El abogado de Patagonia Argentina lanzó una advertencia que pone en alerta al Municipio

La empresa de transporte que está a punto de perder la concesión advirtió que un fallo judicial a su favor podría desatar un tsunami contra la comuna. El letrado José María Ferreira de las Casas aseguró que no tienen fondos para indemnizaciones y que el verdadero problema es la absorción de los trabajadores.

En el marco de la disputa por la licitación del transporte urbano, el abogado de Patagonia Argentina, José María Ferreira de las Casas, reveló que la firma presentó un amparo para acceder al plan de implementación de Grupo MR, la empresa ganadora. Según el letrado, ese documento es clave para determinar si la adjudicataria modificó las condiciones originales de su oferta.

¿Qué buscan en el plan de implementación?

Ferreira explicó que el pliego exige dos planes: uno con la oferta y otro posterior a la adjudicación. “Lo que queremos verificar es si ambos coinciden”, sostuvo. La sospecha apunta a que Grupo MR comenzará con 95 colectivos, cuando el pliego exige 121. Si la oferta original prometía cumplir con el total y luego se permitió un cronograma distinto, podría haber un apartamiento ilegal.

El pedido de acceso al expediente fue rechazado tanto en la vía administrativa como por acceso a la información pública, lo que motivó el nuevo amparo. El caso ya está en la Justicia Contencioso Administrativa.

Los trabajadores en el centro de la discordia

Otro punto caliente es la situación laboral. Mientras el Municipio y Grupo MR aseguran que la incorporación del personal será gradual, Patagonia insiste en que arrancar con menos unidades deja dudas sobre la absorción de los 269 empleados. Según el pliego, ‘Sol Bus’ debe absorber 2,8 trabajadores por cada colectivo, lo que con 95 unidades da exactamente 269. “Patagonia no tiene que despedir a nadie, toda la gente debe ser absorbida por la ganadora”, afirmó Ferreira, y cuestionó: “Le está errando el palo al gato la municipalidad”.

Además, rechazó que la empresa tenga fondos para indemnizaciones. “Ese fondo se usó para pagar despidos durante 19 años. Lo único que se necesita es que si ellos armaron este lío, que lo arreglen”, sentenció.

¿Tsunami judicial a la vista?

La demanda de nulidad del proceso licitatorio sigue su curso. Grupo MR tiene plazo hasta el 8 de agosto para contestar, y la Municipalidad hasta el 11 de agosto. Ferreira aclaró que la anulación no implicaría que Patagonia vuelva a prestar servicio automáticamente, pero sí abriría un escenario complejo.

“Si se rechaza la demanda, iremos a nuestra casa a lamernos las heridas. Pero si tenemos razón, la municipalidad tendrá que atajar el tsunami”, advirtió. Y detalló: “El tsunami sería que se anularía la licitación. El municipio tendría dos problemas: Patagonia y Grupo MR. Vamos a meter una demanda de daños y perjuicios contra la municipalidad y los funcionarios que firmaron la adjudicación”.

A pesar del litigio, Patagonia no cuestionará el inicio del servicio previsto para el 1° de agosto, y continuará con sus reclamos en el Juzgado Contencioso Administrativo.