¿Cómo conviven en una misma respuesta la idea de que solo Dios decide sobre la vida y el respaldo a que el Estado aplique la pena de muerte? La encuesta que hizo en San Juan el IOPPS dejó un número que llama la atención.
Una encuesta realizada en San Juan dejó al descubierto una tensión que atraviesa las convicciones religiosas y la mirada sobre el castigo penal: buena parte de los consultados sostiene que solo Dios puede dar o quitar la vida y, al mismo tiempo, respalda que el Estado aplique la pena de muerte.
El relevamiento estuvo a cargo del Instituto de Opinión Pública y Proyectos Sociales (IOPPS), que durante octubre de 2026 entrevistó de manera presencial a 600 personas en la provincia.
Los resultados muestran que las respuestas cambian según cómo se plantea la pregunta, aunque no necesariamente se contradicen para quienes participaron del estudio.
Qué dicen sobre la vida y sobre el castigo
Cuando se les preguntó si estaban de acuerdo con la frase “Dios es el único que da o quita vida”, el 84% contestó que sí. El 16% restante se manifestó en desacuerdo.
La tendencia se modificó al trasladar la consulta al terreno judicial. Frente a la posibilidad de aplicar la pena de muerte a quienes cometen delitos gravísimos, como violaciones y asesinatos, el 70% de los encuestados se mostró a favor y el 30% rechazó esa alternativa.
El cruce que encendió la alerta
El dato que más llamó la atención del informe aparece al analizar ambas preguntas en conjunto. Según el estudio, el 80% de las personas que consideran que Dios es el único que da o quita la vida también está de acuerdo con aplicar la pena capital.
La cifra expone una coincidencia que, a primera vista, parece contradictoria: sostener que la vida depende exclusivamente de una potestad divina y, a la vez, aceptar que una condena judicial implique quitarle la vida a una persona.
El relevamiento, de todos modos, no indaga en los motivos que explican esas respuestas ni permite establecer por qué quienes comparten esa creencia religiosa respaldan la pena máxima. Los datos tampoco identifican una religión específica entre los participantes.
Así, la encuesta provincial pone sobre la mesa una discusión que va más allá de los porcentajes: la relación entre las convicciones personales, la percepción de la gravedad de determinados delitos y el castigo que una sociedad considera aceptable.
