El abogado que lo condenó en Chile rompió el silencio: lo que reveló sobre el caso Larrosa en Naschel

El empresario Hugo Larrosa, condenado en Chile por abusos sexuales reiterados contra un trabajador de su empresa, desembarcó en San Luis con una refinería de aceite crudo en Naschel y una inversión anunciada de US$5 millones. Pero el abogado que lo llevó a juicio, Juan Pablo López Maluenda, reveló ahora los detalles de la investigación y explicó por qué reclama que la Justicia argentina ejecute una indemnización que el empresario todavía no pagó.

Larrosa y su esposa, Sofía Miño, recibieron el 24 de agosto al gobernador Claudio Poggi, a la intendenta de Naschel, Valeria Khun, y a funcionarios provinciales y municipales. Durante la visita mostró las instalaciones de AgroNasch y aseguró que el proyecto generará unos 25 puestos de trabajo directos.

Mientras tanto, en Chile sigue pendiente el pago de una indemnización cercana a los US$110.000 a la víctima por los hechos que derivaron en su condena.

La “Fábrica del Terror” y el origen del caso

Larrosa, exintegrante de la Policía Federal Argentina, quedó expuesto en 2019 a partir de un informe del programa 24 Horas, de la televisión estatal chilena TVN. El reportaje, titulado “La Fábrica del Terror”, difundió imágenes de agresiones contra trabajadores de la empresa Don Hugo S.A. A partir de esa publicación, López Maluenda asumió la representación de una de las víctimas, cuyo nombre no se publica para evitar su revictimización.

El abogado precisó que la sentencia se conoció el 18 de enero de 2020 y que Larrosa recuperó su libertad en 2025 gracias a beneficios carcelarios del país trasandino. La Justicia chilena lo condenó por abusos sexuales reiterados. Durante el proceso también quedaron acreditadas otras conductas violentas, aunque fueron consideradas dentro del delito principal.

“Hay una especie de torturas, lesiones, maltrato, pero todo con el fin último que es el abuso. Es decir, son el medio para”, explicó el abogado.

Los videos que se grabaron puertas adentro

Uno de los puntos que el querellante destacó fue el origen de las filmaciones que terminaron formando parte del caso. Según su relato, los hechos ocurrieron entre 2012 y 2016 y las grabaciones las realizó personal de la propia empresa por disposición de Larrosa.

“Él le encargaba a un gerente que grabara los videos, que es quien hace la denuncia. Grababa los videos en un pendrive y después los distribuía e incluso los mostraba en las fiestas de la empresa”, relató.

La denuncia de ese gerente y las imágenes difundidas por el programa televisivo fueron claves para avanzar con la investigación y luego con la acusación.

La vulnerabilidad de la víctima y la deuda que sigue abierta

El abogado describió la situación en la que, según la acusación que llevó adelante, se encontraba el trabajador. “Peritos psiquiátricos declararon que la víctima tenía una dependencia 100% económica. Lo que hacen este tipo de agresores, que son manipuladores, es enrollar a sus víctimas de forma tal que no pueden escaparse de él”, sostuvo.

López Maluenda señaló que el trabajador tenía una familia que mantener y una remuneración que, a su entender, dificultaba que pudiera abandonar el empleo. “Tenía una buena remuneración y una familia que mantener, sabía que si se iba de allí no iba a tener el mismo nivel salarial que en esa empresa”, relató.

Tras la condena penal, la querella inició una demanda civil que terminó con una sentencia favorable a la víctima y una indemnización cercana a los US$110.000. Según el abogado, Larrosa todavía no pagó esa suma.

El reclamo que cruzó la cordillera

López Maluenda afirmó que, durante el cumplimiento de la condena, Larrosa se desprendió de sus bienes y que esa situación impidió concretar el pago. “Él se deshizo de todo su patrimonio con el objetivo de burlar a su acreedor”, agregó.

Por eso inició una querella por simulación de contrato e insolvencia punible, relacionada con la enajenación de bienes mientras Larrosa estaba privado de libertad. Hasta ahora no ha tenido avances ni hay personas formalizadas.

Ante ese panorama, la querella presentó un pedido para que la sentencia civil pueda ejecutarse en Argentina, donde el empresario reside en la actualidad.