El abogado acusado de tráfico de influencias denuncia una “expedición de pesca” judicial para perjudicar a su pareja

El letrado Luis Alejandro Ontiveros, quien debe declarar como imputado en una causa por presunto tráfico de influencias, rechazó las acusaciones y denunció una “desesperación” de la fiscalía por mantener viva una investigación que, según él, no probó nada en un año. “La nueva batería de medidas que pidió la fiscalía demuestran la desesperación por mantener viva una investigación que no probó nada en un año de dispendio jurisdiccional”, afirmó en una nota dirigida a La Gaceta.

Ontiveros sostuvo que, ante la falta de evidencias sobre el delito que se le imputa, el fiscal Agustín Chit intenta ahora girar la investigación hacia un posible enriquecimiento ilícito. Según el abogado, esto busca sostener el “escarnio público” y perjudicar la postulación de su pareja, Solana Casella, a la magistratura federal.

¿Qué medidas ordenó la Justicia Federal?

El juez federal José Manuel Díaz Vélez dispuso que se libren oficios al Banco Central de la República Argentina para que todas las entidades financieras del país informen sobre las cuentas corrientes, cajas de ahorro, plazos fijos y depósitos de los que Ontiveros sea titular o cotitular. Además, se puso la lupa sobre las billeteras virtuales y los consumos con tarjetas de crédito.

Se solicitaron reportes detallados al Registro Inmobiliario de Tucumán para determinar la titularidad de las propiedades vinculadas al abogado, incluido un inmueble ubicado en el Barrio Privado Alto Verde, en Cevil Redondo. La sospecha de la fiscalía es que Ontiveros reside en una propiedad que podría estar a nombre de terceros o vinculada directamente al entorno del camarista Mario Leal.

¿Cómo responde la defensa del abogado?

Ontiveros advirtió que “como no lograron probar el supuesto ‘tráfico de influencias’, y cómo ya quedó demostrado en el expediente que el denunciante incurrió en un falso testimonio, ahora la fiscalía quiere cambiar el delito que se investiga, y buscar cualquier otro delito que pudiera encontrarme”.

El letrado fue tajante: “Esto es una evidente expedición de pesca para ver qué puede resultarle útil en su persecución a mi persona y a mi círculo familiar, lo cual está prohibido por la ley”. Su defensa, representada por el abogado Miguel Ángel Pierri, vincula directamente el avance de las medidas de investigación patrimonial con intereses ajenos al expediente que buscarían incidir en el Consejo de la Magistratura.

¿Qué dice Ontiveros sobre la “ruta del dinero”?

“Las medidas solicitadas buscan la ‘ruta de un dinero’ que el propio denunciante aseguró que nunca entregó. ¿De qué ruta de dinero hablamos? Si nunca se denunció ninguna entrega de dinero de Martínez Salazar”, cuestionó Ontiveros. El abogado se refirió al denunciante, Mario Alberto Martínez Salazar Pérez, representado por el abogado Juan Andrés Robles, quien inició la causa hace once meses por el supuesto pedido de coimas para beneficiar a su hijo Jerónimo en un proceso penal.

Ontiveros consideró que el esfuerzo estatal está siendo malversado en su contra. “Creo que todo el esfuerzo que hace la fiscalía y la cantidad de recursos y logística que gasta en ensuciar mi buen nombre y el de mi familia debería aplicarse a causas reales que necesitan su atención”, puntualizó.

¿Hay un trato desigual en la investigación?

Como cierre de su descargo, el abogado introdujo una comparación con otros procesos de resonancia pública en la provincia para evidenciar lo que considera un trato desigual. “Hay causas que son de público y notorio que no sé si tuvieron la misma predisposición para investigar de parte de la fiscalía que dirige Chit”, manifestó.

Ontiveros agregó: “A modo de ejemplo me gustaría saber si el juez y el fiscal que me investigan pidieron todas estas medidas cuando investigaron a Felipe ‘el militar’ Sosa en la causa por narcotráfico que luego culminó en su sobreseimiento”.

Ontiveros debe declarar como imputado el próximo 21 de abril ante el juez federal José Manuel Díaz Vélez. Así la defensa se prepara para una indagatoria que promete ser el epicentro de un debate sobre los límites de la investigación penal y la influencia de las relaciones personales en los pasillos del poder judicial federal en Tucumán.