El 5% que la justicia no puede ignorar: Salta reúne a expertos de todo el país por la nueva ley penal juvenil

Salta se convirtió este jueves en el epicentro del debate sobre justicia penal adolescente. Con el Centro de Convenciones colmado, arrancó el IV Congreso Nacional Penal Adolescente y Juvenil, un encuentro que reunió a jueces, fiscales, defensores, equipos interdisciplinarios y organismos internacionales para analizar los desafíos que plantea la implementación de la nueva Ley 27.801.

La jueza Nadia Lorena Cruz, coordinadora del Foro Penal Juvenil, fue una de las voces centrales de la jornada. En diálogo con El Tribuno, remarcó que la respuesta frente a un adolescente que enfrenta un proceso por un presunto delito no puede limitarse al ámbito jurídico. “Entendemos que la respuesta cuando hay un adolescente que enfrenta la comisión de un hecho delictivo involucra una respuesta interinstitucional”, afirmó.

Una convocatoria que superó expectativas

La convocatoria fue masiva. Durante la mañana participaron 150 representantes de organizaciones interinstitucionales de todas las provincias, mientras que por la tarde el salón principal, con capacidad para 1.500 personas, quedó repleto. “Tenemos jueces penales juveniles, no solamente operadores del sistema, defensores, fiscales, sino también representantes de organismos internacionales y otras instituciones que son esenciales para pensar en una respuesta integral”, sostuvo Cruz.

El encuentro es organizado por la Junta Federal de Cortes y Superiores Tribunales de Justicia (Jufejus), el Foro Penal Juvenil y la Escuela de la Magistratura del Poder Judicial de Salta, con el auspicio del Gobierno provincial. El eje transversal es “La especialidad como garante de la paz social”.

Más allá de la ley: la apuesta por un abordaje integral

Uno de los puntos que Cruz destacó fue la diversidad de especialistas que participan del Congreso. La agenda incluye representantes de UNICEF, Naciones Unidas, el Instituto Interamericano del Niño, ILANUD y la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, además de operadores que trabajan directamente en territorio.

“Una respuesta no solamente es del área jurídica”, afirmó la jueza, al subrayar la importancia de incorporar la experiencia concreta de quienes intervienen con adolescentes. En esa línea, valoró que los equipos interdisciplinarios que participaron de las actividades previas presentarán sus conclusiones durante el congreso.

Durante la primera jornada se abordaron los desafíos de la implementación de la nueva ley y el rol de los poderes judiciales. El primer panel estuvo a cargo de Marcela De Langhe, del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y Juan Manuel Díaz, del Tribunal Superior de Justicia de Misiones.

Salta, con una estructura pionera

Consultada sobre los desafíos locales, Cruz puso el foco en la necesidad de profundizar la especialización. “Los desafíos tienen que ver con lograr más especialidad en cada intervención”, señaló. En ese sentido, destacó que Salta cuenta con una oficina judicial especializada en materia penal juvenil, lo que permite una intervención diferenciada cuando un hecho es atribuido a un adolescente.

“Si uno quiere especialidad tiene que diseñar estructuras especializadas”, explicó la magistrada, y consideró que ese espacio constituye un diseño concreto dentro del proceso penal. Pero advirtió que otro desafío central es fortalecer los equipos interdisciplinarios que acompañan a los adolescentes en territorio, con el objetivo de evitar la reiteración de hechos delictivos.

Cruz también mencionó el trabajo articulado con municipios y los ministerios públicos Fiscal y de la Defensa, que elaboraron un protocolo de intervención especializada para el tratamiento de adolescentes. A esto se suman mesas de trabajo con el Ministerio de Justicia. Además, recordó que una acordada dictada el mes pasado por la Corte de Justicia de Salta dispuso que los jueces especializados intervengan tanto en el proceso como en la etapa de ejecución.

“Tenemos que tratar de buscar respuestas distintas”, planteó, y remarcó que la solución “no puede provenir únicamente del área jurídica”, sino que requiere una intervención interinstitucional.

Los números que relativizan el debate

Respecto de la aplicación de la nueva normativa, Cruz confirmó que en Salta ya se presentaron algunos casos y aclaró que las realidades provinciales son dispares, tanto por la casuística como por las legislaciones vigentes. Recordó que la legislación procesal provincial es de 2018 y entró en vigencia en 2023, por lo que la provincia ya atravesó un período de implementación y adecuación de estructuras. “Podemos decir que estamos trabajando en la especialidad desde ese momento”, dijo.

Sin embargo, sostuvo que la nueva ley obliga a revisar institutos y profundizar el trabajo de las mesas interinstitucionales. También puso el foco en un dato que, según explicó, suele remarcarse desde la justicia especializada: la participación de adolescentes en hechos delictivos representa una proporción menor en comparación con el delito cometido por adultos. Estimó que, como promedio general a nivel nacional, la intervención vinculada con adolescentes representa alrededor del 5% como máximo, aunque aclaró que se trata de una referencia general.

Para la magistrada, que la proporción sea baja no significa que el sistema no deba generar una respuesta específica. Por el contrario, consideró necesario desarrollar un trabajo serio con los adolescentes e incorporar especialmente el componente reparatorio y de justicia restaurativa.

Una jornada federal y el cierre de este viernes

La primera jornada también evidenció una amplia participación federal. Cruz destacó que entre los asistentes había abogados, integrantes de equipos interdisciplinarios, intendentes, diputados, representantes de colegios profesionales, magistrados, psicólogos y universidades. “Nos encontramos como comunidad, hoy reunidos, y no solamente de Salta”, resaltó.

La actividad del jueves se extendió hasta las 19.30, con la conferencia final de Alejandro Morlachetti, representante de UNICEF Argentina, sobre enfoques restaurativos y estándares internacionales.

El Congreso continuará este viernes 2 de octubre desde las 9. La apertura estará a cargo de la jueza de la Cámara Nacional de Casación Penal Ángela Ester Ledesma, con la conferencia magistral “Las deudas de la nueva ley penal juvenil”. También participará Rodrigo Morabito, integrante del Foro Penal Juvenil, y se sumarán psicólogos, consultores y representantes de otros países con experiencia en programas de abordaje de adolescentes en conflicto con la ley penal. La jueza mencionó especialmente las experiencias vinculadas con tribunales de drogas y modelos de intervención alternativos.

El cierre de la jornada tendrá como plato fuerte la disertación de Ignacio Mayoral Narros, del ILANUD, sobre “Estándares sobre medidas socioeducativas”.

Así, durante dos días, Salta se convierte en el punto de encuentro para debatir la implementación del nuevo régimen penal juvenil, con una mirada que busca integrar la dimensión jurídica con el trabajo de equipos interdisciplinarios, organismos públicos y experiencias de otras jurisdicciones. El desafío planteado quedó sintetizado en la necesidad de profundizar la especialidad, fortalecer estructuras y avanzar hacia respuestas articuladas que contemplen no solo el proceso judicial, sino también la prevención, la reparación y la reintegración social.