Echaron a un empleado provincial y a dos policías: uno de los casos ya tenía condena firme
Un empleado provincial acumulaba una condena firme por vender drogas desde su casa. Los otros dos no tenían causa penal, pero sus expedientes igual terminaron en la calle. Qué dice la normativa que los dejó afuera.
El Gobierno de Neuquén formalizó este lunes tres nuevas cesantías mediante decretos. Las bajas alcanzan a un empleado de la Subsecretaría de Niñez y Adolescencia condenado por vender drogas y a dos policías que sumaron sanciones disciplinarias. La medida se enmarca en la política de “tolerancia cero” que pregona la gestión de Rolando Figueroa.
El caso del empleado con condena firme
Jonathan Alberto Muñoz revistaba en la planta permanente de la Subsecretaría de Niñez y Adolescencia, dependiente del Ministerio de Trabajo y Desarrollo Humano. La Justicia lo condenó a cinco años de prisión efectiva por comercio de estupefacientes, con sentencia dictada el 16 de julio de 2025.
De acuerdo con el decreto, el tribunal acreditó que entre el 22 de abril y el 12 de junio de ese año comercializó cocaína y marihuana desde su domicilio en el barrio Valentina Norte Rural, en la capital neuquina.
La Provincia esperó a que la condena quedara firme para avanzar con la desvinculación. La cesantía se aplicó con efecto retroactivo al 4 de agosto de 2025. El documento consideró que el delito probado resultaba incompatible con el desempeño en la administración pública y que la condena configuró una causal de pérdida de la estabilidad laboral, según el Convenio Colectivo de Trabajo y el Estatuto del Personal Civil de la Administración Pública provincial.
Como antecedentes de cesantías por condenas vinculadas al narcotráfico en Neuquén figuran Juan Carlos Santana y Julio César Blanco, cuyas bajas se conocieron en septiembre de 2024 tras ser condenados por la Justicia Federal.
Dos policías fuera de la fuerza por acumulación de arrestos
La segunda baja alcanzó al cabo primero Juan Javier Tranaman. La Jefatura de Policía había pedido su destitución por cesantía el 3 de marzo de 2026, después de constatar que acumuló 75 días de arresto policial por faltas cometidas entre el 4 de julio y el 18 de noviembre de 2025.
El expediente señaló incumplimientos al Reglamento del Régimen Disciplinario Policial, al Reglamento de Actuaciones Administrativas Policiales y a la Ley Orgánica y de Personal de la fuerza. También dejó constancia de que el agente no presentó recursos administrativos dentro del plazo previsto.
La normativa citada en los decretos establece que acumular más de 60 días de arresto o 20 días de suspensión en un año constituye causal de cesantía.
El tercer caso es el del cabo primero Marcelo César Ortega. La Jefatura solicitó su destitución el 4 de noviembre de 2025, luego de que reuniera 63 días de arresto policial entre el 7 de agosto y el 15 de octubre de ese año. Ortega presentó un recurso administrativo contra una de las sanciones, pero el planteo fue rechazado y la medida disciplinaria quedó ratificada.
