Edificios sin final de obra: el laberinto burocrático que expone la tragedia de Monteagudo 120

La explosión en Monteagudo 120 no solo dejó escombros: destapó un secreto administrativo que afecta a decenas de edificios en San Miguel de Tucumán. La propiedad no tenía certificado de final de obra, y ahora el Concejo Deliberante quiere saber cuántas construcciones funcionan en la misma irregularidad.

Regularizar un inmueble en la capital tucumana se ha convertido en un viacrucis. Gestores y profesionales describen un sistema que definen como “ineficiente” y costoso, donde el papeleo se acumula y las demoras se multiplican.

¿Qué es el certificado de final de obra y por qué se postergan?

Se trata del documento que cierra técnica y administrativamente cualquier construcción. La Municipalidad lo emite solo después de verificar que la obra coincide con los planos aprobados y cumple la normativa vigente. Sin embargo, muchas edificaciones quedan atrapadas en el limbo.

Los motivos son varios. Los costos son el principal escollo, según Luis Décima, especialista en catastro y edificación. “Esto puede deberse a distintos motivos. Uno de los más frecuentes son los costos que implica completar el trámite, ya que previamente deben abonarse tasas y cumplirse distintos requisitos municipales que, en algunos casos, representan una inversión significativa para el desarrollador”, explicó.

Pero no es solo dinero. También pesan las modificaciones no declaradas respecto al proyecto original, la falta de seguimiento de los profesionales intervinientes y, en muchos casos, la simple desidia de propietarios o consorcios.

Un sistema que funciona a los tumbos

“El sistema ya está armado, pero es ineficiente”, disparó Décima. La falta de digitalización y la ausencia de un sistema centralizado son las quejas más repetidas entre quienes transitan estos trámites a diario.

Las dependencias municipales actúan como compartimentos estancos. “No hay conexión entre la Dirección de Ingresos Municipales con Catastro para sacar el libre deuda, por ejemplo”, agregó el especialista.

La ausencia de este papel no implica un riesgo estructural inmediato, pero sí consecuencias jurídicas y administrativas. Dificulta escriturar, vender una unidad, obtener créditos, realizar subdivisiones o acreditar que el inmueble está en regla. Y en casos extremos, como un incendio o un fallo de infraestructura, el final de obra es la pieza clave para determinar responsabilidades.

¿Qué hará el Concejo Deliberante?

La situación encendió las alertas en el legislativo capitalino. En su última sesión, aprobó una invitación a funcionarios municipales para una reunión conjunta. El objetivo: analizar la normativa y los procedimientos de aprobación, inspección y regularización de viviendas colectivas.

Oficialismo y oposición coinciden en la urgencia. “Es uno de tantos temas estructurales que tenemos en la capital. Esto ha ocurrido en todas las gestiones municipales, de distintas fuerzas políticas”, afirmó el concejal Ernesto Nagle.