El acceso al legajo de Weretilneck: quién quedó en el centro de la escena y por qué la Justicia no avanza

El Gobierno provincial respondió a la Legislatura por el acceso indebido al legajo del gobernador Alberto Weretilneck y dejó una definición que llama la atención: no hubo vulneración de los controles de seguridad porque el ingreso se hizo con "credenciales válidas y debidamente autorizadas".

La respuesta llegó a través de tres organismos: el ministerio de Modernización, la Secretaría General y ALTEC, la empresa estatal de tecnología. El pedido de informe lo había presentado el presidente de la bancada de Vamos con Todos, José Luis Berros, junto a los otros legisladores peronistas y los integrantes del bloque "en suspenso" Cambia Río Negro.

La respuesta de ALTEC: "uso indebido", no vulneración

La nota más relevante la firmó Luis Ayestarán, presidente de ALTEC. Allí la empresa sostiene que el episodio "no constituye una vulneración de los controles de seguridad, sino un uso indebido de un acceso legítimamente otorgado".

ALTEC ubica el hecho en "la capa de aplicación", donde se encuentra el "control funcional de acceso de los usuarios al sistema". Y allí marca la cancha: esos controles "son definidos y administrados por la Secretaría de la Función Pública, no por esta empresa".

En la misma línea, la empresa afirmó que el acceso "no fue detectado por monitoreo automatizado". El aviso llegó por otro canal: "El aviso fue de un tercero. No fue detectado por el monitoreo automatizado porque no constituyó una vulneración", explicaron desde ALTEC a los legisladores.

La compañía también delimitó su rol dentro del sistema: aseguró que "no gestiona los usuarios del sistema, no otorga ni revoca permisos de acceso, no define su alcance funcional ni su cronograma de despliegue, no clasifica la información que en él se registra y no es titular de la base de datos que el sistema contiene". Y agregó que "la totalidad de esas facultades corresponde a Función Pública/Organismo y titular de la información en él registrada".

Cómo se enteraron y qué hicieron

El ministerio de Modernización informó que el episodio "llegó a conocimiento del Poder Ejecutivo a partir de un aviso recibido". A partir de allí, según detalló, se "activaron los protocolos", "se preservó la evidencia y se formuló la denuncia".

La Secretaría General coincide en el origen del aviso y precisó que, tras tomar conocimiento del acceso indebido, solicitó "de manera inmediata a ALTEC S.A.U. la investigación del hecho".

Sobre la trazabilidad del ingreso, Modernización aseguró que "existen registros de trazabilidad tanto en la capa de infraestructura como en la capa de aplicación, que permitieron identificar el acceso". ALTEC confirmó la existencia de esos registros y señaló que fueron entregados a la Justicia.

Sin embargo, ninguna de las respuestas aporta la fecha, la hora ni la cantidad de accesos. Los tres organismos indicaron que esos datos forman parte del expediente judicial.

Qué documento se filtró y qué pasó con la causa

El ministerio de Modernización confirmó que el documento al que se accedió era un "recibo de haberes de un agente público", que no identificó aunque extraoficialmente se sabe que se trata del gobernador. Según el organismo, constituye "un dato personal protegido por la Ley N° 25.326" y puede revestir carácter de dato sensible cuando contiene información comprendida por el artículo 2° de esa norma, como la afiliación sindical.

La identificación del equipo y del agente involucrado también quedó vinculada a la causa penal. La Secretaría General informó el número de la computadora, pero no identificó al agente al considerar que sus datos personales están protegidos y que forma parte de una investigación judicial en curso.

El trámite impulsado por el Ministerio Público fue archivado hace unos días por el juez Adrián Dvorzak, quien entendió que los hechos analizados se encuadraban en delitos de acción privada. De esta manera, el impulso de la acción penal quedó en manos del gobernador como particular afectado.

El origen de todo fue la denuncia del 24 de junio, cuando el Gobierno provincial había reportado el acceso al sistema informático y a documentación reservada alojada en el sistema provincial de gestión de recursos humanos.