El 75% de los sanjuaninos apoya la minería, pero hay un número que enfría el entusiasmo

En San Juan, tres de cada cuatro habitantes respaldan la actividad minera, según una encuesta de Poliarquía. El dato lo presentó el director de la consultora, Ernesto Cuccianovich, durante una visita a la provincia, y deja al descubierto una distancia que incomoda: la importancia productiva del sector no se traduce en peso a la hora de votar.

El 75% de apoyo convive con una realidad electoral que limita cualquier ilusión. San Juan aporta apenas el 1,2% del padrón nacional, una porción mínima frente a la relevancia que la minería tiene para su economía.

Por qué cambió la mirada sobre la minería

Cuccianovich explicó que la percepción social del sector se transformó en los últimos años. El fenómeno está ligado principalmente al cobre y, en segundo lugar, al litio. Ambos minerales generan una imagen más favorable que el oro, según el consultor, por su relación con la electromovilidad —autos y transporte eléctrico— y con la transición energética.

A eso se suma el contexto económico: las cifras que mueve la actividad también influyen en la valoración social, según el diagnóstico presentado en San Juan.

El respaldo, además, no se limita a quienes viven cerca de un yacimiento. Cuccianovich afirmó que la adhesión creció incluso entre habitantes de grandes ciudades sin contacto directo con la minería. Más de la mitad de los argentinos considera que al sector “le va bien o muy bien”, aunque admite que desconoce cómo funciona.

La frase que resume esa percepción, según relató el propio consultor, es contundente: “No entiendo mucho, pero si hay cobre y litio, vamos para adelante”.

El mapa electoral que juega en contra

El problema de fondo es geográfico y electoral. Las provincias mineras no concentran los votos que definen una elección presidencial. La Provincia de Buenos Aires y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires reúnen el 46% del padrón nacional. Si se suman Córdoba y Santa Fe, ese porcentaje trepa al 64%.

Las diez provincias con potencial minero, en conjunto, no llegan al 16% del peso electoral del país. San Juan queda así como un distrito clave por su perfil productivo, pero con una gravitación electoral acotada.

Para Cuccianovich, esa asimetría genera una tensión institucional: las decisiones de gobierno se toman en provincias sin minas, mientras parte del electorado espera que los dólares del cobre ayuden a estabilizar la economía y financiar el gasto público. En paralelo, en las ciudades crece la expectativa de captar una porción del derrame económico, ya sea vía impuestos o empleos indirectos.

Doce años que la política no sabe esperar

El consultor también puso el foco en los plazos. La gran minería de cobre requiere alrededor de 12 años entre la exploración y la construcción antes de llegar a la primera tonelada de producción. Es un ritmo muy distinto al agrícola-ganadero al que está acostumbrada la política argentina.

Por eso sostuvo que el principal riesgo hoy no proviene de los grupos antimineros tradicionales, sino de una administración deficiente de las expectativas. Ante los anuncios de inversiones de miles de millones de dólares, sugirió que el gobierno y las empresas creen un área específica para gestionar esas expectativas.

El cierre del proceso depende, según el diagnóstico de Poliarquía, de que la discusión pública acompañe los tiempos reales de desarrollo del sector y de que las provincias productoras definan cómo se distribuirá la renta en relación con la Nación.