El Acueducto Gran Tulum ya salpica la interna del PJ: la versión que nadie dice en público

La causa por presuntas irregularidades en el Acueducto Gran Tulum avanza en la Justicia y ya sacude el tablero político de San Juan. Mientras el oficialismo, el bloquismo y La Libertad Avanza exigen que se esclarezcan los hechos, en los pasillos de Tribunales y en reuniones del Partido Justicialista circula una versión que apunta a la histórica interna entre los exgobernadores Sergio Uñac y José Luis Gioja.

Qué se investiga

El expediente pone la lupa sobre una obra estratégica financiada con recursos públicos y salpica a dirigentes que ocuparon lugares centrales en gobiernos anteriores. Los nombres que suenan son los del exgobernador Uñac y el expresidente de OSSE, Cristian Andino, recientemente electo como diputado nacional.

Ninguno de los dos se presentó a la audiencia de formalización prevista para el miércoles 14 de octubre. Ambos argumentaron razones laborales en el Congreso de la Nación.

La jueza no habilitó la teleconferencia y la causa se estira

La jueza de Garantías Mónica Lucero reprogramó la audiencia con un plazo mínimo de diez días hasta que los implicados se presenten. ¿El motivo? No permitió que se realizara por teleconferencia. Así, se postergó una vez más el momento de conocer las imputaciones.

El fiscal de la UFI Delitos Especiales, Sebastián Gómez, anticipó que si los peronistas no comparecen pedirá formalmente el desafuero.

Qué dicen los dirigentes

Las tres voces consultadas públicamente coinciden en que la investigación debe avanzar y que las responsabilidades se determinen en el ámbito judicial, aunque con matices.

Enzo Cornejo, presidente del PRO y referente del orreguismo, puso el acento en la transparencia y la ausencia de privilegios. "La audiencia por el Acueducto Gran Tulum es un paso fundamental para que la Justicia pueda esclarecer lo sucedido y determinar las responsabilidades que correspondan", sostuvo.

El dirigente, vicepresidente primero de la Cámara de Diputados, remarcó la importancia de la obra y el origen de los fondos: "Estamos hablando de una obra estratégica para San Juan y de recursos públicos que pertenecen a todos los sanjuaninos. La Provincia necesita conocer la verdad, con transparencia y sin privilegios".

El diputado nacional libertario José Peluc eligió una formulación más directa: "La Justicia tiene que hablar. La pelota la tienen ellos, solo espero que sea rápida y no lo dilate como tantos temas de corrupción".

El titular del Partido Bloquista, Luis Rueda, planteó una mirada institucional: "En una democracia, cada uno de los tres poderes del Estado tiene su función y debe ejercerla con plena autonomía, sin interferencias ni presiones". Y agregó: "Hay que respetar el trabajo de la Justicia, garantizar el debido proceso y esperar que se determinen las responsabilidades que pudieran corresponder. Eso también es fortalecer las instituciones y darles tranquilidad a los sanjuaninos".

La sombra de Gioja y el lawfare

Fuera de los pronunciamientos públicos, en ámbitos de Tribunales y en reuniones de dirigentes del PJ circula otra lectura: versiones que atribuyen a José Luis Gioja una supuesta influencia o gestiones para acelerar la causa, en una interpretación que conecta el proceso judicial con la histórica interna con Uñac.

Esa hipótesis, que aparece en conversaciones reservadas, dibuja un escenario en el que las diferencias internas del peronismo podrían proyectarse sobre el terreno judicial. Sin embargo, por ahora se trata de versiones no corroboradas. No hay elementos acreditados que permitan afirmar que Gioja haya intervenido ante la Justicia ni que el ritmo de la investigación responda a una maniobra política.

En estricto off, tanto Andino como Uñac señalaron a sus allegados que se trata de una "operación" de desprestigio en la previa a las elecciones provinciales de 2027. Esa opinión ya estaba afincada en los dirigentes del PJ y tomó mayor peso cuando Andino quedó notificado y pasó a ser un investigado.

De hecho, el abogado de Ruiz, Nasser Uzair, dio una pista en sus consideraciones sobre el pedido de pase a la Justicia Federal. Puso como ejemplo la convocatoria de Andino por su paso por la presidencia de OSSE y preguntó por qué no se habría aplicado el mismo criterio al exgobernador Gioja, a quien atribuye responsabilidad política por el inicio de la obra. También marcó que es "un proceso armado, falso".

Aunque no lo mencionó explícitamente, en el peronismo hay cierta coincidencia sobre el supuesto "lawfare", un término que popularizó Cristina Kirchner antes de la condena por la causa Vialidad.

El caso ya trasciende San Juan

El expediente comenzó a repercutir en el escenario nacional a partir del planteo del expresidente de OSSE, Sergio Ruiz, para que la causa pase a la Justicia Federal. El juez Daniel Rafecas ya está abocado a esa posibilidad.