El abogado que denunció el "desborde atroz" del Gobierno y apuntó contra el Congreso

El abogado constitucionalista, ex convencional constituyente y ex combatiente de Malvinas Armando Aquino Britos trazó un panorama crítico del sistema político argentino durante una entrevista en el programa La otra campana, que se emite en simultáneo por LT7 Radio Corrientes y LT25 Radio Guaraní de Curuzú Cuatiá.

La charla con los periodistas Gustavo Adolfo Ojeda y Facundo Sagardoy partió de una columna de opinión firmada por el propio jurista en LA VOZ DEL CHACO, donde analizó el reciente pronunciamiento de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) frente al planteo de veteranos de guerra contra el artículo 154 del DNU 70/2023.

El fallo de la Corte y el foco equivocado

Aquino Britos explicó que el máximo tribunal desestimó la demanda sin entrar a analizar el fondo del asunto. El argumento fue la falta de una «legitimación concreta y puntual» de los excombatientes, con lo que ratificó que, si bien la soberanía involucra a toda la ciudadanía, su ejercicio corresponde a los órganos constituidos del Estado.

El letrado reconoció su discrepancia personal con esa doctrina restrictiva, aunque admitió que el fallo sigue la línea de jurisprudencia que la Corte aplica en causas similares, como las del Colegio de Abogados de Buenos Aires o la Gobernación de La Rioja.

Sin embargo, el centro de su advertencia estuvo en otro lado: el «foco equivocado» con el que la sociedad y la dirigencia interpelan al Poder Judicial. «El Poder Judicial no está llamado a gobernar, sino a ejercer el control de constitucionalidad y velar por la supremacía de la Carta Magna», subrayó.

En ese sentido, calificó como una actitud de «cobardía o desconocimiento» la costumbre de dirigir las críticas hacia la Corte Suprema. A su entender, es más cómodo confrontar con el estamento más débil de la representación republicana —un órgano sin mecanismos de debate político ni posibilidad de réplica— que reclamar soluciones a quienes tienen la responsabilidad directa de gobernar y legislar.

Duras críticas al Ejecutivo y al Congreso

Al señalar a los responsables del deterioro institucional, el constitucionalista apuntó contra el Poder Ejecutivo nacional y el Congreso. Del Ejecutivo denunció un «desborde temperamental e institucional atroz», con la pretensión de gobernar al margen de las previsiones constitucionales.

Como ejemplo mencionó el DNU 70 —que abarca más de 700 artículos y deroga o modifica cerca de 400 leyes— y el DNU 941, que otorga a la Secretaría de Inteligencia del Estado (Side) amplias facultades de detención sin control judicial previo ni reglamentación precisa.

Del otro lado, embistió contra la pasividad del Parlamento. Según su lectura, el Congreso omite sus deberes esenciales de control al ampararse en la Ley 26.122 y «resignar mansamente» sus competencias exclusivas. «Es inadmisible que el propio Congreso contemple con indiferencia cómo otro poder se atribuye sus facultades normativas. O existe una ignorancia supina de sus obligaciones o una abierta complicidad», disparó.

También cuestionó el sectarismo de sectores políticos que aplauden cualquier medida oficial solo por oposición a gestiones anteriores, y pidió superar las antinomias del pasado para asegurar la fortaleza institucional que reclamarán las próximas generaciones.

El deber ciudadano según el artículo 21

Desde su condición de veterano de Malvinas y de profesional formado en la universidad pública, Aquino Britos vinculó el patriotismo con una lectura dinámica y actual del orden constitucional. Recordó las reflexiones del jurista Carlos Fayt sobre la democracia ateniense para señalar que, en tiempos de paz, el compromiso patriótico no se mide en el campo de batalla sino en la participación activa en la vida pública.

En esa línea revalorizó el artículo 21 de la Constitución nacional —que consagra el deber ciudadano de armarse en defensa de la Patria y de la Carta Magna— y sostuvo que, hoy, «armarse» significa pertrecharse de las garantías, los derechos y las herramientas legales que el propio texto constitucional otorga para interpelar con firmeza a los poderes constituidos.

Una diferenciación indispensable

Consultado sobre los debates legislativos en torno a la compra de tierras por parte de extranjeros, el ex convencional marcó una diferencia tajante entre el principio de hospitalidad del artículo 20 de la Constitución y la salvaguarda de la integridad territorial.

Garantizar igualdad de derechos civiles a los habitantes extranjeros no implica, dijo, que el Estado deba abdicar de su poder de imperium ni comprometer la soberanía sobre zonas estratégicas o de frontera. «Una cosa es ser generosos con los hombres del mundo que quieran habitar el suelo argentino y otra muy distinta es permitir que, a través del poder económico, se adueñen de nuestro territorio», remarcó.

Como cierre, lanzó una advertencia sobre el rumbo del sistema político: si el Poder Ejecutivo sigue concentrando atribuciones legislativas extraordinarias ante un Congreso incapaz de poner límites, el país no solo se alejará del modelo republicano, sino que terminará «consagrando una monarquía ni siquiera constitucional».