El 94% de la facturación de Molinos terminó en Uruguay: el agujero fiscal que nadie cierra

La Argentina todavía no es una guarida fiscal, pero las principales agroexportadoras que operan en el país encontraron la manera de mover sus ganancias a las sombras. Un informe de investigadoras y especialistas en fiscalidad internacional revela cómo las firmas del sector trasladan sus rentas a Uruguay para eludir el pago de impuestos, en un entramado que incluye a gigantes como Cargill, Bunge y la propia Molinos.

El análisis, que forma parte del libro Desafíos de la fiscalidad internacional, compilado por Verónica Grondona y Magdalena Rúa, señala que estas compañías utilizan un circuito financiero de "empresas cáscaras" en el país vecino para anotar ganancias ficticias y evitar tributar en origen. Según los investigadores Alejandro Gaggero y Gustavo García Zanotti, las filiales del agronegocio radicadas en Uruguay evitaron el pago de aproximadamente 1328 millones de dólares en impuesto a la renta corporativa entre 2017 y 2024.

El ABCD del agro y la ruta de la evasión

Las empresas ADM, Bunge, Cargill y Louis Dreyfus —el ABCD del agro global—, junto a la china COFCO y las nacionales Molinos Agro, Aceitera General Deheza, Vicentín y la Asociación de Cooperativas Argentinas (ACA), no solo controlan los principales puertos privados sobre la Vía Navegable Troncal (VNT), sino que también son la base de un esquema de elusión y evasión fiscal.

El mecanismo consiste en trasladar las ganancias a sociedades radicadas en Uruguay, que funcionan como intermediarias contables sin tocar un solo grano. Cargill Uruguay, por ejemplo, le compra soja a Cargill Argentina o Brasil para luego vendérsela a Cargill China, anotando las rentas en el país de menor carga tributaria. Un mecanismo que, según las investigadoras, se sostiene en el principio de plena concurrencia, una regla que valora las operaciones entre empresas del mismo grupo como si fueran independientes.

Ese principio, conocido en inglés como arm's length, fue implementado en la Argentina durante la última dictadura cívico-militar y se consolidó en los años 90 con la Ley de Inversiones Extranjeras de 1993 y la reforma del Impuesto a las Ganancias de 1998.

Las cifras del desvío

Los números son contundentes. En 2019, las empresas del agronegocio radicadas en Uruguay facturaron 19.476 millones de dólares; en 2020, 29.776 millones; y en 2021, 42.654 millones. El salto coincidió con la pandemia y la guerra entre Rusia y Ucrania, que dispararon los precios de las materias primas y, al mismo tiempo, las maniobras fiscales de estas corporaciones.

El caso más extremo es el de Molinos, que trasladó el 94% de su facturación a Montevideo en 2024. Le siguen ACA, con el 75%, y Aceitera General Deheza, con el 62%. Cargill Uruguay llegó a representar el 61% de las ganancias totales de la multinacional en 2020, mientras que Bunge transfirió el 33% de su rentabilidad en 2019.

Del total evadido en el período 2017-2024, 1045 millones de dólares correspondieron al fisco brasileño y 162 millones al argentino.

Uruguay, la guarida elegida

Uruguay conserva una estructura jurídica que favorece la planificación fiscal nociva. Las zonas francas, donde las empresas no tributan impuestos, y el Régimen de intermediación internacional, que permite tributar apenas un 0,75% sobre la renta cuando no hay valor agregado local, son algunas de las herramientas que utilizan estas corporaciones. En contraste, las alícuotas vigentes en Argentina y Brasil son del 35% y 34%, respectivamente.

El investigador Jerónimo Montero Bressán (UNSAM-Conicet) cuestionó además la inclusión del enclave sojero en el RIGI, a través del proyecto de la Terminal Multipropósito Timbúes, impulsado por Servicios Portuarios S.A. "La pregunta que atraviesa estos proyectos es cuánto de la riqueza que circula por esos corredores permanece en los territorios y quiénes se apropian de sus principales beneficios", reflexionó.