universal (FSU), que se nutre del 1% de los ingresos de las empresas de telecomunicaciones. Lo administra el Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM), a cargo del interventor Juan Martín Ozores.

La alternativa estatal que quedó afuera

La operación es una contratación directa disfrazada de donación. La empresa pública ARSAT ya brinda internet satelital a escuelas rurales, y hay otras firmas privadas como Orbith, Personal Tech o INSAT que ofrecen el mismo servicio.

¿Es mejor Starlink? En algunos puntos sí, como la latencia, porque sus satélites orbitan más cerca de la Tierra. Pero para escuelas rurales, que no necesitan alta velocidad, esa ventaja no justifica el desembolso.

ARSAT y su satélite ARSAT-2 pueden dar internet satelital sin problemas, aunque desde 2024 el Gobierno les debe varios millones de dólares. Si Macri no hubiera desfinanciado el ARSAT-3, estaría en órbita desde 2019. Milei, por su parte, frenó durante dos años el proyecto ARSAT SG-1, que recién se activó porque 178 millones de dólares vienen de la Corporación Andina de Fomento (CAF). Para muchos, contratar a Starlink es otra forma de abortar el desarrollo satelital argentino.

Los vínculos políticos detrás del negocio

El representante de Starlink en Argentina es Tomás Pérez Alati, del estudio PAGBAM, uno de los más poderosos de la city porteña. El socio principal, Jorge Pérez Alati, recaudaba fondos para las campañas de Mauricio Macri: en las PASO 2023 aportó 4 millones de pesos. Además, figura en la comisión revisora de cuentas del CELTYV, el centro de estudios de la vicepresidenta Victoria Villarruel, con poder para actuar en su nombre. El estudio maneja los papeles de la asociación que preside Villarruel y también los de Musk.