El abogado que defendió la ley de honorarios y ahora apunta contra el jurado popular en causas civiles

El titular del Consejo Profesional de la Abogacía de Chaco, José Miguel Vigier, puso sobre la mesa los debates más calientes del sistema judicial chaqueño. Lo hizo en diálogo con La Radio, donde respaldó la nueva ley de honorarios profesionales, cuestionó la aplicación del juicio por jurados en el fuero civil y se refirió al proyecto de recomposición salarial para magistrados y funcionarios que impulsa el gobernador Leandro Zdero.

Una ley de honorarios que tardó cuatro décadas

Vigier destacó que la flamante legislación arancelaria no fue una iniciativa aislada, sino el resultado de un trabajo que insumió aproximadamente dos años y que involucró a todos los colegios de abogados de la provincia y al Consejo Profesional de Resistencia. Según contó, también participaron profesionales de distintos puntos del territorio chaqueño y la Comisión de Legislación General de la Cámara de Diputados.

«Teníamos una ley arancelaria que no se había reformado en 40 años», recordó el abogado, y subrayó que «muchos colegas dieron su tiempo para perfeccionar nuestro sistema arancelario». Para Vigier, la actualización era ineludible porque «nuestros honorarios estaban absolutamente desactualizados» tras décadas de cambios económicos.

El titular del Consejo Profesional remarcó que la norma apunta a recomponer el valor de la profesión: «Me honra decir que viene a dignificar la profesión, que viene a jerarquizarla a través de un reconocimiento, de una actualización de nuestros honorarios». Aunque aclaró que, como toda ley, podrá revisarse con el tiempo: «Después lo que sea necesario corregir o revisar, como toda ley que se sanciona, será considerado en el futuro».

El embate de los magistrados y la respuesta del STJ

Vigier no esquivó el conflicto que se desató tras la sanción. Recordó que la Asociación de Magistrados primero pidió el veto y después presentó una acción de inconstitucionalidad ante el Superior Tribunal de Justicia. Esa presentación, según explicó, fue rechazada de plano por falta de legitimación.

«Afortunadamente fue desestimada de plano, sin darle trámite, por falta de legitimación», señaló, y sostuvo que la entidad no tenía una afectación directa como sujeto de la ley cuestionada: «La asociación de magistrados no está afectada como sujeto por esa ley». Para el abogado, la norma sigue vigente y en plena aplicación.

El jurado popular en lo civil: una postura personal en contra

El otro eje de la entrevista fue el juicio por jurados en materia civil. Vigier aclaró de entrada que hablaba a título personal y no en representación del Consejo Profesional, que aún estudia el tema. Su posición fue tajante: «Mi posición personal es en contra del jurado popular en materia civil».

El abogado explicó que la Constitución nacional prevé el juicio por jurados para los procesos criminales, pero no para los civiles. Recordó que en 2020 Chaco sancionó una ley que contempla jurados en determinados procesos civiles, sobre todo los vinculados a responsabilidad extracontractual —como los siniestros viales, donde no hay relación contractual previa entre las partes— y a procesos colectivos. La legislación fija además un parámetro económico ligado a una cantidad determinada de salarios mínimos, vitales y móviles.

El principal reparo de Vigier pasa por la tarea que debería asumir un jurado popular. «La cuantificación del daño es uno de los temas más complejos y debatidos», advirtió, y recordó que el Código Civil y Comercial de 2015 promueve incluso el uso de fórmulas matemáticas para calcular ciertos componentes de la reparación. «No le podemos pedir eso a un jurado popular que va a interactuar con la cuestión en dos o tres días», argumentó.

La oralidad ya existe en el proceso civil

Para Vigier, si el objetivo de incorporar jurados civiles fuera fortalecer la oralidad, el sistema chaqueño ya tiene esa herramienta. Mencionó la reforma procesal civil de 2015, que incorporó la audiencia de vista de causa, instancia donde buena parte de la prueba se desarrolla oralmente ante el juez. «La oralidad ya está en nuestro sistema procesal», remarcó.

A su entender, trasladar la etapa decisoria a un grupo de ciudadanos implicaría que ese jurado resuelva cuestiones jurídicas y técnicas de alta complejidad: determinar si existe responsabilidad, establecer la relación de causalidad entre el hecho y el daño y, después, cuantificar económicamente el perjuicio. «No solamente se trata de determinar si hay o no responsabilidad, sino establecer la relación de causalidad y luego también la cuantificación», explicó.

El criterio de «relevancia social» bajo la lupa

Otro de los cuestionamientos de Vigier apunta al criterio para definir qué casos podrían llegar a un jurado popular. Según detalló, uno de los elementos contemplados es la llamada «relevancia social», un concepto que considera demasiado amplio y pasible de interpretaciones disímiles. «Me parece que eso afecta enormemente la garantía de igualdad ante la ley», afirmó.

El abogado advirtió que si el Superior Tribunal de Justicia selecciona determinados procesos en función de un concepto que considera indeterminado, podrían surgir dudas sobre la uniformidad de los criterios aplicados.