Echaron a un narco estatal y a dos policías: los detalles que la Provincia no quiso contar
¿Qué tenían en común los tres empleados que el gobernador Figueroa echó esta semana? Uno vendía droga desde su casa y los otros dos acumularon arrestos. Los detalles, en la nota.
El gobernador Rolando Figueroa firmó tres nuevas cesantías en Neuquén: un empleado condenado por vender droga y dos uniformados que acumularon decenas de días de arresto. Los decretos se conocieron este lunes y ya generan ruido en la administración provincial.
La política de tolerancia cero que el Ejecutivo neuquino aplica sobre el Estado sigue sumando bajas. En esta oportunidad, los despidos alcanzaron a un trabajador de planta permanente de la subsecretaría de Niñez y Adolescencia y a dos suboficiales de la Policía provincial.
El narco que trabajaba para el Estado
El caso más resonante es el de Jonathan Alberto Muñoz, quien se desempeñaba en la órbita del ministerio de Trabajo y Desarrollo Humano. La Justicia lo declaró culpable del delito de comercio de estupefacientes y le impuso una pena de cinco años de prisión efectiva.
Según el decreto de cesantía, entre el 22 de abril y el 12 de junio de 2025 Muñoz comercializó clorhidrato de cocaína y marihuana desde su domicilio en el Barrio Valentina Norte Rural, en la ciudad de Neuquén. La sentencia quedó firme el 16 de julio de 2025 y la baja se aplicó de manera retroactiva al 4 de agosto de ese mismo año.
El documento oficial sostiene que el delito acreditado "resulta manifiestamente incompatible con la actividad estatal en general, por lo que la pérdida de estabilidad del agente resulta razonable". La condena activó la causal objetiva de pérdida del derecho a la estabilidad laboral, contemplada tanto en el Convenio Colectivo de Trabajo como en el Estatuto del Personal Civil de la Administración Pública provincial.
No es la primera vez que Figueroa echa a un empleado con condena por narcotráfico. En septiembre de 2024 se conocieron las cesantías de Juan Carlos Santana y Julio César Blanco, ambos condenados por la Justicia Federal y que habían ingresado al Estado en gestiones anteriores.
Los policías que pasaron a ser ex policías
Las otras dos cesantías recayeron sobre el ex cabo primero Juan Javier Tranaman y el ex cabo primero Marcelo César Ortega, ambos dados de baja por incumplimientos al Reglamento del Régimen Disciplinario Policial, al Reglamento de Actuaciones Administrativas Policiales y a la Ley Orgánica y de Personal de la Policía de Neuquén.
En el caso de Tranaman, la Jefatura de Policía solicitó su destitución el 3 de marzo de 2026. El efectivo acumulaba 75 días de arresto policial por distintas indisciplinas cometidas entre el 4 de julio y el 18 de noviembre de 2025. Las normas vigentes establecen que superar los 60 días de arresto o los 20 de suspensión en un año es causal de cesantía. El ex uniformado no presentó recurso administrativo dentro del plazo legal.
Ortega, en tanto, sumó 63 días de arresto entre el 7 de agosto y el 15 de octubre de 2025. La Jefatura pidió su destitución el 4 de noviembre de ese año. El ex suboficial intentó impugnar una de las sanciones, pero su recurso fue rechazado y el castigo quedó ratificado.
Con estas tres nuevas bajas, la gestión de Figueroa refuerza su estrategia de depuración dentro del Estado neuquino, que ya lleva más de una decena de cesantías por causas penales y disciplinarias desde el inicio de su mandato.